Académicos del Grupo Interdisciplinario de Derechos de la Niñez de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso analizaron la relevancia de que la nueva Carta Magna corrija las actuales falencias de la legislación.
De cara a la redacción de una nueva Constitución para Chile hay diversas temáticas que debieran ser abordadas por los convencionales constituyentes, quienes tendrán la misión de proponer un texto que deberá ser ratificado en un plebiscito de salida. Una de las materias tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que hasta ahora no han sido abordados de manera satisfactoria por la legislación actual, según plantearon investigadores del Grupo Interdisciplinario de Derechos de la Niñez que lidera la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
La académica Yesika Herrera, quien es parte de este grupo, explicó que el Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas emitió un juicio categórico sobre nuestro país. “Las grandes vulneraciones se producen por cuatro causas estructurales que han favorecido las graves y sistemáticas situaciones ocurridas: la visión tutelar de la infancia; una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; la excesiva judicialización; y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema de protección de la niñez”, detalló.
Sobre los principales desafíos que enfrentan los niños y niñas en Chile, en base a los compromisos establecidos por Chile en base a los principios de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la profesora Claudia Espinoza planteó que “lo primero que se debe hacer es darle un estatus o reconocimiento constitucional a la niñez como sujeto de derecho. Lo cual implica el compromiso efectivo del Estado”.
Por su parte Edgardo Toro, académico de la Escuela de Trabajo Social de la PUCV, añadió que “se requiere sostener un sistema de protección que no tenga el efecto perverso de la gran fragmentación y segmentación social que se da en aspectos tan esenciales como es la educación, salud y acceso a espacios públicos o la cultura. Todos esos ámbitos que son derechos fundamentales, están asociados directamente a la posibilidad de las familias de proveer esas condiciones, las que están alejadas de ser un bien social fundamental, como ocurre en países desarrollados o donde la niñez tiene mejores condiciones de vida”.
Los docentes proponen sostener lógicas del cuidado desde perspectivas de derechos sociales y políticos, con un enfoque integral y no fragmentado, que implique avanzar hacia la disminución de las desigualdades.
¿En qué se ha avanzado durante los últimos 30 años? Los académicos y académicas de la Escuela de Trabajo Social creen que se han desarrollado una serie de ajustes a las políticas públicas dirigidas a la niñez, pero no han logrado dar respuesta de manera coherente y consistente al compromiso que Chile adquirió al firmar la Convención. Por ejemplo, dijo Herrera, “se observa la primacía del modelo subsidiario en los temas de niñez, focalizando el gasto público en aquellos que viven situaciones de vulneración de derechos, ya sea por precariedad socioeconómica o por formas culturales que coartan el derecho a la vida, la supervivencia o el desarrollo integral, dejando de lado otras intervenciones de carácter promocional que atiendan derechos universales”.
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