Por Gonzalo Parra, director general de Havas Media Network, y su marca CSA.
Cuando se trata de proteger nuestros datos personales, Europa sigue a la vanguardia, con su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que ya ha cumplido ocho años. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Es descabellado pensar en una ley panregional de protección de datos?
En la región, como es lógico, las normativas de protección de datos varían significativamente de un país a otro, por lo que uno de los principales problemas en Latinoamérica es la falta de armonización entre las diferentes normativas. Esto crea desafíos para las empresas que operan en múltiples países, ya que deben dedicar recursos para diseñar un plan de cumplimiento con un mosaico de regulaciones. A todo lo anterior, se le debe sumar la problemática de la falta de conciencia, o conocimiento del público, respecto de la importancia de la protección de datos, así como de todas las herramientas que las normativas, en mayor o menor medida, ponen a disposición de las personas para protegerse o prevenir hechos relacionados a la misma. No es extraño encontrarse con pasividad de los interesados respecto a llamadas no solicitadas o SPAM e, incluso, fraudulentos debido al desconocimiento de sus derechos y de las acciones que pueden tomar en estos escenarios.
No obstante, la región latinoamericana es diversa y es justamente esto lo que hace que la creación de un marco único y homogéneo de protección de datos, entonces, no sea una labor sencilla ni libre de retos. En algunos casos, esos problemas no sólo son de carácter financiero o legislativo, sino directamente político.
Una ley regional inevitablemente actualizará y acercará los marcos de protección actualmente ofrecidos por las normativas locales a un mismo nivel, traduciéndose en dos beneficios innegables: por una parte, los interesados podrán contar con una cobertura similar de sus derechos en todos los países; por otra, facilitará a las empresas el diseño, la implementación y el control sobre la forma en la que se realizarán las ventas de productos y prestación de servicios transnacionales. Ello, sin duda, atraería a nuevos jugadores que hasta ahora han experimentado algún tipo de barrera jurídico o regulatorio.
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