Junto a representantes del Servicio de Salud O’Higgins, Seremi de Salud, Carabineros, PDI, Fiscalía y gremios de trabajadores y trabajadoras de la salud regional, se busca aplicar efectivamente la Ley 21.188, creando protocolos de denuncias y de acompañamiento jurídico, laboral, de salud y psicológico para los funcionarios y funcionarias víctimas de agresiones.
La Delegada Presidencial Provincial (DPP) de Colchagua, Marta Pizarro Inzunza, lideró el pasado jueves en dependencias del salón O’Higgins de la Delegación Presidencial Regional, la tercera edición de la Mesa regional de seguridad en el sector salud.
Esta instancia, mandatada por la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública, tiene por finalidad mejorar las condiciones de seguridad en los centros de atención en salud en todos sus niveles, creando protocolos y sistemas que aseguren la integridad, tanto de funcionarios de la salud, como de usuarios y pacientes.
De esta forma, es que junto a representantes del Servicio de Salud O’Higgins, la seremía de Salud, Carabineros, PDI, Fiscalía y gremios de trabajadores y trabajadoras de la salud regional, expusieron sus observaciones sobre este problema, que en el último tiempo se ha visto en los centros de salud públicos de la región.
Representando al Delegado Presidencial Fabio López, la DPP de Colchagua explicó que “teniendo en cuenta la diversidad de realidades en los territorios, se considera importante formar esta instancia, cuyo objeto principal es generar una oportunidad para que las entidades con responsabilidad e interés en la materia, evalúen periódicamente las condiciones de seguridad y salud laboral en sus centros de salud y presenten iniciativas tendientes a mejorarlas”.
Por ello es que, dentro de los acuerdos alcanzados en esta reunión, se realizará una revisión de la infraestructura básica de seguridad de cada establecimiento, de manera que contemplen elementos mínimos necesarios como cierres, puertas, lugares protegidos, cámaras de seguridad y la evaluación de otros elementos de protección personal para los funcionarios.
Asimismo, se solicitará a la Fiscalía que realice una capacitación a los encargados de los centros de salud sobre la Ley 21.188 “Consultorio Seguro”, la cual entrega protección a los funcionarios de la salud, para el desarrollo de sus labores en un ambiente más tranquilo y resguardado.
“Queremos crear una solución a los problemas de seguridad de los trabajadores de la salud en sus tres niveles. Por ello, es que en las subreuniones que estamos realizando en las provincias, queremos que también participen los municipios, de manera que todos nos involucremos por corregir este problema”, afirmó la Delegada Marta Pizarro.
La mesa propone crear un protocolo unificado para realizar la denuncia de las agresiones, tanto para los funcionarios de la salud, como de los pacientes, el cual deberá regir en todos los servicios de salud públicos e ir acompañado por un protocolo de atención de los funcionarios víctimas de agresiones, que incluya un acompañamiento jurídico, laboral, de salud y psicológico.
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