La parlamentaria por O’Higgins explicó que la iniciativa faculta a las policías a solicitar la ubicación de un dispositivo móvil y a recibir los datos en un plazo máximo de cinco horas.

A raíz de la trágica desaparición de un joven en el Cerro Cordillera, en la comuna de Las Condes, quien fue visto por última vez el jueves de la semana pasada y cuya carpa y pertenencias fueron encontradas este lunes, la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia, Natalia Romero, llamó al Congreso y al Gobierno a acelerar la tramitación de un proyecto de ley que presentó a mediados de 2022 y que faculta a las policías a acceder a la georreferenciación del celular de quienes están extraviados, sin la necesidad de contar con una autorización judicial.

Al respecto, la parlamentaria recordó que ingresó dicha iniciativa a raíz del caso de Mauricio Rojas, un joven de Graneros cuyo cuerpo fue encontrado junto a su celular a los dos meses de haber desaparecido. En dicha ocasión, las compañías demoraron casi 20 días en entregar la geolocalización.

En ese sentido, si bien la actual Ley 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea un sistema interconectado en el país, faculta al Ministerio Público a solicitar la última localización de celular de una persona que esté extraviada, requiere contar con la autorización de un juez de garantía, lo que muchas veces termina retrasando la diligencia por parte de la Fiscalía.

Por lo mismo, lo que propuso la diputada Romero en su proyecto es que dicha información pueda ser solicitada directamente por las policías, sin la necesidad de solicitar una autorización judicial, obligando a las compañías telefónicas a entregar la georreferenciación en un máximo de cinco horas.

“Todos sabemos que las primeras horas en cualquier investigación son cruciales, más aún cuando se trata de la desaparición de una persona o una presunta desgracia. Sin embargo, la actual legislación que tenemos no está a la altura de los avances tecnológicos, porque desde hace mucho tiempo que la información que contienen los dispositivos móviles debería ser utilizada para estos efectos. Por eso es que presentamos este proyecto de ley hace más de dos años, porque considerando que la gran mayoría de los celulares va registrando y guardando la ubicación, no existe ninguna razón para que esa información tan valiosa no sea utilizada de forma rápida y oportuna”, comentó la legisladora.

En cuanto a los detalles de la propuesta, la representante de O’Higgins explicó que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones podrán requerir a las empresas telefónicas los datos relacionados con la georreferenciación de un dispositivo móvil, en un plazo máximo de 24 horas desde que se reciba una denuncia por presunta desgracia. Luego de aquello, las compañías tendrán la obligación de entregar la información a las policías en no más de cinco horas desde que ingresaron la solicitud.

“No podemos seguir desaprovechando información tan valiosa como es la georreferenciación de las personas que están desaparecidas. Aquí se requiere acelerar todos los procesos investigativos y eliminar los espacios de burocracia, sobre todo durante las primeras horas”, reiteró la parlamentaria.

En su segunda semana de movilizaciones y buscando un real cambio en Conaf, los sindicatos de SITREM y SINAPROF, se reunieron con el presidente de Anef a las afueras del ex Congreso Nacional con el objetivo de entregarle una carta al senador Rafael Prohens, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.

Entre los temas que se presentan están, la salida del Director Ejecutivo Cristian Little debido a que ha fomentado un pésimo ambiente laboral, falta de diálogo con algunas organizaciones sindicales, creación del miedo o temor entre los funcionarios, despidos injustificados, falta a la verdad en la participación de los trabajadores de la institución en el proyecto de ley que crea el nuevo servicio forestal (SERNAFOR); aplicación inmediata del sistema de promoción de grados; Terminar y eliminar a las personas que han sido contratadas a dedo y sin ningún tipo de concurso y con altos sueldos y detener de inmediato los despidos injustificados de personal con años de experiencia.  

“Nosotros entregamos una carta al presidente de la Comisión de Agricultura, haciéndole ver los puntos en los que nos encontramos en paro junto a Sinaprof. Hubo una muy buena recepción por parte de los senadores que iban pasando por el punto de prensa y eso es muy positivo”, señaló Osvaldo Herrera, directivo de SITREM.

Por su parte, Ricardo Heinsohn, presidente de SINAPROF señaló que,   “Este es un paro de todos los trabajadores de Conaf, esto debe ser fuerte. Hace muchos años que no teníamos un movimiento de esta magnitud y la idea es que podamos seguir así”. 

Finalmente, para el presidente de ANEF, José Pérez Debelli, “Todo el  diseño sindical tenemos que hacerlo en conjunto y ahí creo que es importante ordenar la agenda para que este debate parlamentario tenga el sello de nuestras organizaciones sindicales. Por esto estamos acá para acompañar y ver como se va a desarrollar esta nueva institucionalidad, necesitamos un buen servicio forestal”, cerró el líder de la multigremial. 

Mientras se espera la respuesta de la misiva al presidente de la Cámara de la Comisión de Agricultura, los sindicatos continúan en paralización indefinida. 

A pesar de las advertencias de los vecinos y de la parlamentaria, aún no se comienza a construir en los terrenos colindantes con Villa Cordillera en Rancagua. 

La diputada Natalia Romero emitió fuertes críticas al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Omar Gutiérrez, y al delegado presidencial, Fabio López, tras el hallazgo de un cuerpo en uno de los terrenos abandonados en la Villa Cordillera, ubicada en el sector oriente de Rancagua. La parlamentaria aseguró que la situación es consecuencia directa de la negligencia de las autoridades al no cumplir con las promesas de cierre y recuperación de los sitios eriazos, que durante años han sido un foco de delincuencia y peligro para los vecinos.

La legisladora, quien a principios de este año ya se había reunido con dirigentes de la Villa Cordillera para insistir en el cierre de los más de 20 hectáreas de terrenos baldíos que rodean la villa, denunció el incumplimiento del compromiso asumido por el director del Serviu regional. Esto, porque las autoridades prometieron iniciar los trabajos durante ese mismo mes, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna intervención, y la tragedia ocurrida recientemente expone las graves consecuencias de esta falta de acción.

"Este es el resultado de la indolencia y el abandono absoluto por parte del Serviu y del delegado presidencial. Han dejado a los vecinos de la Villa Cordillera en la completa desprotección, permitiendo que estos terrenos se transformen en un refugio para la delincuencia y, lamentablemente, ahora en escenario de una tragedia con la muerte de una persona en situación de calle", expresó la diputada Romero.

La parlamentaria recordó que los vecinos llevan más de una década pidiendo una solución, ya que estos sitios eriazos no sólo aumentan la inseguridad, sino que también representan un peligro constante de incendios durante los meses más secos. "No sólo hemos tenido que soportar el aumento de la basura, la toma ilegal de terrenos y la inseguridad, sino que ahora tenemos que lamentar la pérdida de una vida en un lugar que hace mucho tiempo debió haber sido intervenido," subrayó.

“Los vecinos están cansados de promesas vacías. Aquí la negligencia recae en el director del Serviu y en el delegado presidencial. Si siguen ignorando la gravedad de la situación, tomaremos las acciones legales que sean necesarias para que de una vez por todas se haga justicia a los vecinos de la Villa Cordillera," advirtió la congresista. 

Finalmente, la diputada Romero hizo un llamado urgente al gobierno regional a intervenir de inmediato los terrenos antes de que ocurra una tragedia aún mayor. "Es hora de que el Serviu y las autoridades competentes dejen de mirar para otro lado y asuman su responsabilidad. No podemos permitir que la vida de las personas siga corriendo peligro por su inacción," concluyó.

La petición se basa en el aumento del 105% en homicidios y femicidios en la región, así como también la reciente escalada de delitos graves que afectan a la zona.

La Región de O'Higgins ha sido escenario de un alarmante incremento en los índices de delincuencia y crimen organizado, situación que ha llevado a la diputada Natalia Romero junto a su par Eduardo Cornejo, a solicitar que la Comisión de Seguridad de la Cámara sesione en la región para abordar los graves problemas de seguridad que afectan a la zona.

Durante su intervención, parlamentaria expresó su preocupación por los datos revelados en el estudio “Índice Radiografía a la Delincuencia en Chile” del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC), que mostró un aumento del 105% en los homicidios y femicidios en la región desde 2014 hasta el segundo semestre de 2023.

“Estos datos son alarmantes y reflejan la grave situación de inseguridad que vive la Región de O'Higgins, particularmente en comunas como Rancagua, Graneros y Mostazal, que han sido fuertemente afectadas por la migración del crimen organizado desde la Región Metropolitana”, señaló la diputada.

El robo a la sucursal de la empresa Brinks en Rancagua y la quema de diez vehículos en distintos puntos de la ciudad son solo algunos de los incidentes recientes que han generado una profunda preocupación en la comunidad. Estos hechos han evidenciado la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y persecución del crimen organizado en la región.

Romero enfatizó la importancia de que la Comisión de Seguridad sesione en O'Higgins, no solo para escuchar a las autoridades locales y representantes policiales, sino también para atender las inquietudes de los vecinos y asociaciones de usuarios, quienes han manifestado su desesperación ante la situación delictual que atraviesa la región.

"La presencia de la Comisión de Seguridad en nuestra región es esencial para poder abordar esta crisis de manera efectiva, escuchando a todos los actores involucrados y desarrollando estrategias que garanticen la seguridad de nuestros ciudadanos", afirmó la diputada Romero.

La solicitud de la congresista fue acogida, por lo que la sesión se realizará el 26 de septiembre, fecha en que todos los miembros de la comisión se desplazarán hasta la región.

La asociación gremial advierte que se adjudicó un concurso de personal a una dirigente nacional de otra asociación gremial de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Se trata de un proceso, que ha sido calificado por el directorio nacional de Aprojunji, como “injusto”, ya que “hay funcionarios/as que tienen una extensa trayectoria y han esperado por años tener un aumento de grado y mejorar así sus condiciones laborales”.  

Una denuncia pública y ante contraloría sobre irregularidades en el proceso de selección para el cargo de Profesional Grado 12, con reconocimiento Oficial en la Región de Tarapacá, realizó la asociación gremial Aprojunji, tras conocer que la posición ha recaído en una funcionaria que no cumple con el perfil exigido y menos con la preparación para asumir las funciones del cargo. “Está subiendo seis grados, sin tener la trayectoria y preparación adecuada para el cargo”, declara la asociación gremial Aprojunji.

A esto se suma, según explicó la presidenta nacional de Aprojunji “que la funcionaria es dirigente nacional de la otra asociación gremial que conforman los gremios de trabajadores/as de la JUNJI y nos vemos en la obligación de denunciar que hay conflicto de intereses en este proceso de selección. Este proceso, debió realizarse con los más altos estándares de transparencia y equidad, y ha sido afectado por conflictos de interés que vulneran la normativa vigente y los principios rectores del Programa de Movilidad y Reconocimiento de Carrera, aprobado mediante la Resolución N°244 de fecha 12 de abril de 2023”.

Así también, según resaltó la educadora de párvulos, este proceso es “una violación de principios de mérito e idoneidad que buscan garantizar que las y los postulantes sean seleccionados con base en sus competencias, calificaciones y trayectoria profesional. Sin embargo, este proceso ha resultado en la adjudicación del cargo a una persona cuya trayectoria no refleja el perfil técnico y la experiencia específica requerida para el puesto. Esta situación pone en duda la equidad y justicia del proceso de selección, atentando contra el principio de mérito que tanto se valora en nuestra institución”.

Desde la perspectiva del directorio nacional de Aprojunji, que ha realizado un seguimiento del proceso desde su inicio, este no cumpliría con estándares mínimos. “Vemos una manipulación del proceso, falta de mérito y se está distorsionando la transparencia del mismo, y que se vio reflejado en las diferentes fases. Esto es por la presión como dirigente nacional y también porque hay inconsistencia administrativa, y no se han considerado las advertencias previas”, precisó.  

A su juicio, señaló la presidenta nacional: “es evidente el conflicto de intereses en este caso, ya que la posición de poder y la influencia que ejerce la persona seleccionada, debido a su rol en la organización gremial, le ha otorgado una ventaja indebida frente a otras candidatas que sí cumplen con los requisitos establecidos en el programa aprobado por la Resolución N°244/2023 y con los requisitos del perfil técnico del cargo adjudicado. La normativa exige que el proceso de selección se base en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, principios que no se han respetado en este caso”.

Por último, la asociación gremial, señala en su declaración que “no se cuestiona el legítimo uso de horas gremiales, pero queremos ser enfáticos en señalar que nuestras observaciones abogan al derecho fundamental de quienes ejercen labores de representación sindical. Reconocemos plenamente la importancia de este derecho y su utilidad para la defensa de los trabajadores. Nuestro cuestionamiento radica en el conflicto de intereses que surge cuando se mezclan estas funciones gremiales con decisiones administrativas que deben tomarse de manera imparcial. No buscamos limitar el uso de las horas gremiales, sino asegurar que los procesos de selección sean justos y transparentes”, concluyó.

El representante por la región de O’Higgins, señaló que espera que cuando la gente reciba su boleta el próximo mes, las compensaciones sean justas y reflejen las horas de interrupción sufridas.

Durante su intervención en la quinta Comisión Mixta de Presupuesto y con la presencia del Ministro de Energía, Diego Pardow y autoridades de la SEC , el senador Juan Luis Castro, expuso tres puntos claves respecto a la crisis de interrupciones de energía eléctrica que continúa afectando a Chile. 

El parlamentario señaló la creciente percepción de la ciudadanía de un "mal en desarrollo" e instó al Estado a reaccionar con mayor firmeza. "Eso es lo que se ha instalado, y frente a esa instalación, es deber de la autoridad del Estado reaccionar", afirmó. 

Castro destacó la gravedad de la situación, señalando que, incluso sin contar el reciente episodio en el que miles de personas vivieron días sin suministro eléctrico, los promedios anuales de interrupción ya alcanzan cifras preocupantes. 

Explicó que, en algunas regiones, como O'Higgins y Maule, esos promedios son superados con creces. También planteó la debilidad estructural de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), calificándola como "raquítica", y recalcando la necesidad de reformar el marco regulatorio.

"El regulador, la SEC, es un organismo muy raquítico, no por culpa de quienes están en el gobierno hoy, sino porque las condiciones, las facultades y los recursos han sido débiles históricamente. Se echa de menos más Estado para ir al rescate de los usuarios", indicó el senador, destacando la importancia de que se vuelva a jugar un papel más activo en el sector, similar a los tiempos en que Chilectra y Endesa eran propiedad estatal.

Castro también enfatizó la necesidad de reformar la distribución eléctrica, separando las inversiones en infraestructura de la comercialización de energía. "Hay que separar la propiedad del cableado de las inversiones respecto a la comercialización de la energía. Son mundos separables, y podríamos entrar a conversar sobre esto de una manera diferente a como hoy operan las distribuidoras", sostuvo el senador.

El legislador fue especialmente crítico con la empresa CGE, la distribuidora más grande de Chile, señalando que su conducta ha sido "arrogante" y que ha evitado asumir su responsabilidad por las deficiencias en el servicio. "La conducta de CGE ha sido arrogante, y creo que merece una crítica más firme y sanciones más duras, no solo en el caso de Enel, sino en todas las regiones afectadas", manifestó.

 “Yo quisiera la misma vara, la misma fuerza, la misma convicción para que no sea Enel el niño símbolo exclusivamente, que está muy bien para la región Metropolitana, porque incumplió, pero yo les pido que para el sur de Chile tengan la misma fuerza, los mismos criterios para poder hacer exigible y no tener estos arrebatos que uno ve en la prensa de algunos ejecutivos de la empresa CGE (…) Ellos se eximen de toda culpa, le echan la culpa a las condiciones del contrato, a las malas inversiones. Casi es como relatar un partido de fútbol desde una tribuna y resulta que ellos están en la cancha”, enfatizó. 

Finalmente, el senador Castro subrayó la importancia de que el Estado y las autoridades garanticen compensaciones adecuadas a los usuarios afectados por las prolongadas interrupciones del suministro. "Esperamos que, cuando la gente reciba su boleta el próximo mes, las compensaciones sean justas y reflejen las horas de interrupción sufridas. La regulación debe resarcir los daños a los usuarios", concluyó.