• El parlamentario aseguró que la crisis económica también ha impactado a muchas familias de clase media cuyos hijos pertenecen a establecimientos privados, por lo que resulta urgente aliviar parte de los altos gastos que desembolsan en marzo.

En el marco de la discusión del presupuesto para el año 2021, el diputado de la UDI, Javier Macaya, celebró la aprobación de una indicación que plantea que los colegios particulares no podrán exigir la compra de textos escolares de una determinada editorial.

Para estos efectos, explicó el parlamentario gremialista, los textos del Ministerio de Educación “podrán ser adquiridos en el valor que disponga dicha Cartera”.

“Estamos conscientes de los graves efectos económicos que ha traído la pandemia por coronavirus en miles de familias del país, por lo que resultaba justo y necesario aprobar esta indicación”, argumentó Macaya.

La indicación, explicó el diputado UDI surge a partir del alto costo que deben desembolsar los padres y apoderados para adquirir los textos que venden las editoriales particulares, cuyo valor varía entre los $25.000 y $35.000, en circunstancias que los establecimientos suelen solicitar cerca de cinco unidades o incluso más por cada alumno, afectando considerablemente los ingresos de las familias chilenas, en especial las de clase media.

En concreto, la indicación aprobada establece que a contar del próximo año los alumnos pertenecientes a colegios particulares también puedan acceder a los textos que otorga el Ministerio de Educación (Mineduc).

“Todos sabemos los graves efectos económicos y laborales que ha provocado esta pandemia, que aún no termina y que amenaza con seguir afectando a los chilenos. Por lo mismo, de cara al próximo año, tenemos que buscar todas las alternativas que existan para aliviar el bolsillo de los padres y apoderados, que en marzo suelen gastar una enormidad de recursos entre uniformes, matrículas, útiles, transporte y, sobre todo, textos escolares, para quienes pertenecen a un colegio donde se les exijan libros distintos a los que entrega el Mineduc”, concluyó Macaya.

• Parlamentario aseguró que anuncio del Presidente Piñera “es la expresión más clara de un Estado que va en ayuda de los chilenos” y “que haya una discusión con altura de miras” en el Congreso.

El diputado de la UDI, Javier Macaya, valoró los enfoques del Presupuesto 2021 anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, para la recuperación económica y el empleo, que se han visto fuertemente afectados por la pandemia del Covid-19 en el país.

Para el legislador, la expansión del 9,1% del presupuesto en relación al de 2020, va en la línea correcta “pues está enfocado en la generación de empleos, que es la principal política pública que puede permitir que las familias chilenas salgan adelante de la crisis económica que afecta no sólo a Chile, sino también al mundo entero”.

“Esta es la expresión más clara de un Estado que va en ayuda de los chilenos en aquella actividad que el mundo privado no puede ejercer. Y por eso, este es un proyecto de presupuesto enfocado no sólo en la recuperación económica y de empleo, sino también realiza esfuerzos en la protección de la salud de todos los chilenos”, agregó Macaya.

“Es un presupuesto extraordinario”, continuó el parlamentario gremialista, “para un tiempo extraordinario y complejo, como el que estamos atravesando y va a llegar a los 73 mil millones de dólares, que va localizada en los que más lo necesitan”.

Por último, Macaya destacó que “éste es un presupuesto bien diseñado, que apunta a las necesidades exactas y espero que sea bien recibido por todos los sectores y que haya una discusión con altura de miras, considerando el momento que atravesando y estos recursos lleguen a los que más mal lo están pasando por la emergencia sanitaria y la crisis económica”.

• Legislador propuso que inmuebles sean entregados al uso de organizaciones de la sociedad civil que no tienen sede propia, con el objeto de fortalecer el trabajo comunitario.

Tomando en consideración que una serie de bienes fiscales en situación de abandono, están siendo hoy habitados por grupos de “okupas”, el diputado de la UDI, Javier Macaya, impulsó esta semana un proyecto de ley para que los tribunales de justicia determinen el desalojo, sin mayor trámite, de dichos inmuebles, pasando éstos a las organizaciones de la sociedad civil si fuere procedente.

El legislador gremialista argumentó que la situación de abandono e incluso ruina de una serie de bienes del Estado “ha sido un problema para las autoridades gubernamentales a lo largo de las décadas. Su falta de mantención y la seguidilla de problemas que genera al entorno, han generado graves trastornos a la población vecina, muchas de las cuales no cuentan con una debida protección”.

“Esto ha permitido que esos inmuebles”, continuó Macaya “sean tomados por los ‘okupas’, quienes asumen el control de estas propiedades sin la menor regulación o fiscalización, acaparando para sí estos inestimables bienes públicos, no sólo por su valor económico, patrimonial o comunitario, sino también a partir del potencial de uso para el desarrollo y fomento de la sociedad en los más diversos ámbitos”.

“Esto es una situación injusta para miles de chilenos, y toma fuerza toda vez que  la legislación se torna excesivamente burocrática, plagada de trámites que, sin dudas, ralentizan el proceso de desalojo y, con ello, de mejoramiento de las condiciones del inmueble”, subrayó el parlamentario.

En ese contexto, Macaya explicó que el proyecto de ley ingresado “busca promover la celeridad de los procesos judiciales y, además, le otorguen a estos inmuebles un sentido de utilidad a través del uso por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que tanto necesitan espacios como éstos para el desarrollo de sus fines comunitarios”.

*El legislador argumentó que la violencia en dicha zona “constituye un conflicto que va en una preocupante escalada” y que se debe reflexionar acerca de la “protección de la labor policial en tiempos donde el respeto a la ley y el resguardo del orden público se ha encontrado en entredicho”.

A través de un proyecto de resolución aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, el parlamentario de la UDI, Javier Macaya, solicitó al gobierno del Presidente Sebastián Piñera el impulsar a la brevedad una agenda legislativa para dar protección social y económica a funcionarios de Carabineros y sus familias, cuando estos sean víctimas de algún ataque en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, a propósito del asesinato del cabo según do de Carabineros Eugenio Nain Caniumil, en un operativo policial en la Araucanía.

El legislador argumentó que la violencia en dicha zona “constituye un conflicto que va en una preocupante escalada, la seguidilla de actos terroristas y la indefensión de las víctimas resulta alarmante e indignante en un estado de derecho como el que vivimos. Y ahí Carabineros presta un apoyo fundamental para extirpar la violencia que sacude a la Araucanía, donde muchos de sus funcionarios han sido también víctimas de ataques cobardes por parte de encapuchados y grupos terroristas”.

“En primer lugar, proponemos otorgar asistencia psicológica, por el tiempo que sea necesario, al efectivo policial y su círculo más cercano, cuando éste sufriere algún ataque en el cumplimiento de sus funciones, para superar ese difícil momento”, explicó Macaya.

Junto a lo anterior, el parlamentario gremialista solicitó “extender el ascenso por invalidez al escalafón superior, de forma tal que se proteja económicamente a funcionarios y familias, cuando el efectivo policial sufra ataques en el cumplimiento de sus funciones”. 

“También se debe aumentar el seguro de vida de Carabineros de Chile, pasando de actuales 12 meses a 24 meses, para ayudar económicamente a las familias de los funcionarios cuando uno de éstos fallezca en servicio”, agregó Macaya. 

“Y por último”, concluyó Macaya, “se debe establecer un fondo destinado al financiamiento de la educación básica, media y superior, de los hijos de los funcionarios policiales que fallezcan en cumplimiento de su cargo, pues son sus hijas e hijos el gran legado que ellos entregan a nuestra sociedad”.

• Además de destacar la creación de un Registro Nacional de Deudores, el parlamentario valoró también que el proyecto de ley tipifique el incumplimiento del pago de las pensiones como un acto de violencia intrafamiliar.

Como una “deuda” con miles de niños y sus madres calificó el diputado de la UDI Javier Macaya, el avance del proyecto de ley que establece una serie de sanciones a quienes no cumplan con las pensiones de alimentos decretadas por un tribunal de familia, además de crear un Registro Nacional de todos los deudores, considerando que alrededor de un 84% de los alimentantes se encuentran atrasados con los pagos.

Al respecto, el legislador señaló que “las pensiones de alimentos son un derecho que tienen todos los niños y niñas de nuestro país, pero sólo un 16% de los padres cumple de manera oportuna con el pago”. 

“Nadie pone en duda la posibilidad de retrasarse, el problema es cuando ese atraso se transforma en meses o años, provocando que las madres no puedan alimentar a sus hijos ni pagarle una escolaridad o la movilización. Por lo mismo, con este proyecto, que va a ser una marca permanente para quienes no comprendieron cuáles son sus obligaciones, se está haciendo justicia con miles y miles de madres”, sostuvo Macaya.

A su vez, el parlamentario valoró también que el proyecto de ley tipifique el incumplimiento del pago de las pensiones como un acto de violencia intrafamiliar, señalando que “lo que viven aquellas familias que se ven privadas de tener los recursos necesarios para darle un techo, alimento y vestimenta a sus hijos es precisamente una violencia económica”.

“No podíamos quedarnos de brazos cruzados, en especial cuando vemos que más del 70% de las demandas son interpuestas por mujeres. Las cifras son brutales y vergonzosas, y por lo mismo la creación de un Registro Nacional de Deudores permitirá que el sistema financiero les genere un problema a los deudores y les impida seguir disfrutando de sus vidas mientras no respondan a sus hijos”, concluyó Macaya.

• Parlamentario explicó que, a contar de este viernes, el Servicio de Impuestos Internos dejará de exigir el inicio de actividades para acceder al beneficio, permitiendo a todos los transportistas solicitar el bono equivalente a $1.000.000.
  
  

El diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, valoró que el Servicio de Impuestos Internos (SII) haya alcanzado un acuerdo con el rubro del transporte de pasajeros para que puedan acceder al “Bono Pyme” sin la necesidad de tener inicio de actividades en primera categoría, como se exigía en un principio.

Al respecto, el parlamentario detalló que “desde ahora se presumirán que todos han tenido ventas producto de las actividades que desarrollan”, agregando que, de esta manera, se beneficiará directamente a todos los taxis colectivos y radiotaxis, al transporte escolar y turista, a los buses interurbanos y a quienes transportan pasajeros por vías de navegación interiores (ríos o lagos).

“Estamos muy contentos de que no sólo las personas que tengan patentes de ferias libres no necesiten tener iniciación de actividades, sino que también otros rubros sumamente golpeados por la pandemia, como es el de transporte de pasajeros. Todas las personas que sean dueños de este tipo de vehículos y que estén inscritos podrán acceder al bono, permitiéndoles disminuir en parte la baja en los ingresos que han sufrido producto de la emergencia y las extensas cuarentenas”, señaló Macaya.

En esa línea, el legislador informó que será el propio SII el que revisará la nómina que mantiene el Ministerio de Transportes para formalizar el pago del bono, cuyo proceso comenzará formalmente este viernes, mientras que las postulaciones se podrán realizar entre siete y diez días más.

En tanto, sobre los detalles del beneficio, Macaya explicó que se trata de un bono no reembolsable de $1.000.000, el que aumentará en un 20% si es que la persona natural o la titular de una empresa individual de responsabilidad limitada es mujer.

“Hoy podemos decir que el transporte de pasajeros en general, los taxis colectivos y el transporte escolar y de turismo, entre otros, podrán acceder a un bono de un millón de pesos, que entendemos que no es suficiente para paliar la grave disminución que han tenido en sus ingresos, pero que sí es un aporte importante que les permitirá ir saliendo poco a poco de esta crisis”, manifestó el diputado, quien concluyó haciendo un llamado a quienes pertenecen a dicho rubro “a esperar a que se habilite formalmente el proceso y postulen al bono pyme y a todos los otros beneficios que hemos ido aprobando durante la pandemia”.

• Iniciativa legal faculta al juez a autorizar el retiro forzoso de fondos previsdionales a quienes adeuden la pensión para sus hijos.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley que faculta al juez a autorizar el retiro de fondos provisionales de deudores de la pensión de alimentos.

Al respecto, el diputado de la UDI, Javier Macaya, explicó que la iniciativa nace luego del primer retiro del 10%, donde más de 500 mil causas se abrieron en tribunales para cobrar deudas y de las cuales cerca de la mitad no han sido pagadas. 

“Lamentablemente”, argumentó el parlamentario, “se estima que cerca del 84% de los deudores no paga la pensión. La obligación de prestar alimentos no sólo se erige como un deber legal con repercusiones económicas, sino también constituye un deber moral que le asiste a todo padre o madre y sobre el cual no existen dobles interpretaciones”.

“Por lo mismo, el proyecto aprobado busca que para retiros de fondos pasados y los que surjan a futuro, el juez de familia competente pueda autorizar al alimentario subrogarse en los derechos del alimentante moroso para realizar la solicitud de retiro de fondos previsionales hasta por la totalidad de la deuda”, explicó Macaya.

Finalmente, el legislador gremialista hizo un llamado al Senado “a agilizar el tranco con esta iniciativa, justa y necesaria para miles de niñas y niños que hoy no reciben lo que les corresponde en materia de pensión de alimentos”.