En ImaginaChile.org se está levantando la voz de las regiones para que las y los constituyentes consideren ideas tan fundamentales como la mayor independencia regional y las conviertan en el eje central del proceso constituyente. 

Chile, 2021.- Nuestro país es uno de los más centralizados de acuerdo a la OCDE, siendo esta una de las causas fundamentales a la hora de evaluar la desigualdad y la diferencia de niveles de vida en regiones. Sin embargo, gracias a la construcción de la nueva Carta Magna, esta falta de políticas que se adapten a las necesidades locales puede ser revertida para siempre. 

Bajo esta primicia, la plataforma Imagina Chile está abierta a toda la ciudadanía recopilando cabildos, ideas, opiniones y preocupaciones de las ciudadanas y ciudadanos, material que será entregado a las y los constituyentes, para que la nueva Constitución sea el verdadero reflejo de lo que nuestro país necesita ser y en qué tipo de sociedad nos queremos convertir. 

De un total de 12 amplios temas en los que se puede opinar, ImaginaChile.org cuenta con un 15% que hacen referencia a la descentralización. Según los datos hasta ahora recopilados, la centralización está provocando una aridez económica y cultural a lo largo y ancho del país. Esto se debe a que históricamente la administración y gestión de políticas regionales no han podido avanzar debido a que no existían actores locales con reales atribuciones que pudiesen impulsarlas. Aún cuando con el cambio en los gobiernos regionales se dio un gran paso, según chilenos que viven en diferentes regiones del país, esto resulta insuficiente si la Constitución no los avala y les entrega los espacios necesarios para  materializar las ideas, más allá de sólo administrarlas . 

De esta forma, ImaginaChile.org está permitiendo que en toda nuestra geografía, ciudadanos dejen sus inquietudes para corregir el camino actual de las regiones, siendo un tema tan relevante que incluso la Convención Constituyente ahora cuenta con una Comisión específica sobre la descentralización. En este marco, dentro de las opiniones más frecuentes está la necesidad de planes de desarrollo e inversiones en todo el territorio, sumado a un mayor respaldo a las zonas extremas. 

Para Rodrigo Gil, abogado y creador de la plataforma ImaginaChile.org, “resulta de vital importancia para la nueva Constitución que esta refleje los intereses de las regiones y se pueda por fin avanzar en una descentralización que apunte directamente a una mejor calidad de vida de los ciudadanos que ahí viven”. Para que prevalezca la participación ciudadana, Rodrigo reafirma la invitación: “queremos que todas y todos participen, desde Arica a Puerto Williams, para que la descentralización se convierta en una verdadera oportunidad en este proceso constituyente”. 

• El conversatorio -organizado por el Campus Santiago y las facultades de Economía y Negocios, y Ciencias Jurídicas y Sociales de las UTalca- abordó los temas que preocupan a este segmento de la población desde una perspectiva multidimensional.

Académico UTalca: 

• El experto Hernán Paillán resaltó que es necesario que la Carta Fundamental profundice en materia medioambiental en aspectos como la protección de las comunidades ante accidentes de contaminación.
• “El suelo agrícola lo utilizamos como un recurso para producir, y está bien que así sea. Sin embargo, lo tenemos que cuidar porque no es renovable”, explicó el investigador.

La necesidad que la nueva Constitución avance en una mayor protección del medioambiente, planteó el académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, Hernán Paillán, quien sostuvo que uno de los aspectos a considerar en la redacción de la Carta Magna debe ser el cuidado del suelo agrícola del país.

Al respecto, el investigador sostuvo que el entorno y los recursos naturales que disponemos deben ser conservados, lo que debe quedar establecido en la Constitución. “El suelo agrícola lo utilizamos como un recurso para producir, y está bien que así sea. Sin embargo, lo tenemos que cuidar porque no es renovable, cada vez se está agotando más y vivimos de ello. No está lo suficientemente protegido desde el punto de vista legal”, precisó el docente.

Paillán agregó si bien en la actual Carta Magna hay indicios respecto de asuntos ambientales, es necesario proteger este recurso productivo con foco en las generaciones futuras del país. “Para eso, en este contrato social que es la Constitución, se debe abordar este tema”, añadió el investigador de la UTalca.

Por otra parte, el académico también manifestó la necesidad que el nuevo texto incluya aspectos relacionados a la protección de las comunidades ante eventuales situaciones de contaminación ambiental. “Observamos con mucha preocupación las constantes exposiciones de la industria en algunas áreas del país que conocemos, donde hay eventos de contaminación permanente”, añadió.

El experto indicó que, si bien la Constitución en régimen consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, es necesario ir más allá. “Al parecer eso no es suficiente respecto de los casos comentados anteriormente”, mencionó.

“Así como existe en la actual Constitución, y en la nueva probablemente también estará plasmado, una descripción sobre el derecho de propiedad y otros, también debe estar el derecho a tener un entorno sano, a proteger el medioambiente, pero con definiciones claras de qué vamos a cuidar, sean las aguas subterráneas, las aguas superficiales, el bosque nativo, o el suelo. En consecuencia, debiera quedar más explícito”, recalcó.

En cónclave organizado por la Multigremial Nacional

• El encuentro convocó a más de 40 sectores productivos y profundizó en los resultados de la encuesta que recogió la opinión de 2.400 emprendedores, quienes expresaron que el terrorismo, violencia y derecho de propiedad son sus principales preocupaciones. El resultado de la cita se traducirá en un documento que será enviado a los 155 constituyentes. 

Con una masiva convocatoria de más de 150 representantes de los distintos gremios productivos del país, se llevó a cabo un cónclave organizado por la Multigremial Nacional y que tuvo por objetivo presentar las materias que hoy resultan trascendentales para las MiPymes y emprendedores dentro del proceso constituyente. 

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, y tuvo la participación del reconocido economista y empresario, Óscar Guillermo Garretón, junto a los abogados Enrique García, Ricardo Escobar y Carlos Boada, además del ingeniero Felipe Martin. 

Los especialistas abordaron temáticas fundamentales del proceso constituyente, como derecho de propiedad, presupuesto y gasto fiscal, principios tributarios y equidad, derecho de agua y la relevancia que tienen los gremios en lo que será la redacción de una nueva Carta Magna para Chile. 

Raimundo Arnaiz, presidente de la Multigremial de O’Higgins, manifestó que “fue un evento que nos llama a reforzar la actividad gremial y el alcance que ésta debe tener en la sociedad, con miras a los importantes proceso que se vienen”. 

Finalizado el cónclave, los organizadores indicaron que generarán un documento que enviarán a los 155 constituyentes con el feedback de los gremios y las preocupaciones que aquejan a los distintos sectores productivos. 

Resultados encuesta constitucional 

Previo a este encuentro, desde la Multigremial Nacional elaboraron una encuesta que fue respondida por 2.400 emprendedores y pymes de todo el país, que arrojó luces claras respecto a los temores y necesidades de los dirigentes. 

Entre los resultados más elocuentes fue el relacionado con los temas país que más les preocupan a los gremios en estos momentos. Un 71% respondió que la violencia y terrorismo era el más importante, seguido por un 46% del derecho de propiedad. 

Con respecto al trabajo que desempeñe la Convención Constituyente, los gremios manifiestan con un 28% de las preferencias que los principales temores tienen relación con que se genere un clima de violencia y polarización extrema en el país.

Académicos del Grupo Interdisciplinario de Derechos de la Niñez de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso analizaron la relevancia de que la nueva Carta Magna corrija las actuales falencias de la legislación.

De cara a la redacción de una nueva Constitución para Chile hay diversas temáticas que debieran ser abordadas por los convencionales constituyentes, quienes tendrán la misión de proponer un texto que deberá ser ratificado en un plebiscito de salida. Una de las materias tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que hasta ahora no han sido abordados de manera satisfactoria por la legislación actual, según plantearon investigadores del Grupo Interdisciplinario de Derechos de la Niñez que lidera la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

La académica Yesika Herrera, quien es parte de este grupo, explicó que el Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas emitió un juicio categórico sobre nuestro país. “Las grandes vulneraciones se producen por cuatro causas estructurales que han favorecido las graves y sistemáticas situaciones ocurridas: la visión tutelar de la infancia; una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; la excesiva judicialización; y la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros del sistema de protección de la niñez”, detalló.

Sobre los principales desafíos que enfrentan los niños y niñas en Chile, en base a los compromisos establecidos por Chile en base a los principios de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la profesora Claudia Espinoza planteó que “lo primero que se debe hacer es darle un estatus o reconocimiento constitucional a la niñez como sujeto de derecho. Lo cual implica el compromiso efectivo del Estado”.

Por su parte Edgardo Toro, académico de la Escuela de Trabajo Social de la PUCV, añadió que “se requiere sostener un sistema de protección que no tenga el efecto perverso de la gran fragmentación y segmentación social que se da en aspectos tan esenciales como es la educación, salud y acceso a espacios públicos o la cultura. Todos esos ámbitos que son derechos fundamentales, están asociados directamente a la posibilidad de las familias de proveer esas condiciones, las que están alejadas de ser un bien social fundamental, como ocurre en países desarrollados o donde la niñez tiene mejores condiciones de vida”.

Los docentes proponen sostener lógicas del cuidado desde perspectivas de derechos sociales y políticos, con un enfoque integral y no fragmentado, que implique avanzar hacia la disminución de las desigualdades.

¿En qué se ha avanzado durante los últimos 30 años? Los académicos y académicas de la Escuela de  Trabajo Social creen que se han desarrollado una serie de ajustes a las políticas públicas dirigidas a la niñez, pero no han logrado dar respuesta de manera coherente y consistente al compromiso que Chile adquirió al firmar la Convención. Por  ejemplo, dijo Herrera, “se observa la primacía del modelo subsidiario en los temas de niñez, focalizando el gasto público en aquellos que viven situaciones de vulneración de derechos, ya sea por precariedad socioeconómica o por formas culturales que coartan el derecho a la vida, la supervivencia o el desarrollo integral, dejando de lado otras intervenciones de carácter promocional que atiendan derechos universales”.

Así lo indicó un estudio de opinión encargado por el Centro de Acción Climática de la PUCV a Ipsos, que entre sus resultados destacó que el 26% de las y los encuestados cree que el derecho, acceso y desprivatización del agua deberían asegurarse en la nueva carta magna. 

13 de mayo, 2021.- Estudio de Opinión sobre Cambio Climático y Medio Ambiente es el nombre de la encuesta publicada recientemente, que entre sus principales hallazgos estableció que un 79% de los chilenos considera que la nueva constitución debe contar con una perspectiva de protección al medio ambiente.

Los resultados de la medición realizada por IPSOS, además indicaron que el 54% de las personas encuestadas declararon estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el compromiso con una constitución verde es relevante para definir el voto por una persona candidata a constituyente, agregó el informe.

El estudio - realizado a nivel nacional por encargo del Centro de Acción Climática de la PUCV, tiene como objetivo conocer la opinión de la ciudadanía respecto de la agenda pública sobre cambio climático y medio ambiente y abordó aspectos relacionados con institucionalidad y política ambiental, así como elecciones y proceso constituyente.

Entre las respuestas de este apartado, un 26% del universo de encuestados considera que la nueva constitución debería incorporar aspectos ambientales tales como acceso universal al agua, desprivatización del agua y el derecho a ésta, seguido por un 12% que menciona la regulación a empresas contaminantes, 11% al cuidado del medio ambiente, 9% al cuidado del aire, contaminación y emisiones en general y un 4% afirma que el cambio climático debería considerarse dentro de la nueva carta magna.

Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la PUCV, afirmó que en la última década hemos podido apreciar un aumento paulatino en la preocupación de la ciudadanía por temas y problemáticas ambientales”. El académico agregó que “ahora, por ejemplo, el cambio climático pasó de ser percibido como un problema futuro a una preocupación actual. Hemos vivido una megasequía, incendios forestales, olas de calor y episodios de marea roja, entre otros, por lo tanto, es natural que esa preocupación se vea reflejada en las prioridades de cara al proceso constituyente”, concluyo Mena.

Adicionalmente, la medición arrojó que el 78% de las personas está de acuerdo o muy de acuerdo con que la protección de los glaciares mediante una ley debiera considerarse una prioridad para el país, así como un 79% que cree que se debe crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para preservar el patrimonio natural del país.

La encuesta fue aplicada a 800 personas a nivel nacional, de más de 18 años, entre el 29 de abril al 6 de mayo de 2021, con un margen de error de ±3,46%.