• Autoridad señaló que se busca aumentar a un 25% anual la evaluación de la oferta programática, que actualmente fluctúa entre un 6% y 8% anual.
• Asimismo, indicó que la Agencia “no va a estar cambiando o imponiendo al Gobierno cosas distintas que hacer. Lo que sí va a buscar es que aquellos programas o aquellas regulaciones que se proponen sean lo más eficaces y eficientes posible para el logro de su objetivo”.

Santiago, este miércoles 08 de mayo de 2024.- Abordando un nuevo componente del Pacto por el Crecimiento Económico, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este martes a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Esta nueva entidad tendrá autonomía respecto del ciclo político, y su objetivo será propender al impacto positivo de las iniciativas de política pública sobre la eficiencia y el bienestar, velando por el uso eficiente de los recursos y el ejercicio de las facultades del Estado.

En su presentación, el ministro ahondó en la necesidad de avanzar en la creación de esta entidad y explicó que a nivel público “todos los años se evalúan 20 o 25 programas. Con los años, con todo lo que se ha acumulado hasta ahora, desde el 2018, se han hecho 137 evaluaciones que abarcan 241 programas, correspondientes a una oferta programática de 700 programas públicos. Y por lo tanto eso significa que Chile, en términos de desarrollo de capacidad en materia de evaluación, estamos muy avanzados”. Continuó la autoridad, “pese a esa experiencia, hay ámbitos que no están sistemáticamente abordados, por ejemplo, la evaluación de impacto regulatorio. Y en lo que es la evaluación de resultados, se evalúa entre 6% y 8% de la oferta programática anualmente. Buscamos que esas cifras se acerquen a un porcentaje del 25%”. 

La iniciativa propone que, entre sus funciones principales, la Agencia realice evaluaciones Ex-Post, que actualmente recaen en la Dirección de Presupuestos (DIPRES), guiada por un Plan Anual de Evaluación que se consultará a los(as) ministros(as) de Hacienda, Secretaría general de la Presidencia, Economía, Desarrollo Social y a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional. También se encargará de las buenas prácticas regulatorias y la evaluación de impacto regulatorio ex-ante, ejerciendo funciones rectoras, fijando estándares, guías metodologías y procedimientos. 

Asimismo, entregará recomendaciones sobre problemas públicos y de productividad, asumiendo funciones que actualmente ejerce la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y, a su vez, la Agencia podrá gatillar por sí misma estos procesos. Respecto de mecanismos de mejora, acompañará a organismos responsables en la elaboración de planes para acoger recomendaciones que emanen de procesos de evaluación ex–post y hacerles seguimiento.

“Lo que hace esta agencia es que integra 100% a la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad. No es que se quede un cascarón vacío en otro lado y la gente se vaya a esta agencia. Se traslada toda la función y todo el equipo se incorporará a esta Agencia. Lo mismo que todo el equipo que se dedica a evaluación en la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos. Dado que su expertise está más ligada a las regulaciones y a la productividad, probablemente ello va a ser la base de lo que haga la Agencia en esa materia; mientras que  el personal que va a venir de la Dirección de Presupuestos, cuya expertise es la evaluación de programas, será la base para esa función”, detalló Marcel respecto de los traspasos de dotación de la CNEP y Dipres. 

“La Agencia entrará en operaciones un año después de promulgada la ley. El proyecto establece que para la elaboración del Plan Anual de Evaluación de Resultados, la Agencia deberá consultar a los ministros y ministras de Hacienda, Segpres, Economía, MIDESO y a la Comisión Mixta de Presupuestos, para reforzar su vínculo con el ciclo presupuestario”, explicó la subsecretaria Heidi Berner. 

Berner agregó que otro elemento clave es que se trata de una agencia que posee autonomía técnica y cuenta con su propio consejo: “Pero, junto con eso, debe ser una institucionalidad que permita tener injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones, razón por la cual se vincula con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda”.

Institucionalidad de la Agencia

El proyecto considera las siguientes atribuciones para esta nueva Agencia: dictará directrices y lineamientos para la estandarización de los procedimientos técnicos de evaluación de diseño de programas sociales y no sociales; evaluará, por sí o a través de terceros evaluadores, las políticas, prácticas, planes y programas sociales y no sociales de los órganos de la Administración del Estado definidos previamente en el Plan Anual de Evaluación; elaborará el Plan Anual de Evaluación de Resultados; promoverá el uso de buenas prácticas e instrumentos de mejora regulatoria; realizará y publicará un informe anual; colaborará con los órganos de la Administración del Estado en el diseño e implementación de sus Planes de Mejora; elaborará lineamientos, guías o manuales aplicables a la evaluación de políticas, normas, planes y programas públicos; publicará los resultados de los procesos de evaluación, estudios, informes; capacitará en materias de su competencia; solicitará a otros órganos de la Administración del Estado la información y antecedentes necesarios para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones; colaborará con otros órganos de la Administración del Estado para que puedan acceder, de conformidad a la normativa vigente, a la información; fomentará la vinculación, la colaboración y la cooperación, a nivel nacional e internacional; elaborará y entregará a Presidencia un reporte anual.

“La definición de planes y programas de política pública es una función fundamentalmente política, es una responsabilidad de la autoridad política, propia del ejercicio del Ejecutivo, con los contrapesos en el Congreso, fundamentalmente a través del proceso presupuestario. Entonces, si se va a crear una agencia de carácter técnico, no es una entidad para reemplazar o para sustituir las definiciones de política que tenga el Gobierno. Los Gobiernos tienen ciertas prioridades, propósitos y programas. Y no va será esta Agencia la que va a estar cambiando o le va a estar imponiendo al Gobierno cosas distintas que hacer, lo que sí va a buscar es que aquellos programas o aquellas regulaciones que se proponen sean lo más eficaces posible para el logro de su objetivo”, precisó la autoridad respecto del rol que cumplirá esta entidad.

La gobernanza de la Agencia estará compuesta por un consejo de cinco miembros, encabezado por su presidente, quien ejercerá como jefe del servicio. Los consejeros/as serán designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros, y durarán 5 años en sus funciones. 

Al Consejo le corresponderá aprobar todos los lineamientos, estándares, guías o manuales que deberá dictar a la Agencia; los Planes Anuales de Evaluación de Resultados; las normas necesarias para la realización de la evaluación de impacto regulatorio; el informe anual sobre el desempeño de su objeto y el ejercicio de sus funciones; estándares, guías o manuales aplicables a la evaluación de programas públicos que realicen los órganos de la Administración del Estado; reportes de seguimiento de Planes de Mejora; y las bases de licitación para la selección de terceros evaluadores y su contratación.

La Agencia tendrá una dotación de 39 funcionarios en régimen, los que podrán ser traspasados desde la Dipres (hoy se traspasarían 11 funcionarios) y la CNEP (hoy se traspasarían 18). El costo fiscal en régimen se proyecta  en $2.928 millones al año que comprende las dietas del Consejo, y otros gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de la agencia considerando que se traspasarán los recursos de CNEP y Dipres ($2.111 millones). 

• Titular de Hacienda encabezó dos reuniones con partidos de oficialismo y oposición, donde también se dio a conocer una síntesis de los temas conversados.
• Subsecretaria Berner destacó coincidencias en materia de modernización del Estado

Este jueves fue una jornada doble de reuniones con los representantes de los partidos de oficialismo y oposición para continuar abordando los contenidos del Pacto Fiscal. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lideró ambos encuentros, acompañado de la subsecretaria de la cartera, Heidi Berner y los coordinadores tributarios Diego Riquelme y Nicolás Bohme. 

En la primera cita se abordó el eje de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que se centra en cuatro grandes focos: modernización de la administración tributaria y los Tribunales Aduaneros Tributarios (TTA); justicia y equidad tributaria; medidas contra la informalidad; y el fortalecimiento de la Defensa del Contribuyente. A este respecto la subsecretaria Berner destacó que “tanto desde el punto de vista de las medidas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias como en las materias de modernización del Estado ha habido un alto consenso en la necesidad de fortalecer las capacidades fiscalizadoras, en particular del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos”.  

En cuanto al primer foco, de modernización de la administración tributaria y los TTA, se busca actualizar las normas sobre cumplimiento y los procedimientos ante los tribunales, para mejorar la relación con el contribuyente. Esto también se hace extensivo a otros servicios relacionados, como Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República. 

En esa línea, se plantean modificaciones para el procedimiento de levantamiento de secreto bancario, una regulación para la fiscalización de grupos empresariales, nuevas formas de determinar la tasa de interés, actualización de normas sobre devolución de IVA y actualización de la norma que permite declaración de deudas incobrables en la Tesorería, entre otras medidas. 

Para combatir la informalidad, entre las propuestas sobre la mesa están eliminar la exención de IVA a la importación de bienes, medidas precautorias para asegurar la persecución de la informalidad y sanciones equiparables a la clausura del establecimiento a quienes no emitan documentos tributarios. 

En términos de justicia y equidad tributaria, el objetivo, por un lado, es combatir la evasión, para lo que se propone buscar sanciones efectivas para los delitos de este tipo, introducir la figura del denunciante anónimo y crear un nuevo delito para quien disminuya su pasivo sin justificación con el objeto de frustrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por otro lado, se busca prevenir y controlar el uso de resquicios legales para estos efectos, mejorando las normas anti elusivas, reducir espacios de elusión en impuesto a la herencia y donaciones, entre otras. 

Finalmente, en el fortalecimiento de la Defensa del Contribuyente, se plantea ampliar facultades para representar ante Impuestos Internos actuaciones de fiscalización, incorporar dentro de sus funciones la enseñanza y difusión en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y asesorar a los contribuyentes ante procedimientos de cobranza con Tesorería. 

En la segunda reunión, en tanto, se presentó a los partidos una síntesis del trabajo ya realizado, con respaldo transversal a las prioridades de gasto, la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, además de una serie de consensos en materia de permisos, por mencionar algunas. “En cuanto a la evaluación de programas y de impacto regulatorio hay bastante acuerdo en la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, dirigida por un cuerpo colegiado que garantice su autonomía técnica, y cuyas recomendaciones tengan incidencia en la toma de decisiones”, afirmó la subsecretaria. 

Aún quedan reuniones con los representantes de los partidos y con otras carteras. Una de ellas es Economía, con la que se prevé abordar temáticas de litio, cobre e Hidrógeno Verde. 

Listado de asistentes

Por el FREVS, el asesor Sebastián León

Por el Partido Comunista, los asesores Cristián Cataldo y Elías Mella

Por Revolución Democrática, la asesora Rocío Fondó

Por Convergencia Social, el asesor Mauricio Pardó

Por el PPD, los asesores Álvaro García y Reinaldo Monardes 

Por el Partido Socialista, el asesor Gonzalo Urrutia

Por el Partido Liberal, su presidente Juan Carlos Urzúa y el asesor Jesús Agüero

Por Acción Humanista, el asesor Jordan Gajardo

Por la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Provoste y los asesores Alejandra Núñez y Julio Valladares

Por Amarillos, los asesores Ricardo Escobar, Gabriela Ruitort, René Cortázar y Jaime Abedrapo Por el Partido Socialcristiano, la asesora Sintia Leyton Por el Partido de la Gente, la asesora Denisse Catalán

Por Avancemos Chile, el asesor Eduardo Magaña

Por Evópoli, el asesor Juan José Obach

Por Renovación Nacional, los asesores Daniel Muñoz y Sebastián Amado

Por la UDI, las asesoras Bárbara Bayolo y Carolina Fuensalida

• 43 comunas de las regiones mineras (Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins) recibirán un adelanto en la entrega de los recursos, inicialmente contemplados para el año 2025. Con esto, se verán directamente beneficiadas dos millones y medio de personas.
• Ministro Marcel explicó que “dado que estos son recursos que se van a recibir desde el año 2024 y luego serán duplicados del 2025 en adelante, permitirá también hacer planes a mediano plazo, no solamente inversiones que se completen en el curso del año”.

Machalí, 31 de enero de 2024.-

Cumpliendo uno de los compromisos adquiridos para la Ley de Presupuestos 2024, el Gobierno dio a conocer las comunas que se beneficiarán por el Fondo Puente de Comunas Mineras, cuyo fin es adelantar, con cargo a fondos fiscales, recursos por el equivalente al 50% de lo que se establece en la Ley de Royalty Minero. 

 En total son 43 comunas de seis regiones las que recibirán $22.891 millones, replicando la estructura del Fondo de Comunas Mineras creado con el Royalty, adelantando desde 2025 a 2024 estos ingresos. Los recursos serán transferidos en abril a los municipios, los que podrán disponer libremente de ellos bajo estrictos estándares de transparencia. 

En la presentación a los vecinos, realizada en el Centro Cultural de Machalí, región de O’Higgins, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “dado que estos son recursos que se van a recibir desde el año 2024 y luego serán duplicados del 2025 en adelante, permitirá también hacer planes a mediano plazo, no solamente inversiones que se completen en el curso del año. También significa poder complementar recursos del Gobierno Regional con aportes de los municipios o recursos del Gobierno Regional en los municipios, con aportes de los ministerios sectoriales para desarrollar proyectos”. 

Además, la autoridad explicó que “los recursos que se van a distribuir a municipios y regiones no son el total de la recaudación. También se comprometió, como parte del acuerdo político para aprobar el Royalty, aportar recursos a inversiones en seguridad ciudadana. Todos sabemos lo importante que es el tema”. 

 Este fondo será destinado a aquellas comunas pertenecientes a regiones mineras donde se ubiquen refinerías, fundiciones, yacimientos y depósitos de relave activo asociado a explotadores mineros sujetos al Impuesto Específico a la Minería durante el año tributario 2023. Además, será destinado a comunas pertenecientes a regiones mineras donde se ubiquen relaves abandonados de carácter prioritario o puertos cuya actividad esté asociada mayoritariamente a la actividad minera. Las comunas elegibles por ser parte de una región minera, de acuerdo a la definición de la Ley de Presupuestos del año 2024, son las que pertenecen a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Para determinar qué zonas recibirán recursos, la mesa de trabajo compuesta por el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), sesionó durante cinco meses y estableció que las comunas deben cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 

• Poseer yacimientos mineros operados por empresas sujetas al Impuesto Específico a la Minería (IEM) durante el año tributario 2023. Se consideran minas a rajo abierto, minas subterráneas y pozos de extracción, en estado activo, paralizado por medida provisional, o irregular operativo.
• Poseer refinerías y/o fundiciones operadas por empresas sujetas al IEM el año tributario 2023. Las instalaciones deben estar activas, paralizadas por medida provisional, o irregular operativa.
• Poseer relaves activos operados por empresas sujetas al IEM el año tributario 2023, incluyendo dentro de esta categoría los relaveductos.
• Poseer relaves abandonados de carácter prioritario. Para ser considerado prioritario, el relave abandonado debe estar a menos de un kilómetro del centro de una zona urbana (ciudad o pueblo).
• Poseer puertos cuyas exportaciones mineras representen más del 50% del total de exportaciones.

La Subdere emitirá próximamente una resolución en la que determinará, en base a criterios objetivos establecidos en un Documento Metodológico, la manera en que se distribuirán los casi $23 mil millones asignados, que irán en beneficio directo los más de dos millones y medio de personas que viven en esas zonas. 

Cabe recordar que los aportes establecidos en el Fondo Puente a través de la ley de Presupuestos 2024 son adicionales, y en ningún caso reducirán los aportes que se recibirán desde el año 2025.

Los municipios deberán informar trimestralmente al Congreso cómo se están usando los recursos, en un compromiso de transparencia y probidad que también fue relevado por el ministro Marcel: “Esto, demás está decirlo, va a ser mirado con lupa por los medios, por los parlamentarios; y es importante que podamos mostrar buenos proyectos, proyectos en beneficio de la comunidad, proyectos con visión de mediano y largo plazo que resuelvan necesidades inmediatas, pero también las que vienen a futuro. Y de esa manera demostrar que, en contraste quizás con otras comunas más ricas donde hemos visto recientemente ciertos escándalos de fraude, comunas rurales, mineras, de gente de trabajo, son capaces de usar bien estos recursos, dar cuenta de ello a la comunidad y demostrar que haber aprobado el Royalty Minero, haber logrado los acuerdos políticos que necesitamos para hacerlo, fue un paso importante en la descentralización, en el progreso social y en la responsabilidad fiscal”, finalizó Marcel. 

En el anuncio también estuvieron presentes el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud; el Delegado Presidencial

Regional, Fabio López; el Gobernador Regional, Pablo Silva; el senador Juan Luis Castro; las diputadas Marcela Riquelme, Marta González y el diputado Raúl Soto; además de vecinos y vecinas de la zona. 

Comunas beneficiadas

Por región reciben: 

• En Tarapacá: Iquique, Pozo Almonte y Pica.
• En Antofagasta: Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, Calama, Ollagüe, San Pedro de

Atacama, Tocopilla, María Elena.

• En Atacama: Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla,

Vallenar.  

• En Coquimbo: La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Illapel, Canela, Los Vilos, Salamanca,

Combarbalá, Punitaqui.

• En Valparaíso: Puchuncaví, Los Andes, Calle Larga, Cabildo, Petorca, Nogales, Catemu.
• En O’Higgins: Rancagua, Coltauco, Doñihue, Machalí, Requínoa, Litueche.

Otros aportes contemplados en el Royalty 

La Ley de Royalty a la Minería establece que una parte significativa de la recaudación, equivalente a 450 millones de dólares, va a destinarse en favor de las regiones y municipios del país. Dicha ley establece que los recursos se distribuirán desde el año 2025 entre los siguientes fondos: 

• Fondo para la Productividad y el Desarrollo, de 225 millones de dólares a beneficio de los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales. Este Fondo beneficiará a todos los gobiernos regionales, siguiendo los criterios de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, de 170 millones de dólares a beneficio de alrededor de 300 comunas vulnerables, que son las más dependientes al Fondo Común Municipal. Estos recursos llegarán a cerca de 11 millones de personas.
• Fondo de Comunas Mineras, de 55 millones de dólares para compensar externalidades negativas en municipios que tengan faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, relaves, puertos, etc. Este fondo beneficiará a alrededor de 43 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

• Asimismo, el secretario de Estado destacó las oportunidades que se abren con la explotación de litio y el interés que ha despertado en inversionistas extranjeros.
• Marcel: "Y en litio tenemos muchos actores, muchos inversionistas interesados en entrar en esta industria en Chile. El país hoy día tiene la oportunidad de dar un salto muy importante en términos de la dinámica de su desarrollo".

Toronto, Miércoles 28 de junio de 2023.- El ministro de Hacienda, Mario Marcel, continuó con la ronda de reuniones con inversionistas en la segunda jornada de Chile Day, que hoy tuvo como sede la ciudad de Toronto en Canadá. La iniciativa que partió ayer en New York es organizada por InBest Chile y el Ministerio de Hacienda con el fin de promover el mercado financiero chileno como destino de inversión en el contexto global.

El día partió con una reunión del ministro con representantes de fondos de inversión y fondos de infraestructura, en las cuales fue acompañado por el director general de concesiones, Juan Manuel Sánchez.

Luego, el secretario de Estado expuso su presentación "Construir una transición desde la crisis económica y social, a un crecimiento fuerte, inclusivo y sustentable en Chile". En ella abordó la evolución de la economía chilena, cómo se ha ajustado tras los desbalances de 2021 y parte de 2022, y la búsqueda de un Pacto Fiscal para financiar las necesidades sociales y modernizar el Estado.

Asimismo, el ministro Marcel anunció que la próxima semana se darán a conocer nuevas líneas de base para la evaluación ambiental de los proyectos de hidrógeno verde, que estarán a cargo del Ministerio de Medioambiente. "Eso acortará el proceso de evaluación y lo hará más barato porque es bastante costoso construir la base proyecto por proyecto. Hay una serie de otros pasos que hemos tomado, pero estamos cortos de tiempo (para enumerar todas). Hemos tenido muchos países en el mundo diciendo que quieren hacer hidrógeno verde", explicó Marcel.

Durante la tarde, el secretario de Estado sostuvo una reunión bilateral con la viceprimera ministra y ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, donde abordaron diversos temas como los problemas ambientales y los desafíos que supone mejorar el sistema de permisos para los proyectos de inversión. Luego, la autoridad conversó con Scott Thompson, CEO Global de Scotiabank, cita a la que también asistieron otros representantes de Scotiabank Chile. La conversación giró en torno a las grandes inversiones canadienses en nuestro país y la situación de la economía en general. Más tarde, la autoridad se reunió con un grupo de inversionistas chilenos, donde hubo representantes del sector de la construcción, la banca, salud y fondos de pensiones.

Más tarde, Marcel se encontró con inversionistas canadienses representantes de empresas ligadas al litio, banca, energías renovables, minería del cobre y fondos previsionales, donde se conversó, entre otras cosas, sobre la implementación de la política nacional del litio. "En Chile tenemos una gran oportunidad con este cambio que está teniendo la economía mundial. A veces en Chile hablamos de hidrógeno verde como si fuera una cosa de ciencia ficción y resulta que en Chile tenemos 40 proyectos en desarrollo de hidrógeno verde. Y en litio tenemos muchos actores, muchos inversionistas interesados en entrar en esta industria en Chile. El país hoy día tiene la oportunidad de dar un salto muy importante en términos de la dinámica de su desarrollo gracias a este cambio que está ocurriendo en la economía mundial. Para ello necesitamos las políticas adecuadas y necesitamos también las inversiones, para poder materializar ese cambio", indicó el ministro.

Y para finalizar el día, el ministro se reunió con James Neate, CEO y Corporate Investemt Bank de Scotia, en un saludo protocolar que también sirvió para hablar sobre la inversión extranjera en Chile y las energías renovables.

Agenda última jornada

La última jornada de Chile Day será este jueves 29 en la ciudad canadiense y comenzará con una visita de la delegación local a la Toronto Stock Exchange, donde se efectuará la ceremonia de apertura del mercado. Luego, el ministro de Hacienda tiene contemplado reuniones con representantes de la minera Teck y participar en un panel de conversación sobre la reforma al sistema de pensiones. Tras cerrar su participación en las actividades de Chile Day, la autoridad finalizará con una serie de reuniones "uno a uno" con inversionistas organizada por Scotiabank.

• Autoridad expuso principales cifras de las arcas fiscales y detalló los lineamientos del Presupuesto 2024, cuya expansión del gasto público será de 3,5%. 
• Con este hito se da el vamos a la discusión presupuestaria para el próximo año.
• Marcel reiteró urgencia de financiar de forma estructural el gasto social, especialmente en pensiones: “Si no lo arreglamos ahora en el camino se va a desarreglar la carga, se va a desestibar este barco, y eso es lo que no quisiéramos ver”.

Valparaíso.- En una detallada presentación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso el Estado de la Hacienda Pública 2023 ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, marcando el hito que da inicio a la discusión de la Ley de Presupuestos para el próximo año. El secretario de Estado abordó los cinco frentes que han sido prioritarios para la cartera desde que asumió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, como son la estabilización de la economía; la recuperación de las finanzas públicas; la protección de los hogares de bajos ingresos; el avance de las reformas comprometidas por el Gobierno y el desarrollo de una agenda de crecimiento económico sostenible e inclusivo. También, aprovechando la instancia, anunció el envío de nuevos proyectos.

En materia de estabilización de la economía y recuperación de las finanzas públicas, Marcel repasó las principales cifras de este proceso, entre las que destacan el primer superávit fiscal en una década ocurrido en 2022, siendo una de las consolidaciones fiscales más profundas a nivel mundial con 1,1% del PIB. Asimismo, la inflación ha mantenido una trayectoria sostenida a la baja y en agosto llegó a 5,3% en su medición a 12 meses, reduciéndose 8,8 puntos desde el peak alcanzado en agosto del año previo. Se espera terminar el año con un crecimiento nulo, desestimando con ello las proyecciones que anticipaban un 2023 recesivo. En tanto, se estima un déficit efectivo para este ejercicio de 2,3%, y un estructural de 2,6%.

Respecto de las reformas comprometidas por el Gobierno, el ministro explicó que las presiones sobre el gasto público han excedido el incremento de los ingresos fiscales estructurales, generando sostenidos déficits y un incremento de la deuda pública bruta desde cifras de 5% del PIB en 2008 a 38% del PIB en 2022. Dichas presiones han correspondido principalmente a necesidades de gasto en Salud y Protección Social, que explican cerca del 60% de la expansión. Si a eso se suma el gasto en Educación, la proporción alcanza los tres cuartos. 

Por lo mismo, Marcel reiteró la urgencia de responder a esas necesidades de manera más estructural, toda vez que ello también garantiza sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, pero sobre todo teniendo en cuenta la evolución demográfica de nuestro país, donde la cantidad de adultos mayores crecerá a un ritmo de 4% anual. “Quien crea que en el camino se va a arreglar la carga, lamentablemente puede cometer un grave error. Este tipo de desafíos que tenemos en materia fiscal, derivado no de una cuestión ideológica, sino derivados de la evolución de nuestra economía y del perfil de nuestra población, son temas que tenemos que ser capaces de abordar. Si no lo arreglamos ahora en el camino se va a desarreglar la carga, se va a desestibar este barco, y eso no lo quisiéramos ver”, señaló. 

Presupuesto 2024 

Con la presentación del Estado de la Hacienda Pública se inicia la discusión del Presupuesto 2024, cuyos detalles fueron explicados por el ministro Marcel. La propuesta se enmarca en las proyecciones de un crecimiento del PIB de 2,5%, lo que representa una consolidación del crecimiento trimestral esperado para este segundo semestre de 2023, con un término del ajuste del consumo, una recuperación de la producción de cobre y un aumento de la inversión, además de la inflación convergiendo al rango meta del Banco Central. 

“No está demás dar las cifras estadísticas de una ley de Presupuestos. Una ley de Presupuestos contiene más o menos 8.000 cifras que corresponden a las asignaciones presupuestarias de más de 30 partidas presupuestarias, cientos de servicios públicos, varios cientos de programas presupuestarios, distribuidos en distintos ítems y asignaciones, 2.500 glosas, 43 artículos, una extensión de 850 páginas. Es como si cada año produjéramos el Quijote de la Mancha entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional”, acotó la autoridad.

El Proyecto continúa con las metas de política fiscal comprometidas al inicio de la actual administración enmarcadas en el Balance Estructural, lo que se traduce en una reducción del déficit efectivo a 1,9% del PIB, del balance cíclicamente ajustado a -1,9% del PIB y una deuda pública que se ubicará en 41,1% del PIB. En tanto, el gasto del gobierno central se expandirá en un 3,5% real, por sobre lo proyectado para 2023 (2,2%). Aún así, este es un presupuesto austero, pues comparado con la expansión del gasto público de los 15 años anteriores, equivale a 6,3% promedio anual. 

“Quisiera mencionar, además, que vamos a hacer una actualización del decreto (que fija metas de política fiscal) para recoger la recomendación que nos ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo de definir metas año por año, para que podamos evaluar correctamente cómo vamos avanzando cada año. Porque fijarse una meta fiscal para el último presupuesto que presenta una administración, que por lo demás lo va a ejecutar mayoritariamente la administración siguiente, se presta para una cierta creatividad y lo que queremos es que esta trayectoria fiscal sea lo más realista posible y deje a las finanzas públicas en una posición de estabilidad para que el gobierno siguiente pueda adoptar sus decisiones”, remarcó el ministro.

Este erario mantendrá el resguardo de las 3 seguridades -Económica, Social y Pública-, con foco prioritario en Salud, Vivienda, Educación, Reactivación Económica y Seguridad Pública. Todo este gasto social equivale en 4,6% del Presupuesto, destacando la importancia de la expansión en salud que por sí sola absorberá en 2024 más de un tercio del incremento del sector público.

La autorización de endeudamiento fue un tema de consulta recurrente por parte de los parlamentarios, por lo que el ministro explicó que “tenemos que distinguir entre varias cosas cuando hablamos de deuda. Una cosa es la autorización de endeudamiento que está contenida en el articulado de la Ley de Presupuesto, y otra cosa es lo que se requiere para financiar el balance fiscal. La autorización de endeudamiento cubre no solamente el financiamiento del déficit del año, sino que cubre el refinanciamiento de la deuda que vence en el año. También se contempla dentro de esa autorización la posibilidad de emitir deuda para pagar o mejorar el perfil de la deuda en el transcurso del año. Los US$21 mil millones que se citan, en realidad, suman dos materias que están en incisos separados”. 

Asimismo, el secretario de Estado detalló que la cifra que corresponde a endeudamiento propiamente, es decir, a emisión de bonos, asciende a US$19.500 millones, de los cuales cerca de US$7.200 millones corresponden a amortizaciones de deuda.  El resto corresponde a la necesidad de financiamiento propio del año, siendo una parte para déficit fiscal y otra para operaciones bajo la línea como los préstamos entregados por Tesorería o Indap.  “Esa es la composición de la autorización de endeudamiento. Pero eso no quiere decir que la deuda neta esté aumentando en US$19.500 millones. Está aumentando en el equivalente a esta diferencia entre 38,2 y 41,2% del Producto”, indicó Marcel, quien también aclaró que no se tenía previsto utilizar recursos de fondos soberanos.  

Otros anuncios

En el caso de las transferencias a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro mediante convenios, se revisan las normas del articulado de la ley y se reducen drásticamente las excepciones y casos especiales consignados en glosas presupuestarias. Todos los cambios en materia de transparencia implican más de mil modificaciones en el proyecto, destacó la autoridad. 

Por otra parte, para 2024 considerando el aumento de la inversión en términos reales de 4,1%, la cifra más alta en 8 años, se espera generar entre 100 y 120 mil empleos, resultado conjunto entre el crecimiento económico y la acción del Estado. 

Además, el ministro Marcel anunció el envío de nuevos proyectos. Con el objetivo de promover un mercado de capitales más profundo se avanzará en el proyecto de Ley que crea un Fondo de Garantías Especiales y la próxima semana va a ingresar una iniciativa con incentivos tributarios para la compra de viviendas del stock que se ha ido acumulando. “También, a fin de año vamos a agregar uno o más proyectos sobre un tema que es muy relevante para la estabilidad financiera, que es la resolución bancaria y la garantía de depósito. Este es un tema en el cual nosotros no tenemos legislación adecuada porque cuando un banco enfrenta problemas, ocupamos la misma normativa que se refiere a la quiebra de una empresa cualquiera, como una fábrica de zapatos, y eso no es un estándar adecuado. Por ello, varias veces se nos ha planteado en evaluaciones de regulación financiera sobre la necesidad de tener una legislación sobre resolución bancaria, y la vamos a presentar de aquí a fin de año”, concluyó el ministro Marcel.

• La iniciativa permitirá beneficiar a más de 1,3 millones de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con ventas anuales que no superen el millón de UF, las que podrán acceder a créditos con garantía estatal por un monto total de 24.000 UF.
• Los créditos tendrán una tasa de interés nominal de 3,5%, lo que, en las actuales circunstancias equivale a una tasa de interés real en torno a 0%.

Valparaíso, 16 de abril de 2020. Esta madrugada el Congreso aprobó el proyecto que capitaliza por US$ 3.000 millones el FOGAPE (Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios), lo que permitirá otorgar nuevos créditos por hasta 24.000 UF a empresas que necesitan liquidez para enfrentar los efectos económicos derivados de la expansión del Coronavirus (Covid-19) en Chile y el mundo.

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó la rapidez (3 días) en que fue aprobada la iniciativa. “Quiero agradecer al Senado y también a la Cámara de Diputados por la tramitación diligente, rápida, constructiva y con muchas buenas ideas para ir mejorando el proyecto. También a los partidos de Chile Vamos y de la oposición. Creo que el camino es trabajar juntos cuando los proyectos son en pos de los chilenos, de las familias chilenas y de sus ingresos”, resaltó la autoridad. 

Explicó que el objetivo de la Ley es facilitar el acceso recursos que puedan ir destinado a capital de trabajo para las Pymes vía créditos con garantía estatal otorgados por los bancos “de manera masiva y estandarizada”. 

La iniciativa permitirá beneficiar a más de 1,3 millones de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, con ventas anuales por hasta un millón de UF, lo que abarca al 99,8% de las firmas chilenas. Los créditos otorgados tendrán una tasa máxima –fijada por ley- de 3,5% nominal, lo que en términos reales es cercano a 0%. 

El Secretario de Estado indicó que es de vital importancia apoyar con recursos frescos a las empresas, en especial las Pymes, considerando que son “una fuente fundamental de la protección de los ingresos de nuestras familias y de la economía en Chile. Este proyecto apunta con mucha fuerza a proteger a nuestras empresas, porque detrás de ellas hay ingresos, empleos, familias, hay sueños”, destacó.

Agregó que “tenemos que hacer lo necesario en nuestras políticas públicas para evitar que este shock transitorio, que nos va a golpear con mucha fuerza, derive en efectos permanentes en términos de destrucción de empleo, empresas y de ingresos para las familias. La serie de medidas que hemos ido tomando se estructura en torno a proteger a los chilenos y chilenas”. 

Asimismo, recordó que se está trabajando en coordinación con las autoridades económicas del país, con el Banco Central, con la Comisión para el Mercado Financiero, de tal manera “de allegar las políticas correctas para aplacar el sufrimiento y el dolor que va a significar estos meses que siguen en lo económico y en lo social”. 

Sin embargo, agregó: “Vamos a levantarnos, vamos a levantarnos con fuerza y para eso tenemos que caminar muy, muy unidos”. 

Tras la aprobación en el Congreso, la autoridad informó que se está trabajando para que las facilidades de liquidez estén operativas a partir de la próxima semana.

Detalles del proyecto aprobado

La iniciativa legal permitiría garantizar nuevos créditos por un monto hasta US$ 24.000 millones, lo que equivale casi al 10% del PIB, gracias a la capitalización del FOGAPE que se anunció el miércoles 9 de abril por un monto de US$ 3.000 millones. 

De esta forma se busca entregar liquidez a las empresas para que puedan cubrir sus necesidades de capital de trabajo durante esta emergencia, lo que incluye pago de salarios, arriendos, suministros y otros.

Con esta iniciativa se amplía el número de empresas elegibles y la cobertura de garantías, según el tamaño de las empresas, de acuerdo al siguiente esquema:

• Para empresas con ventas inferiores a 25 mil UF anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo.
• Para empresas con ventas de entre 25 mil UF y 100 mil UF anuales esta garantía será de hasta 80%.
• Para empresas con ventas de entre 100 mil UF y 600 mil UF anuales esta garantía será de hasta 70%.
• Para empresas con ventas entre 600 mil UF y 1 millón de UF anuales esta garantía será de hasta 60%.

Marco fijado por el Gobierno con la banca

En paralelo a la tramitación del proyecto, el Gobierno anunció el 12 de abril un marco de condiciones con las cuales la banca deberá otorgar préstamos bajo la gestión del programa de garantías estatales destinado a facilitar el acceso de las empresas de recursos para capital de trabajo. Los elementos centrales del marco establecido por el Gobierno e informado a la banca son los siguientes:

1) Montos. 

Línea de Crédito Covid-19 para capital de trabajo por un monto equivalente hasta 3 meses de ventas en un período normal (octubre 2018-octubre 2019) para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón UF, abarcando a más del 99% del total de empresas existentes en el país.

2) Plazo. 

Esta línea tendrá 6 meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un período que irá entre 24 y 48 meses.

3) Tasa.

Los créditos tendrán una tasa de interés máxima (TPM+3%), lo que, en las actuales circunstancias equivale a una tasa de interés real en torno a 0%. Como se mencionó previamente, este elemento quedó establecido en la ley. 

4) Masividad. 

El compromiso de los bancos es ofrecer la línea de crédito Covid19 en forma masiva, expedita y estandarizada. Esto significa que estará disponible para la inmensa mayoría de quienes son clientes comerciales de los bancos, es decir 1,3 millones de potenciales beneficiarios, considerando personas jurídicas y personas naturales con inicio de actividades productivas, que cumplan con los requisitos de elegibilidad y ventas anuales inferiores a 1 millón UF. A su vez, se ha solicitado a la banca informar semanalmente las solicitudes y aprobaciones de forma de supervisar el cumplimiento de este compromiso y la transparencia del proceso.

5) Postergación de amortizaciones de otros créditos. 

Para las empresas que suscriban la Línea de Crédito Covid-19, los bancos postergarán cualquier amortización de otros créditos preexistentes por al menos 6 meses, de forma tal de aliviar la carga financiera en este difícil momento por el que atraviesa el país.  

6) Elegibilidad. 

Los criterios básicos de elegibilidad para acceder a estas garantías estatales serán que el cliente no se encuentre en un proceso concursal ni tenga más de 30 días de mora al 30 de marzo de 2020, o al 30 de octubre de 2019 para empresas con ventas menores a 25.000 UF.

En forma adicional, el marco establece que los bancos deberán informar semanalmente al Ministerio de Hacienda y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) las solicitudes y aprobaciones de créditos con garantía estatal que reciban y realicen. Esto permitirá dar transparencia del proceso.