Por Nélida Ramírez Naranjo, académica d la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule.
Comienza la discusión legislativa acerca del tercer retiro del 10% de ahorros previsionales para trabajadores y trabajadoras, quienes en su mayoría no califican para acceder a los beneficios económicos dispuestos para enfrentar la pandemia. Desde diciembre a la fecha diputados de distintas bancadas han presentado 3 proyectos que permitirían el tercer retiro del 10% y de acuerdo con lo informado, la iniciativa será puesta en tabla por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la próxima semana.
La propuesta número 1 es muy similar a los dos proyectos anteriores de retiro del 10% de las AFP que finalmente se convirtieron en ley. Establece un monto mínimo y máximo de retiro, de 35 y 150 UF, que no será considerado renta, por lo que quedará exento de impuestos. Asimismo, la iniciativa legal contempla el pago obligado de pensiones de alimentos a quienes se encuentren morosos en esta obligación legal.
El proyecto 2 considera los mismos montos de retiro de las dos primeras iniciativas y adiciona en su articulado que las personas beneficiarias de rentas vitalicias, también puedan acceder al retiro del 10%. Su principal novedad, es que contempla un bono de reconocimiento mediante el cual el Estado se compromete a reponer el dinero retirado una vez que la persona se jubile.
Finalmente, la propuesta 3 tiene como rasgo central una configuración legal que les impediría a los detractores de un tercer retiro del 10%, recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear su implementación. Además, incluye los mismos montos de retiro y otras características de las dos iniciativas de ley anteriores.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles, a diciembre de 2020 eran cerca de 3 millones de afiliados los que se habían quedado sin saldo por el primer y segundo retiro y luego del tercer retiro serían cerca de 4,3 millones de afiliados, lo que es equivalente al 39,2% de los trabajadores y trabajadoras que cotizan en el sistema. CIEDESS (2021), indica que, en el caso de los hombres, el 32,7% (1,9 millones de afiliados) se quedaría sin saldo, mientras que para las mujeres es el 46,6% (2,4 millones de afiliadas).
A esto se suma que la encuesta Pulso Ciudadano, indicó que el 80.2% de las personas consultadas está de acuerdo con el tercer retiro, no obstante, la aprobación de una reforma de este tipo se ve más compleja que antes, dado que desde el gobierno se indica que recurrirán al Tribunal Constitucional. Además, se han presentado una serie de ayudas económicas para que las familias puedan afrontar la complicada situación producto de la pandemia. Se amplía el Ingreso Familiar de Emergencia, se implementa un Bono para la Clase Media, un Préstamo Solidario y el Subsidio de Arriendo. Es importante considerar que lamentablemente las ayudas no son de tipo universal y los requisitos de postulación, no siempre son fáciles de comprender por las personas, dada su excesiva focalización.
A las alternativas mencionadas se suma la propuesta del alcalde Lavín que permitiría un retiro con un máximo de 1 millón de pesos y un mínimo garantizado de 400 mil pesos desde la Administradora de Fondos de Cesantía. Los trabajadores y trabajadoras que no tiene dinero la cuenta individual, pueden acceder a los recursos que se encuentran en el fondo solidario de la Administradora.
Lamentablemente se ha normalizado que sean los trabajadores y trabajadores los que con sus ahorros enfrenten la crisis, lo cual sin duda afectará el monto de su pensión en el futuro. También se demuestra la fragilidad y precariedad del actual Sistema de Protección Social, por lo que las instituciones relacionadas con el tema y especialmente las universidades, deben investigar acerca de los alcances que ha tenido la pandemia en la vida cotidiana de las personas y elaborar propuestas que permitan abordar responsablemente sus consecuencias presentes y futuras.
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