Por: Giovanna Amaya Peña / Seremi del Medio Ambiente, Región de O'Higgins / Docente Universidad de O’Higgins / Ing., MSc., M.B.A, PhD ©

03 de abril 2025.- Comienza abril y ya observamos cifras alarmantes de atenciones respiratorias, hospitalizaciones por virus respiratorios como la influenza y un repunte en casos de COVID. Este escenario se repite cada año, pero no podemos permitir que se normalice. Nuestra realidad geográfica, con un valle que actúa como una olla a presión: la combinación de mala ventilación, bajas temperaturas, contaminantes finos como el MP2.5 y la presencia de virus respiratorios crea una "sopa tóxica", con un resultado negativo para la salud de nuestra población, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La contaminación del aire no es un problema abstracto. Las partículas MP2.5 son microscópicas, pero altamente peligrosas. Entran a nuestros pulmones, pasan al torrente sanguíneo y están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer. Estudios científicos han demostrado que la exposición prolongada a material particulado fino aumenta el riesgo de cáncer de mama en mujeres, sumándose así a una larga lista de impactos graves y silenciosos que este contaminante produce sobre nuestra salud.

Esta “sopa tóxica” se intensifica especialmente entre mayo y agosto. No es casualidad que sea justamente ese el periodo donde se implementa la Gestión de Episodios Críticos (GEC), cuando la Delegación Presidencial nos anuncia una Alerta, Pre Emergencia o Emergencia Ambiental. 

En el año 2013, entró en vigencia el Plan de Descontaminación Atmosférica por Material Particulado Grueso (MP10) que nos permitió pasar de una zona saturada por este contaminante a una zona de latencia, es decir cumplimos los estándares ambientales que nos indica la OMS para proteger la salud humana. Sin embargo, en ese entonces, la preocupación estaba en bajar los niveles de concentración del material particulado fino (MP2.5). Por ello, el 29 de marzo del 2023 entró en vigencia el actual Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) por MP2.5 del Valle Central, cuya herramienta ambiental trata un plan riguroso y valiente, que busca reducir en un 59% los niveles diarios de MP2.5. 

Una de las principales fuentes de emisión de material particulado fino (MP2.5) en el valle central de la región de O’Higgins, es el uso de leña para calefacción domiciliaria. Por esta razón, y con el objetivo de reducir significativamente las concentraciones de este contaminante, desde el 29 de marzo de 2025 comenzó a regir la prohibición total del uso de calefactores, calderas y cocinas a leña en el área urbana de Rancagua y Machalí. Del mismo modo, en las zonas urbanas de Graneros, Doñihue, Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente de Tagua Tagua, Placilla, Mostazal, Codegua, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo, se encuentra prohibido el uso de salamandras, artefactos hechizos y cocinas a leña. Es importante destacar que estas restricciones no aplican en las zonas rurales de las 17 comunas que conforman la zona saturada del Valle Central, donde el uso de calefactores a leña aún está permitido. Sin embargo, durante el período de Gestión de Episodios Críticos (GEC), se aplica una prohibición total del uso de leña en toda la zona saturada, exclusivamente en los días en que se declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

Estas prohibiciones se enmarcan en un conjunto de medidas concretas del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Valle Central, que regula fuentes emisoras clave como el transporte, la industria, las quemas agrícolas y el uso de leña en calefacción domiciliaria. Entre las acciones más relevantes se encuentra el Programa de Recambio de Calefactores, impulsado por la SEREMI del Medio Ambiente y que es financiado mayormente por el Gobierno Regional de O’Higgins. Esta iniciativa ha permitido que, hasta la fecha, más de 12.000 familias hayan podido reemplazar sus antiguos calefactores a leña por tecnologías más limpias, eficientes e inteligentes, como estufas a pellet o equipos de aire acondicionado. Este año 2025, el programa continúa vigente: hasta el 23 de abril, las familias que residan en cualquiera de las comunas que conforman la zona saturada pueden postular en calefactores.mma.gob.cl, y acceder al recambio de su calefactor a leña instalado por una alternativa no contaminante.

Pero no somos los únicos en este camino. Ya en el año 2018, en el Gran Santiago, con más de 5 millones de habitantes, se prohibió el uso de calefactores a leña en toda el área metropolitana, incluyendo comunas con altos índices de vulnerabilidad económica y social. Si una metrópolis de esa magnitud pudo avanzar hacia un modelo de calefacción más limpio y seguro, ¿cómo no vamos a ser capaces, con cerca de 400.000 personas en Rancagua y Machalí? Esta es una meta alcanzable si contamos con el compromiso de toda la comunidad.

Hoy enfrentamos una oportunidad histórica, proteger la salud de nuestra población (especialmente de niños y niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas), mejorar nuestra calidad de vida y avanzar hacia un futuro más limpio, justo y sostenible. Este primer año de prohibición del uso de calefactores a leña en el área urbana de Rancagua y Machalí, junto con la prohibición de algunos artefactos contaminantes en las otras 15 comunas urbanas del Valle Central, marca un hito clave en el proceso de descontaminación atmosférica. En paralelo, las zonas rurales también tienen un rol fundamental, y deben contribuir utilizando leña seca, reduciendo así las emisiones de material particulado y colaborando con el bienestar de toda la zona saturada. 

Sabemos que toda transición profunda implica desafíos. Por eso, este proceso debe ir acompañado de educación ambiental, apoyo comunitario y empatía ciudadana. Los primeros años no están exentos de dificultades, pero esta política no llegó de sorpresa, ha sido anunciada con anticipación, cuenta con respaldo técnico y responde a una necesidad urgente. La descontaminación no es una carga, es un derecho humano fundamental y un compromiso colectivo. Como región, debemos estar a la altura del desafío, porque este y los futuros inviernos, más que nunca, nos jugamos la salud de todas y todos.

Por: Francisco Espinoza Rivas, Psicólogo, Magister en Gestión de Organizaciones, Jefe de Departamento de Calidad de Vida Laboral, Hospital Metropolitano

El chemsex, definido como el uso de drogas psicoactivas para potenciar la experiencia sexual, se ha convertido en un fenómeno preocupante dentro de la salud pública. Entre las sustancias más utilizadas se encuentran el GHB (ácido gamma-hidroxibutírico), la metanfetamina, la mefedrona y la ketamina, todas ellas con efectos profundos en la percepción, el juicio y el estado emocional de los usuarios. Aunque se suele asociar el chemsex con el placer y la desinhibición, su impacto en la salud mental es devastador y requiere ser abordado desde una perspectiva sanitaria integral.

El GHB, conocido como "éxtasis líquido", es un depresor del sistema nervioso central que en dosis bajas provoca euforia y desinhibición, pero en dosis más altas puede inducir estados de inconsciencia y amnesia. Su consumo prolongado está vinculado a un alto riesgo de adicción, depresión y psicosis. Además, debido a su estrecho margen entre la dosis recreativa y la dosis tóxica, el riesgo de sobredosis es significativo, pudiendo generar depresión respiratoria y muerte.

Por otro lado, la ketamina es un anestésico disociativo que, en el contexto del chemsex, se utiliza para intensificar sensaciones y reducir la percepción del dolor. Sin embargo, su uso prolongado puede provocar deterioro cognitivo, trastornos de la memoria y episodios psicóticos. Además, su efecto anestésico aumenta el riesgo de sufrir agresiones o de involucrarse en prácticas sexuales de alto riesgo sin pleno consentimiento.

Otra droga comúnmente utilizada en el chemsex es la metanfetamina, una sustancia altamente adictiva que incrementa la euforia y la resistencia física, pero que también genera paranoia, ansiedad extrema y episodios de psicosis. Su uso prolongado afecta severamente la salud mental, provocando insomnio crónico, deterioro cognitivo y un alto riesgo de conductas suicidas. La mefedrona, otro estimulante utilizado en estas prácticas, produce efectos similares a la metanfetamina y está asociada con episodios de manía, agresividad y depresión severa tras su consumo.

Desde una perspectiva psicológica, el chemsex está relacionado con altos niveles de ansiedad, depresión y aislamiento social. Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry señala que muchas personas recurren a estas sustancias para manejar sentimientos de soledad, rechazo o trauma. No obstante, en lugar de ser una solución, el chemsex tiende a exacerbar estos problemas, generando un círculo vicioso de dependencia química y deterioro de la salud mental. Además, se ha identificado un aumento en los trastornos del sueño, la paranoia y el desarrollo de comportamientos compulsivos, lo que agrava aún más la calidad de vida de quienes lo practican. También se han reportado casos de trastorno de estrés postraumático (TEPT) en personas que han experimentado episodios traumáticos en sesiones de chemsex, especialmente aquellas que han sido víctimas de violencia sexual o abuso mientras se encontraban bajo los efectos de estas sustancias.

En Chile, el chemsex ha ido en aumento en los últimos años, especialmente en grandes ciudades como Santiago y Valparaíso. Informes recientes de organizaciones de salud han alertado sobre el incremento de consultas médicas y psiquiátricas relacionadas con el consumo de sustancias como GHB, ketamina y metanfetamina en contextos sexuales. Este fenómeno se ve impulsado por la facilidad de acceso a estas drogas y la falta de información sobre sus riesgos. Además, la ausencia de programas especializados en salud pública dificulta la detección y el abordaje adecuado de los efectos adversos de esta práctica. En particular, se ha observado un aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH y la sífilis, debido a la disminución de la percepción del riesgo y la adopción de prácticas sexuales desprotegidas bajo los efectos de estas sustancias.

A nivel clínico, los profesionales de la salud mental enfrentan desafíos en la detección y tratamiento del chemsex, ya que muchos usuarios no buscan ayuda hasta que su situación se torna insostenible. La estigmatización y la falta de programas especializados dificultan el acceso a tratamientos adecuados. Además, el proceso de rehabilitación es complejo, ya que implica abordar tanto la adicción química como los problemas psicológicos subyacentes. Es crucial que los sistemas de salud adopten enfoques integrales, combinando estrategias de reducción de daños, terapia cognitivo-conductual y apoyo comunitario.

El chemsex no es solo un problema de drogas, sino una manifestación de necesidades emocionales y de salud mental desatendidas. La sensación de conexión y euforia que estas sustancias proporcionan muchas veces responde a carencias emocionales más profundas que requieren ser trabajadas desde un enfoque terapéutico. Es imperativo que las políticas públicas y los sistemas de salud aborden esta realidad con empatía y recursos adecuados para prevenir sus graves consecuencias. Además, es fundamental generar campañas de concienciación sobre los riesgos del chemsex y proporcionar espacios seguros para que las personas puedan buscar ayuda sin miedo a la criminalización o la discriminación.

 Por:  Alejandro Bustos Doussang / Trabajador social Dirección de Equidad de Género UTEM

Durante los últimos años en Chile, y el resto del mundo, el reconocimiento de los derechos identitarios de las personas trans ha ocupado parte del debate en la agenda pública para la igualdad de género. Si bien, en el año 2018 se publica en nuestro país la Ley N°21.120, que reconoce y da protección a la identidad de género, movimientos activistas por los Derechos Humanos y fundamentales de las personas trans siguen denunciando la precarización de sus condiciones de vida. 

Estas denuncias apuntan, principalmente, a las barreras tanto en el acceso a servicios y bienes como al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. A su vez, se mira con preocupación el alza de movimientos antiderechos y neoconservadores que, ante las transformaciones necesarias para crear mayores condiciones de igualdad, anteponen un discurso de inseguridad y caos social/sexual como posibilidad del colapso “de todo lo que conocemos dentro de los parámetros morales de la sociedad”. 

¿Qué es lo importante de reflexionar ante ello?  Existe una delgada línea respecto a la estabilidad y permanencia en la aplicación del derecho en grupos históricamente discriminados y subrepresentados ante el devenir de crisis sociopolíticas, como el aumento de la delincuencia, la guerra y la inestabilidad económica. Los grupos neoconservadores cuestionan las políticas de equidad como si de ellas dependiera el restablecimiento de lo “normal”, habilitando así -de manera evidente- plataformas para la reproducción de discursos antiderechos. 

No es suficiente avanzar en leyes cuando en términos cognitivos, culturales y sociales no se ha sido capaz de comprender que la “cuestión trans” va más allá de las propias vivencias de estas personas. En rigor, el tema nos interpela respecto al orden integrado como “natural” en relación al sexo, género y el deseo sexual en nuestra sociedad. 

Resulta fundamental comprender que cuando se resiste al cambio, bajo la idea de volver a una “normalidad” o a la “naturaleza del orden de las cosas”, estamos invisibilizando que todo lo que conocemos hoy respecto a -por ejemplo- la funcionalidad de la familia, la división sexual del trabajo, las desigualdades binarias hombre-mujer y las normas que nos castran en nuestra libertad corporal, no son más que construcciones sociales, históricas y políticas que no responden a una neutralidad genuina: comprenden más bien a nociones de poder y control, que encarnan, engranan y profundizan la perpetuación de la desigualdad social. Los discursos normalizadores no comprenden una neutralidad intrínseca.  

Surge la pregunta, entonces, en torno a qué clase de sociedades pensamos en el presente y para el futuro. 

Los avances del último tiempo se ven amenazados ante un proyecto deshumanizante, planteado desde el privilegio de no incomodarse con la imposición de la norma de género, atreviéndome a decir -incluso- desde otras normas de privilegio. No se trata sólo de declaraciones discursivas, sino que ponen peligrosamente en cuestión las posibilidades en cómo gestionar y autodeterminar nuestros roles en la sociedad, obstaculizando la posibilidad de alcanzar la libertad de un cuerpo que diside de lo esperado de él y, por consiguiente, merman el desarrollo individual y colectivo de una sociedad democrática. 

Si se cuestionan las existencias trans y sus derechos, nadie garantiza que no se podrán cuestionar luego los derechos de las mujeres, de las niñas y niños, de las personas con discapacidades, migrantes, empobrecidas, entre otros grupos. El llamado es a quebrar los discursos de poder que amenazan nuestra humanidad diversa.     

Por: Dra. Karina Doña 7 / Directora Carrera de Administración Pública / Universidad Autónoma de Chile - Talca

Desde su inicio el propósito del cambio de horario ha sido disminuir el consumo de energía (primero del carbón y luego, la energía eléctrica) a partir del aprovechamiento de más horas de luz solar, pero su implementación, ha generado externalidades que ameritan su revisión.   Si bien es cierto, el comercio, la agricultura y la práctica deportiva pueden verse estimuladas en el periodo estival, la comisión de delitos, los desajustes a nivel de computadoras, relojes y en la combinación de vuelos internacionales, o los efectos que produce en la salud de las personas, deben llamarnos a su reflexión.  

En primer término, es preciso recordar que el horario oficial de Chile se encuentra establecido en la ley 8.777 de 1947 y corresponde al 20º huso horario, cuatro horas al Oeste de Greenwich (GTM -4), por tanto, el “cambio de horario” dice relación al ajuste que se realiza al horario oficial, lo que da paso al “horario de verano”.   El cambio de horario se produce al adelantar en una hora el horario oficial (en primavera), y se vuelve a éste, retrasándolo en una hora (en otoño).  Por tanto, el próximo 5 de abril volveremos al horario oficial de Chile. 

En segundo término, fue en 1968 cuando Chile adoptó esta medida como respuesta para enfrentar la escasez hídrica a partir de la reducción del uso de la energía eléctrica, debido a que el país atravesaba una grave sequía que llevó al corte del suministro eléctrico en varias regiones.  La propuesta fue presentada por Edinson Román, Superintendente de Operaciones de Chilectra, empresa que en esa época generaba y distribuía la energía al Sistema Interconectado y que además integraba la Comisión Sequía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. 

Pensada inicialmente como una medida temporal, en 1970 terminó por establecerse de manera permanente, mediante el Decreto 1489 que estableció el horario de verano entre los meses de Octubre y Marzo de cada año para todo el país, pero en el 2022 se exceptuó a la región de Magallanes y la Antártica chilena, que permanecería permanentemente en horario de verano (GMT -3) dada las especiales condiciones de su geografía.

Tras 55 años de haberse iniciado el cambio de horario en nuestro país, se sigue esgrimiendo la misma razón: aprovechar la luz solar para reducir el consumo de energía eléctrica, sin atisbos de cambios sustantivos en la matriz energética del país, lo que nos deja muy condicionado al recurso hídrico en tiempos de una sequía persistente lo que la transforma en una política pública anacrónica que poco o nada resuelve el problema que estamos enfrentando.  

En tiempos de cambio climático y sequía permanente parece prudente proponer políticas públicas que contemplen varios aspectos: por una parte, insistir en nuevas formas de producción de energía amigables con el medio ambiente y respetuosa del recurso hídrico; pero también, en tiempos de sedentarismo, obesidad y apego a las pantallas, parece razonable impulsar políticas públicas que promuevan la actividad deportiva, la vida al aire libre y la vida sana.  

A todas luces se requiere un cambio de estilo de vida, y no de ajuste de relojes.

Por: Leonor Irarrázaval, directora del Departamento de Derecho, Psicología y Administración Pública, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UTEM.

El ingreso a la universidad es una etapa llena de cambios y oportunidades. Para muchas y muchos jóvenes significa el comienzo de la toma de decisiones con más autonomía, asumir nuevas responsabilidades y adaptarse a un entorno diferente. Es un proceso de transición que puede traer desafíos, pero también aporta aprendizajes valiosos sobre uno mismo, sobre qué queremos y cómo queremos construir nuestro futuro. La clave está en encontrar el equilibrio entre libertad y compromiso, dándose el tiempo para crecer al propio ritmo, con calma y confianza.

Esta etapa representa un tránsito hacia la adultez, marcada por incertidumbres y expectativas, tanto personales como familiares, dentro de un proceso complejo que afecta múltiples áreas de la vida. Para quienes estudian lejos de casa, la independencia se vuelve un cambio fundamental. Aprender a gestionar el tiempo, asumir nuevas responsabilidades y tomar decisiones en torno a los estudios, las finanzas y la vida personal puede ser desafiante, pero también fortalece habilidades esenciales como la autogestión y la disciplina.

El ámbito social es otro reto. Las universidades reúnen a personas que provienen de distintos lugares y trayectorias de vida, lo que puede generar inseguridad o temor a lo desconocido. Además, quienes migran a otra ciudad pueden sentir nostalgia y soledad al principio. Pero hoy, la separación del núcleo familiar se hace más fácil gracias a la tecnología, entonces es posible mantenerse en contacto a pesar de las distancias físicas.

Para afrontar esta transición, es importante que las familias equilibren su apoyo sin limitar la autonomía de cada joven, permitiéndoles desarrollarse en su camino profesional. Con el tiempo, cada uno irá estableciendo su propia rutina, fortaleciendo su crecimiento personal y académico.

La universidad no sólo entrega conocimientos, sino que también abre las puertas a la vida adulta, un camino lleno de aprendizajes, desafíos y nuevas oportunidades.

Dra. María Eugenia Giavedoni, gineco-oncóloga de FALP.

Cada 26 de marzo conmemoramos el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de los controles médicos y el autocuidado. Como gineco-oncóloga, pero sobre todo como mujer, me conmueve ver cómo esta enfermedad nos sigue afectando. Y porque se trata de una patología vinculada a un virus y, especialmente, porque tenemos a mano diversas estrategias de prevención, este cáncer ya no debería existir.

En Chile, dos mujeres mueren cada día por cáncer cervicouterino. Solo en 2022, más de 800 mujeres fallecieron a causa de esta enfermedad, según proyecciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan). Cifras que podríamos reducir drásticamente si tomamos conciencia, actuamos a tiempo y disminuimos las brechas de acceso al sistema de salud.

Más del 95% de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con el Virus del Papiloma Humano (VPH), en especial con los tipos 16 y 18, que se transmiten principalmente por contacto sexual. En la mayoría, el sistema inmune logra eliminar el virus de manera natural, pero en algunas pocas personas la infección persiste, generando lesiones premalignas que, con el tiempo, evolucionan y se pueden transformar en cáncer.

Por fortuna, contamos con tres estrategias clave para prevenir esta enfermedad: la vacunación contra el VPH, los controles médicos preventivos, y el diagnóstico y tratamiento de lesiones premalignas. 

La vacuna es segura y altamente efectiva. En Chile, forma parte del Plan Nacional de Inmunización (PNI) y se administra a niñas y niños de 9 años, reduciendo significativamente la incidencia de verrugas genitales y el riesgo de desarrollar distintos cánceres en la adultez. Si bien la mayor eficacia de la vacuna contra el VPH ha sido demostrada cuando se administra antes del inicio de la actividad sexual, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) y la OMS respaldan su uso en personas de hasta 45 años y, en nuestro país, está disponible en vacunatorios particulares. Sin embargo, se trata de una vacuna costosa y que requiere de varias dosis, por lo que bajar su valor es muy necesario.

Pero la prevención no termina ahí. La detección temprana es fundamental. El Papanicolaou (PAP), desde los 25 años, y el Test de VPH, desde los 30, permiten identificar a tiempo lesiones precancerosas, posibilitando un tratamiento oportuno y evitando la progresión a un cáncer. Además, la Ley 20.769 otorga mediodía administrativo a las mujeres para realizarse estos exámenes, garantizando así su acceso a ellos. Y en el sistema público, el PAP es gratuito -cada tres años- para mujeres entre 25 y 64 años. Es un derecho que todas debemos y podemos ejercer.

Con respecto al diagnóstico y tratamiento de las lesiones precursoras, contar con un profesional experto en el manejo y seguimiento de la patología cervical marca una gran diferencia, al proponer distintas soluciones según el conocimiento actualizado y la experiencia en el campo.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, en FALP lanzamos la campaña "Lo hago por mí", una iniciativa respaldada por el Ministerio de Salud, que busca fomentar la prevención y detección precoz de esta enfermedad. Porque no se trata solo de estadísticas o cifras frías. Se trata de nosotras, de nuestras vidas, de nuestras madres e hijas. Hacerlo por mí es hacerlo por todas. Por eso, este 26 de marzo, mi llamado es muy claro: hagámoslo por nosotras. Hazte el examen, cuídate y vacúnate. La prevención está en nuestras manos.