• Las autoridades destacaron el acuerdo transversal que se logró con parlamentarias y parlamentarios de todos los sectores, y con la participación de organizaciones de personas cuidadoras. Ahora se abre un plazo de indicaciones hasta el 7 de octubre.

Con unanimidad, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó en general el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, uno de los compromisos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font.

La iniciativa reconoce el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado de todas las personas, creando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que busca promover la autonomía y prevenir la dependencia, además de dar más dignidad a quienes requieren cuidados y sus cuidadores y cuidadoras. Este proyecto avanza en la corresponsabilidad social de los cuidados, involucrando formalmente al Estado en las labores que realizan principalmente mujeres, con infraestructura y servicios; y también a los privados y la comunidad.

La ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete, destacó “principalmente el trabajo legislativo que hemos impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Social junto a diputados y diputadas de esta comisión, con la participación de organizaciones de cuidadoras y cuidadores, que hoy nos permitieron llegar a un acuerdo transversal en favor de las personas cuidadoras y quienes requieren cuidado. Ahora se abre un plazo de indicaciones y como Ministerio seguiremos impulsando un trabajo coordinado con las y los parlamentarios”.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, relevó que “hoy damos un paso significativo en el reconocimiento de un derecho fundamental, que es el derecho al cuidado. Este es un primer hito hacia el reconocimiento del trabajo que realizan más de 700 mil personas cuidadoras a lo largo de nuestro país, de las cuales al menos el 80% son mujeres". La m hizo un llamado a todas y todos los parlamentarios a despachar este proyecto en el menor tiempo posible, destacando la votación unánime de la comisión. “Las cuidadoras no pueden seguir esperando y este apoyo transversal al proyecto nos permite avanzar para consolidar un sistema de cuidados robusto que dé respuesta a la problemática que viven miles de familias en nuestro país", agregó.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, enfatizó que “para construir un país que cuida y protege este proyecto de ley es fundamental pues consagra el derecho al cuidado en su triple dimensión: a cuidar, a recibir cuidados y el autocuidado. También es importante porque la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados ya comenzó a lo largo del país, pero necesitamos sea una política de Estado que trascienda a las administraciones de turno”.

Mientras, la presidenta de la comisión de Desarrollo Social, la diputada Marlén Pérez, afirmó que “creo que es mágico lo que se está viviendo acá. Ustedes se pueden dar cuenta que los verdaderos problemas de las personas no tienen colores políticos y para mí es maravilloso y le doy gracias a Dios que me haya permitido dirigir esta comisión con un tema que a mí en lo personal me llena profundamente y que son esto es lo que me trajo a la política".

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada Herrera remarcó la importancia de esta aprobación, señalando que “el proyecto continúa avanzando buscando reconocer por ley el derecho al cuidado y siempre teniendo en cuenta las realidades locales y el esfuerzo de las organizaciones sociales que han impulsado que el cuidado esté reconocido y garantizado”.

El también médico, apuntó que aún hay siete hospitales pendientes de revisión por parte de la Contraloría, y expresó su preocupación de que estos establecimientos puedan enfrentar los mismos problemas que ya han sido identificados en otros centros de salud del país.

El senador Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, planteó la necesidad urgente de implementar un sistema  de listas de espera en la salud pública, similar al existente para la asignación de donantes de órganos. Esta propuesta surge como una respuesta a las fallas evidentes del sistema actual, que ha generado confusión, falta de transparencia y un profundo malestar entre los pacientes.

"Tenemos la convicción, y así se lo dijimos hoy al Ministerio de Salud, de que en pleno siglo XXI debe existir un solo sistema unificado de listas de espera, tal como lo hay en la espera de quienes reciben órganos de donantes. Es fundamental que haya una única lista, con un orden correlativo claro, donde cada persona pueda saber en qué lugar se encuentra y pueda rastrear su posición de manera precisa," afirmó el senador Castro tras una nueva sesión de la Comisión de Salud donde expusieron respecto del tema autoridades del Minsal.

El Senador Castro describió el sistema actual como un "marasmo" que ha prevalecido durante años, plagado de ineficiencias y, en algunos casos, de negligencia por parte de las autoridades locales. "Llevamos siete años con el sistema implementado por el Ministerio de Salud, y es evidente que no ha funcionado. Este es un desafío que la autoridad debe asumir con seriedad y urgencia," enfatizó.

Además, el senador señaló que aún hay siete hospitales pendientes de revisión por parte de la Contraloría, y expresó su preocupación de que estos establecimientos puedan enfrentar los mismos problemas que ya han sido identificados en otros centros de salud del país. "Vamos a ver qué dicen los otros hospitales, pero es muy probable que tengamos el mismo problema: una confusión enorme y falta de diligencia que ha impedido la creación de un sistema unificado y eficiente," advirtió.

El senador Juan Luis Castro concluyó su declaración reiterando la necesidad de que el Ministerio de Salud actúe de manera decisiva para resolver esta situación. "La ciudadanía no puede seguir esperando. Un sistema unificado de listas de espera es esencial para garantizar que todos los chilenos reciban la atención médica que merecen, de manera justa y oportuna," subrayó.

• Ministro Marcel: “Este es un momento que nos permite mostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria”.
• Ministro Elizalde: "Celebramos la aprobación de este proyecto, que es muy importante y consagra un principio básico: Ley pareja no es dura”.

Valparaíso, 25 de septiembre de 2024.- Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, tras aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, que visó la jornada anterior la iniciativa en particular. Este proyecto que fue enviado el 29 de enero de este año e inició su tramitación en marzo es un pilar sustancial del Pacto por el Crecimiento Económico (Pacto Fiscal) e integra el fast track económico priorizado por el Gobierno. 

En su intervención en el hemiciclo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que esta iniciativa “es parte de un conjunto mucho más ambicioso (Pacto Fiscal), que no solamente apunta a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o emparejar la cancha para las pequeñas empresas que cumplen con sus obligaciones y generar recursos adicionales para invertir en materia social. Este es el proyecto más completo y comprensivo en materia de cumplimiento tributario que ha visto este Congreso en muchos años”. 

En general este proyecto contempla una serie de medidas relacionadas con fortalecer la función fiscalizadora para combatir la evasión y la elusión de impuestos, modernizar la administración tributaria, flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, fortalecer la Defensoría del Contribuyente, facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias, enfrentar la informalidad y perfeccionar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras materias. Con la aplicación de estas propuestas se busca generar una recaudación de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar prioridades sociales del programa del Presidente Boric. 

Asimismo, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner destacó los avances en institucionalidad: “Este proyecto representa un importante avance en materia de fortalecimiento de los servicios encargados de la administración tributaria: Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, tanto en dotación, movilidad y recursos tecnológicos como en atribuciones y modernización de sus procedimientos”.  

La amplia mayoría en favor del proyecto obedece a las sucesivas instancias de diálogo que se abrieron durante el proceso legislativo ya que en el primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara se conformó una mesa de asesores, y luego, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, hubo una segunda mesa de asesores, cuyo trabajo resultó en la presentación de casi 70 indicaciones por parte del Ejecutivo, la mayoría aprobadas por amplio margen. 

 “Este es un momento que nos permite mostrar, que, incluso, a menos de un mes de una elección, somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria. Y, por otro lado, allegar recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía, incluyendo el aumento de la PGU en el proyecto de reforma previsional, inversión en seguridad ciudadana y en el presupuesto para 2025 financiar materias relacionadas con salud y con cuidados", agregó el ministro Marcel. 

Con el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias se estima una recaudación fiscal de 1,5% del PIB, equivalente a US$4.500 millones aproximadamente, en régimen, con los que se podrá financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (1,2% del PIB) y cumplir con los compromisos en materia de seguridad ciudadana. En conjunto con los recursos recaudados por el Royalty minero, se incrementará el gasto público en seguridad en US$ 1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en inversión pública en seguridad, respecto de 2022.

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, resaltó la aprobación de esta iniciativa: "Celebramos la aprobación de este proyecto, que es muy importante y consagra un principio básico: Ley pareja no es dura. Es decir, que todos en Chile cumplamos la legislación tributaria por igual. Y por tanto entrega herramientas para enfrentar la evasión y la elusión. Con esta ley, además, tendremos recursos adicionales para financiar desafíos sociales muy importantes".

Asimismo, la subsecretaria Macarena Lobos indicó: “Como ministerio Secretaría General de la Presidencia contribuimos al despacho de esta importante iniciativa que permitirá financiar compromisos del Gobierno que mejorarán significativamente la vida de chilenos y chilenas. En ese contexto, vamos a seguir fomentando acuerdos para contar con una tramitación responsable y diligente en proyectos que apuntan a mejorar la seguridad pública, económica y social de la ciudadanía. Agradecemos la disposición de todos los sectores políticos en el Congreso y esperamos que este ánimo se replique”.

Contenido del proyecto 

Del trabajo realizado en ambas cámaras, se aprobaron 24 materias por amplia mayoría, entre las que destacan la fiscalización de grupos empresariales, la posibilidad de establecer la trazabilidad en comercio de bienes, la ampliación de las medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las normas del fortalecimiento a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), entre otras. 

Respecto de las áreas donde hubo modificaciones, destacan los cambios al secreto bancario para el cual se mantiene el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente y se modifica el procedimiento judicial general mejorando sus plazos y suspendiendo la prescripción en favor del fisco. De esta manera, el levantamiento del secreto bancario armoniza con los procedimientos de fiscalización siendo una herramienta fundamental.  

Asimismo, en Norma General Antielusiva (NGA), se mejoró el procedimiento en etapa administrativa y judicial, quedando una regulación coherente y sin vacíos de procedimiento asegurando su correcta implementación en el combate contra la elusión. En tanto, para el denunciante anónimo se mantuvo la recompensa, fijando un piso para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $80 millones (100 Unidades Tributarias Anuales). 

También se perfeccionó la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos incorporando un Consejo Tributario que opinará sobre el plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y las circulares sometidas a consulta pública, no obstante, la interpretación de la ley tributaria se mantendrá dentro de las facultades del director del Servicio.  

Reconociendo la importancia de las Pymes en la economía, el proyecto incluye diversas medidas para aliviar su carga tributaria y facilitar el cumplimiento. Entre ellas, que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII; se permitirá a las Pymes acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas; se introducirá una norma para declarar la incobrabilidad de deudas tributarias mayores a 10 años y solicitar de oficio la prescripción de deudas prescritas.

También se ampliarán las atribuciones de la Defensoría del Contribuyente aumentando su dotación en más de un 50% para ofrecer mejor asistencia jurídica y acompañamiento a los contribuyentes; se permitirá la representación judicial en los procedimientos de vulneración de derechos de los contribuyentes; y se establecerá un procedimiento simplificado para el término de giro de Pymes facilitando el cierre ordenado de sus operaciones.  

Asimismo, se introducen herramientas clave para formalizar la economía y mejorar la fiscalización tales como la obligación a las plataformas digitales, portales de pago y entidades públicas a exigir inicio de actividades a sus usuarios, así como reportar las operaciones que se realicen a través de ellas; y se establecerá que todas las plataformas digitales extranjeras estarán sujetas al pago de Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) por los bienes comercializados. El SII estará facultado para implementar sistemas de trazabilidad sobre cualquier tipo de bien, con el costo fiscal a cargo del Estado; y los bancos deberán exigir inicio de actividades para operaciones de crédito. A su vez, los bancos deberán informar al SII sobre contribuyentes que reciban en un mismo día, semana o mes, 50 o más transferencias de personas distintas o 100 dentro de un mismo semestre y el monto agregado de las operaciones reportadas. Finalmente, los comerciantes de bienes usados deberán identificar a sus proveedores.

Tras este último trámite legislativo, el proyecto queda en condiciones de promulgarse y convertirse en ley de la República.

La 31ª versión del estudio reveló que existe un alto desconocimiento respecto de que se votará por concejales, gobernadores y consejeros regionales. A esto se suma que no saben cuáles son las funciones que desempeñan estos cargos

Ipsos, empresa de investigación de mercados y opinión pública, divulgó su informe N°31 “Claves Ipsos” correspondiente al mes de julio, que encuestó a 800 personas con el fin de identificar las principales opiniones y comportamientos de las y los ciudadanos respecto de temas de interés para el país. En esta edición, se abordó el conocimiento sobre las elecciones municipales 2024 y los perfiles que prefieren los chilenos para los próximos alcaldes. 

Conocimiento sobre las elecciones municipales

El estudio reveló que 85% de las personas encuestadas ha escuchado sobre las elecciones municipales de octubre, siendo la población más joven (18-29 años) quienes muestran menor conocimiento del tema (77%). Respecto del nivel de información que manejan, siete de cada diez personas indicaron estar algo informada (69%) y un 14% muy informada. 

Pero, sólo 55% sabe que se votará por concejales y menos de la mitad sabe sobre la elección de gobernadores (35%) o de consejeros regionales (30%). Estos datos contrastan con el 91% que sabe que se votará por alcaldes. Adicionalmente, 67% considera que es importante participar en estas elecciones. 

A la fecha de la encuesta, 64% indica que aún no tiene alguna preferencia para la alcaldía de su comuna y sólo un 36% ya tiene candidato. 

“Las elecciones municipales se instalan en la mente de los votantes como un equivalente a elegir un alcalde o alcaldesa. Preocupa el alto nivel de desconocimiento respecto de que se votará por concejales, gobernadores y consejeros regionales. La existencia de cuatro papeletas, las que tendrán probablemente muchos nombres en cada una, sería una mala sorpresa para el votante si las elecciones fueran en los próximos días. Se espera que este desconocimiento retroceda en la medida que se acerque la fecha de la votación. Pero, se detecta una necesidad de mayor educación cívica sobre la comuna y su organización que permita comprender a futuro estos votos a emitir”, indicó Alejandra Ojeda, directora de estudios públicos de Ipsos Chile.

Preferencias en perfiles para la alcaldía

Se consultó sobre cuáles serían los atributos más importantes para la definición del voto. El resultado indicó que la experiencia previa en cargos públicos (68%) y la residencia en la comuna (61%) son los dos atributos más esperados por las y los votantes. Mientras que las características más deseadas para el futuro edil serían su transparencia (25%) y la capacidad de tomar decisiones, aunque sean impopulares (18%).

Sobre los perfiles que generan más confianza en la población están las personas con experiencia previa en cargos comunales o regionales (61%), personas con trayectoria política y/o experiencia en cargos públicos (49%) y personas con experiencia en juntas de vecinos, sindicatos u otra organización (43%). 

Por el contrario, los que generan más desconfianza para la alcaldía corresponden a personas conocidas en la comuna donde reside el votante como locutores de radio, televisión o rostros famosos (33%), dirigentes de movimientos ciudadanos en una temática como medio ambiente o mujeres u otra (28%) y las personas comunes y corrientes que viven como el votante (28%).

Entre las preferencias de las personas, hubo alto consenso a preferir a candidatos cuya edad esté entre 45 y 59 años (53%), personas con estudios universitarios (55%) y personas que sean o hayan sido residentes habituales en la comuna donde son candidatos (86%). Mientras que es indiferente si el sexo de la persona candidata (67%) o su orientación religiosa (75%).

Pero, la orientación política divide las opiniones: 31% indica que le es indiferente, 25% preferiría una persona que no tenga cercanía con ningún partido, 24% prefiere a alguien de derecha, 12% a un candidato de izquierda, y 8% a alguien de centro.

Las propuestas que más influirán en el voto de las y los chilenos son la seguridad pública (61%), la infraestructura (53%) y el desarrollo económico local (42%). Por otra parte, el cuidado del medioambiente (13%) y el fomento de la cultura y el deporte (14%), fueron los menos importantes para las personas encuestadas. 

“Para la alcaldía, las y los votantes están buscando personas que les den la seguridad de que saben lo que están haciendo. Por eso, los perfiles más buscados están relacionados con la experiencia, con el nivel de estudio superior y, principalmente, con el conocimiento de la comuna a través de la residencia en el lugar. Además, las propuestas con relación a la seguridad pública en la comuna tendrán un importante protagonismo en esta elección”, comentó Ojeda.

Conocimiento e importancia atribuida a cargos que se elegirán 

El estudio evidenció que existe un alto nivel de desconocimiento de las funciones de los cargos a elegir, especialmente de concejales (63%), gobernadores (73%) o consejeros regionales (80%).

Sobre la importancia que tienen las personas electas en la calidad de vida de su comuna, un 81% dijo que el alcalde era muy importante, mientras que los concejales (65%) y gobernadores (63%) bajaban en comparación a los ediles. Quienes tenían menos influencia para mejorar la calidad de vida de la gente fueron los consejeros regionales (59%).

Informe revela un dramático aumento en los intentos suicidas y pensamientos suicidas entre los jóvenes. Esto se suma a que el 40% de las llamadas a la línea de prevención del suicidio no están siendo atendidas por falta de personal.

La diputada Natalia Romero expresó su profunda preocupación ante las alarmantes cifras de depresión juvenil y la falta de respuestas del sistema público en salud mental, lo que ha impulsado su llamado urgente al Ministerio de Educación (Mineduc) y al Ministerio de Salud (Minsal) para que implementen talleres permanentes de prevención del suicidio en los colegios del país.

La parlamentaria destacó que la crisis de salud mental en niños y adolescentes en Chile es innegable, situación que quedó en evidencia con la publicación del "Primer Informe Nacional de Bienestar de la Niñez" del Observatorio Niñez de Fundación Colunga que reveló que 1 de cada 5 adolescentes presentan sintomatología depresiva. El mismo estudio reportó un aumento en la tasa de niñas y niños atendidos en el sistema público por intento o ideación suicida.

"Me preocupa que estas cifras estén pasando desapercibidas y que las autoridades de Gobierno no estén actuando con la urgencia que se requiere. Estamos hablando de niños y adolescentes que a su corta edad ya tienen pensamientos suicidas", subrayó Romero.

La situación se agrava aún más por las deficiencias en la Línea de Prevención del Suicidio (LPS) del Minsal inaugurada en 2023, que enfrenta una grave falta de personal. A pesar de que se anunció que el programa contaría con 43 psicólogos, la realidad es que apenas hay 29. Esto implica que un 40% de las llamadas no fueron atendidas este año, es decir, 2 de cada 5 personas no recibió ayuda.

“Este Gobierno se comprometió a mejorar la salud mental, pero no basta con implementar programas solo por cumplir. Las soluciones deben llegar a quienes más lo necesitan y hoy eso no está ocurriendo. Creo importante abordar esta situación poniendo como urgencia en los niños, adolescentes y jóvenes, quienes son más vulnerables”, denunció la diputada.

Romero señaló que los colegios son el primer frente donde debe abordarse la prevención del suicidio: “Así como el Gobierno ha invertido recursos en talleres de sexualidad, es imprescindible que también se implementen talleres permanentes de salud mental y prevención del suicidio. La salud mental es igual de urgente y debe estar en el centro de nuestra preocupación", afirmó.

Además de los talleres preventivos, la congresista propuso capacitación para Educadores, de manera que estén mejor preparados para identificar señales de alerta en sus estudiantes y actuar adecuadamente; integración de recursos digitales que ofrezcan recursos sobre salud mental y que permitan a los jóvenes acceder a información y apoyo de manera anónima y segura; y campañas de concientización para que los estudiantes se atrevan a pedir ayuda.

“La depresión y el suicidio es un problema que tenemos que abordar con urgencia como sociedad. La salud pública ha demostrado ser un fracaso en esta área y por eso creo importante que sea un tema que se comience a trabajar desde los colegios. La salud mental de nuestros niños tiene que ser hoy una prioridad”, concluyó la diputada Romero.

El representante de O’Higgins acudió a La Moneda para proponer distintas alternativas ante el aumento de las tarifas eléctricas, que en la región subirán -en promedio- más de un 30%.

En el marco del excesivo aumento que -a partir de este mes- sufrirán las cuentas de la luz en prácticamente todo el país, el diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), asistió este viernes al Palacio de La Moneda para proponerle al Presidente Gabriel Boric una serie de alternativas para apoyar a las familias que se verán más afectadas por las nuevas tarifas eléctricas.

Al respecto, cabe recordar que el parlamentario gremialista advirtió hace casi un mes que las cuentas de la luz, en el caso de O’Higgins, iban a subir -en promedio- un 31% durante julio, según el nivel de consumo de cada hogar, lo que implica un alza, en muchos casos, de más de $30 mil pesos al mes.

Por lo mismo, y ante la poca voluntad que durante las últimas semanas había mostrado el Ejecutivo para mejorar el subsidio eléctrico aprobado en abril de este año, que por ahora sólo beneficiará al 40% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares, el representante del Distrito 16 decidió proponer, en primer lugar, que en vez de una subvención se entregue una transferencia directa de recursos -tipo bono de invierno- para todas las familias vulnerables del país, lo que permitiría ayudar a más de diez millones de personas que actualmente están en dicha condición.

“El Gobierno no puede seguir de brazos cruzados viendo cómo, de la noche a la mañana, millones de familias de nuestro país sufrirán un alza en las cuentas de la luz que, de acuerdo a lo que han reconocido las propias autoridades, partirá en los $8 mil pesos y podría superar incluso los $30.000 al mes. Estamos hablando de un incremento absolutamente inviable para muchos chilenos, que lamentablemente no tendrán cómo financiar estas desmedidas alzas, y sin embargo no hemos visto una reacción acorde y oportuna de parte de las actuales autoridades”, criticó el diputado Cornejo.

Producto de lo anterior, además de reemplazar el actual subsidio eléctrico por un bono de invierno, que se transfiera de manera directa a los más vulnerables, el parlamentario por O’Higgins también propuso ampliar la cobertura del beneficio y extenderlo a las familias de clase media, lo que se podría financiar con la recaudación adicional del IVA y con una redistribución del royalty minero.

En ese sentido, y como tercera medida, Cornejo solicitó al Presidente Boric enviar -a la brevedad posible- una ley corta al Congreso Nacional, para que los emprendedores y las pymes que no reciban ningún tipo de ayuda, puedan pactar el alza a través de cuotas, sin que les cobren multas ni intereses.

“Lamentablemente, muchos suelen creer que los que más consumen electricidad son los hogares de mayor ingreso de nuestro país, pero dentro del segundo y tercer tramo -que son los que sufrirán un alza mayor- también están los pequeños locales comerciales, los negocios de barrio y, en definitiva, todas las pymes. Por eso es importante que el Gobierno entienda la magnitud de esta crisis y no sólo proponga una ayuda para los emprendedores, sino que también para las familias de clase media y todas las personas vulnerables de nuestro país”, reiteró el diputado Eduardo Cornejo.