El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, encabezó el seminario de Derechos Humanos que organizó el tribunal de alzada y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de O’Higgins.

La actividad, que se desarrolló en el auditorio de la Corte, contó con las presentaciones del representante adjunto de la Oficina Regional de América del Sur del alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Xavier Mena; del jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos y de la encargada de salud mental del Servicio Médico Legal de la dirección regional, María José Villena.

“En el seminario se realizó un análisis del delito de tortura a nivel nacional e internacional con relación a los tratados que rigen en la materia. No solo fue una actividad de corte jurídica sino que también se abordó otros aspectos como los psiquiátricos que pueden ser derivados de actos de este tipo”, expresó el presidente de la Corte.

El jefe regional del INDH, David Bahamondes, señaló que “establecer el vínculo de los instrumentos internacionales, la ley penal y los graves daños que se producen en las víctimas eran parte de nuestro interés y es lo que hemos planteado  como instituto en este seminario con una gran coordinación con el Poder Judicial y concretamente con el presidente de la Corte de Apelaciones y su equipo”.

 El jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del INDH,  Rodrigo Bustos, comentó que “valoro que se haga un seminario sobre la investigación, sanción y la prevención de la tortura acá en la Corte de Apelaciones de Rancagua que es una sede del Poder Judicial. A mí me tocó abordar el trabajo que se viene haciendo desde nuestro instituto en estos nueve años de existencia, que es un tema relevante siempre y más con la contingencia de las últimas semanas”.

En el seminario, denominado “La Tortura: Marco Jurídico para una Violación a los Derechos Humanos Tipificada Penalmente”, estuvieron presentes el fiscal regional (s), Javier Von Bischoffshausen; la Seremi de Justicia, Bárbara Perry y representantes de Carabineros, PDI y Gendarmería, entre otras autoridades.

• De las 29 compañías evaluadas del IPSA, y de un total de 24 puntos posibles, el mayor puntaje lo obtuvo Falabella con 19,5 puntos, Entel y SMU por su parte fueron las que tuvieron las alzas más significativas desde la primera evaluación. 
• La medición también incluyó 15 empresas públicas, donde EFE, Codelco y Enap lograron un puntaje total superior al promedio de las compañías IPSA. 
• Se constata que empresas evaluadas en el primer diagnóstico han realizado avances en la implementación, sin embargo, aún hay grandes desafíos para la adopción plena del marco. 

En Un año marcado por el debate constituyente, las empresas del IPSA continúan avanzando en sostenibilidad y consolidando su relación con los grupos de interés a través de políticas y sistemas de identificación de impactos y de respeto de los derechos humanos de trabajadores, comunidades y contratistas. 

En esa línea, y con el objetivo de recabar información acerca del nivel de progreso en la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dieron a conocer los resultados del Segundo Diagnóstico sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (Puede ver en el pie de página), el cual evaluó a las 29 empresas del Índice de Precios Selectivos de Acciones (IPSA) y 15 compañías públicas, para evaluar la gestión de DD.HH. en conformidad a los principales estándares internacionales. 

De esta forma, las 29 compañías del IPSA alcanzaron un promedio de 9,4 puntos de un total de 24 -cuatro décimas más que la medición anterior-, lo que equivale a un 39% de cumplimiento. El mayor puntaje lo obtuvo Falabella con 19,5 puntos, mientras que Entel fue la empresa que registró el mayor incremento en el nivel de cumplimiento respecto al Primer Diagnóstico, subiendo de 3 a 10 puntos. SMU, por su parte, aumentó su puntaje en 6,5 puntos, llegando a 17 puntos. 

Mantienen una posición destacada en el Diagnóstico Enel Chile y Enel Américas (19 y 18,5 puntos respectivamente), Colbún S.A. (16 puntos), Aguas Andinas (14,5 puntos), Plaza S.A. (14 puntos) y Empresas CMPC (13,5 puntos). Otras compañías, como Sonda, Ripley, Banco de Chile, Inversiones Aguas Metropolitana y Oro Blanco, se ubican en la parte baja de la tabla.  

“Lo que uno puede ver es que las empresas han avanzado bastante en materia de compromiso de respeto de los derechos humanos. Actualmente, cerca de dos tercios de los directorios de las empresas IPSA tienen una buena política de respeto de los DD.HH., cuando el año pasado era solo un tercio. Esto es positivo, porque da cuenta de que los directorios comprenden que la empresa es parte de la sociedad y que su relación con ella pasa, necesariamente, por prevenir y mitigar impactos negativos”, comenta el director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho UC, Juan Eduardo Ibáñez. 

Este año, la medición también incluyó a 15 empresas públicas, cuyos resultados revelan que el cumplimiento, en general, es bajo, obteniendo este grupo de empresas un promedio de 3,4 puntos. De hecho, cinco de ellas obtuvieron cero puntos. Pese a esto, tres empresas estatales alcanzaron un puntaje total superior al promedio de las compañías IPSA. Se trata de EFE con 11,5 puntos, Codelco con 10,5 puntos y ENAP con 9,5 puntos. También destaca Metro, con 8 puntos.

Cuando se analizan por rubro o actividad, las generadoras eléctricas, por segundo año consecutivo, lideran el ranking, logrando en promedio un total de 15,8 puntos de 24. Le siguen Retail (10,3 puntos), Procesamiento de Extractos y Minerales (8,9 puntos), Banca Comercial (6,5 puntos), Transporte (6,4 puntos) y Holdings (3,5 puntos).

En el criterio “compromisos y gobernanzas”, las empresas alcanzaron un promedio de 3,1 puntos de un total de 6, siendo la categoría con mayor grado de cumplimiento. Mientras que en “debida diligencia”, el promedio se ubicó en 3,7 puntos, lo que representa un 3% más que el año anterior. Por otro lado, en cuanto a los “mecanismos de reclamación y remediación”, las compañías IPSA disminuyeron el nivel de cumplimiento en 0,3 puntos en comparación al Primer Diagnóstico.

“Como se advierte, los desafíos van en la línea de implementar procesos de debida diligencia para identificar posibles impactos en DD.HH. y contar con mecanismos efectivos, legítimos y accesibles para formular reclamos y, en caso de daño, lograr una remediación directa desde la empresa”, detalla el director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho UC.  

El Diagnóstico se elaboró utilizando la metodología Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) de la World Benchmarking Alliance (WBA). Se usó solo información pública de las empresas, especialmente aquella reportada en las memorias anuales en conformidad con la NCG N° 461 de la Comisión para el Mercado Financiero.