Los representantes de O’Higgins emplazaron al Gobierno a crear un presupuesto en apoyo de los damnificados, además de decretar Estado de Catástrofe en todas las zonas afectadas.
A raíz de las graves consecuencias que ha provocado el actual sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de O’Higgins, Natalia Romero y Eduardo Cornejo, propusieron crear un fondo cercano a los US$ 500 millones para financiar la reconstrucción de todas las ciudades que se han visto damnificadas en las últimas horas.
Al respecto, y sin perjuicio de las ayudas que el Gobierno debiese anunciar, como la entrega de bonos de enseres, subsidios económicos, alivios tributarios e instalación de viviendas de emergencia, entre otras, los parlamentarios gremialistas aseguraron que, adoptando distintas medidas administrativas, las actuales autoridades podrían disponer de dicho presupuesto para ayudar a los damnificados.
“El Gobierno no sólo tiene la obligación de enfrentar esta emergencia utilizando todas las herramientas que tiene a su disposición, y que lamentablemente no lo han hecho, sino que también deben ser capaces de disponer de un presupuesto acorde a las graves consecuencias que ha provocado el sistema frontal. Hoy tenemos comunas y localidades que están absolutamente anegadas en la zona centro sur, los servicios básicos se han visto interrumpidos estos días, la conectividad vial también se ha visto muy afectada, y si no contamos con los recursos suficientes para avanzar de manera oportuna con el proceso de reconstrucción, difícilmente podremos ayudar a que todas estas comunas se levanten en el corto plazo”, señalaron Romero y Cornejo.
En esa línea, y además de solicitar al Presidente Boric que en vez de zona declare un Estado de Catástrofe en todas las regiones afectadas, los parlamentarios por los distritos 15 y 16 propusieron tres alternativas para financiar el fondo de US$ 500 millones que iría destinado a la reconstrucción.
La primera, mediante la reasignación de recursos públicos por medio de la suspensión de los contratos que se han suscrito -vía trato directo- con una serie de fundaciones y organizaciones, sobre todo las que están vinculadas a partidos políticos, como el caso de “Democracia Viva”, considerando que en apenas 15 meses el Gobierno ha transferido casi US$ 480 millones a distintas agrupaciones.
La segunda, utilizando los recursos destinados a programas que hoy no tienen el carácter de urgente, como los que se inmiscuyen en el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, o los que están destinados a enaltecer las violentas manifestaciones de octubre de 2019 . Y la tercera, por medio de los ingresos percibidos por el Estado a través del litio, evitando así los millonarios costos que implicaría crear una empresa estatal, tal como ya lo propuso el Ejecutivo.
“Si el Gobierno tiene la voluntad de apoyar en serio a las familias, agricultores y pymes damnificadas con esta grave emergencia meteorológica, deberían paralizar todos los programas que hoy no tienen urgencia y destinar esos recursos para lo verdaderamente importante”, reiteró Romero y Cornejo.
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