Por Cristián Martínez, Fundador de Crece Inmobiliario

Al inicio de este año comenzó a regir una nueva medida que obliga a pagar impuestos a una serie de empresas que anteriormente estaban exentas de tributar. Esta iniciativa se generó al término del gobierno de Sebastián Piñera, como un instrumento para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), y que fue promulgada a pesar de la situación económica que enfrenta el país.

La nueva medida que empezó a regir en enero, tendrá un efecto en todas aquellas sociedades que prestaban servicios de asesoría o consultoría, como bufetes de abogados, oficinas de contabilidad y administración inmobiliaria, entre otros, y que antes estaban exentas de este pago. Según expertos, esto afectará principalmente a los servicios profesionales prestados en Chile (por empresas y por algunas sociedades profesionales) y los servicios prestados desde el extranjero, cuando sean utilizados en Chile, entre ellos, el mundo de la administración inmobiliaria.

El objetivo de este impuesto es poder recaudar mayores ingresos para la Pensión Garantizada Universal.  No obstante, existen excepciones a los servicios prestados por personas naturales y, además, se extendió expresamente a sociedades de profesionales integradas por profesionales u otras sociedades de profesionales, en la Resolución Número 115, de fecha 30 de noviembre de 2022, por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Este esfuerzo puede ser imperfecto, dado que, lo más probable, es que muchos profesionales que prestan servicios a través de sociedades, migrarán a una estructura de sociedades de profesionales formada por personas naturales de una misma o similar profesión, y estarán exentos del pago de IVA.  Con lo que, claramente, el objetivo de esta ley no se cumplirá.

A nivel inmobiliario, si bien la ley no afecta al arrendamiento de inmuebles, sí lo hace a los servicios anexos a la administración de estos, cuando estos sean realizados por terceros que estarán afectos a este impuesto.

O sea, para el mercado de los arriendos impactará cuando las propiedades de los inversionistas estén siendo administradas por empresas de servicios profesionales, lo que les afectará inmediatamente un 19% más de costo del servicio, y esto claramente se traspasará a los arrendatarios, por lo que el valor de los arriendos debiese tender al alza.

Además, los llamados “multifamily”, serán de los segmentos más afectados con la medida, al ser edificios residenciales en los que todos sus departamentos están, precisamente, destinados al arriendo.

Esta medida sin duda debió discutirse más, dado que Chile en el 2023 va a decrecer, según el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales y, claramente, aplicar este tipo de impuestos afecta de forma directa a los consumidores de servicios profesionales, como por ejemplo, servicios informáticos, que son la forma de emprender hoy; los servicios veterinarios, que hoy son muy requeridos por las familias; las personas que van a los gimnasios, ya que aumentará el valor de la membresía; y obviamente los arriendos, que subirán su valor.