La asociación gremial advierte que se adjudicó un concurso de personal a una dirigente nacional de otra asociación gremial de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Se trata de un proceso, que ha sido calificado por el directorio nacional de Aprojunji, como “injusto”, ya que “hay funcionarios/as que tienen una extensa trayectoria y han esperado por años tener un aumento de grado y mejorar así sus condiciones laborales”.  

Una denuncia pública y ante contraloría sobre irregularidades en el proceso de selección para el cargo de Profesional Grado 12, con reconocimiento Oficial en la Región de Tarapacá, realizó la asociación gremial Aprojunji, tras conocer que la posición ha recaído en una funcionaria que no cumple con el perfil exigido y menos con la preparación para asumir las funciones del cargo. “Está subiendo seis grados, sin tener la trayectoria y preparación adecuada para el cargo”, declara la asociación gremial Aprojunji.

A esto se suma, según explicó la presidenta nacional de Aprojunji “que la funcionaria es dirigente nacional de la otra asociación gremial que conforman los gremios de trabajadores/as de la JUNJI y nos vemos en la obligación de denunciar que hay conflicto de intereses en este proceso de selección. Este proceso, debió realizarse con los más altos estándares de transparencia y equidad, y ha sido afectado por conflictos de interés que vulneran la normativa vigente y los principios rectores del Programa de Movilidad y Reconocimiento de Carrera, aprobado mediante la Resolución N°244 de fecha 12 de abril de 2023”.

Así también, según resaltó la educadora de párvulos, este proceso es “una violación de principios de mérito e idoneidad que buscan garantizar que las y los postulantes sean seleccionados con base en sus competencias, calificaciones y trayectoria profesional. Sin embargo, este proceso ha resultado en la adjudicación del cargo a una persona cuya trayectoria no refleja el perfil técnico y la experiencia específica requerida para el puesto. Esta situación pone en duda la equidad y justicia del proceso de selección, atentando contra el principio de mérito que tanto se valora en nuestra institución”.

Desde la perspectiva del directorio nacional de Aprojunji, que ha realizado un seguimiento del proceso desde su inicio, este no cumpliría con estándares mínimos. “Vemos una manipulación del proceso, falta de mérito y se está distorsionando la transparencia del mismo, y que se vio reflejado en las diferentes fases. Esto es por la presión como dirigente nacional y también porque hay inconsistencia administrativa, y no se han considerado las advertencias previas”, precisó.  

A su juicio, señaló la presidenta nacional: “es evidente el conflicto de intereses en este caso, ya que la posición de poder y la influencia que ejerce la persona seleccionada, debido a su rol en la organización gremial, le ha otorgado una ventaja indebida frente a otras candidatas que sí cumplen con los requisitos establecidos en el programa aprobado por la Resolución N°244/2023 y con los requisitos del perfil técnico del cargo adjudicado. La normativa exige que el proceso de selección se base en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, principios que no se han respetado en este caso”.

Por último, la asociación gremial, señala en su declaración que “no se cuestiona el legítimo uso de horas gremiales, pero queremos ser enfáticos en señalar que nuestras observaciones abogan al derecho fundamental de quienes ejercen labores de representación sindical. Reconocemos plenamente la importancia de este derecho y su utilidad para la defensa de los trabajadores. Nuestro cuestionamiento radica en el conflicto de intereses que surge cuando se mezclan estas funciones gremiales con decisiones administrativas que deben tomarse de manera imparcial. No buscamos limitar el uso de las horas gremiales, sino asegurar que los procesos de selección sean justos y transparentes”, concluyó.

El representante por la región de O’Higgins, señaló que espera que cuando la gente reciba su boleta el próximo mes, las compensaciones sean justas y reflejen las horas de interrupción sufridas.

Durante su intervención en la quinta Comisión Mixta de Presupuesto y con la presencia del Ministro de Energía, Diego Pardow y autoridades de la SEC , el senador Juan Luis Castro, expuso tres puntos claves respecto a la crisis de interrupciones de energía eléctrica que continúa afectando a Chile. 

El parlamentario señaló la creciente percepción de la ciudadanía de un "mal en desarrollo" e instó al Estado a reaccionar con mayor firmeza. "Eso es lo que se ha instalado, y frente a esa instalación, es deber de la autoridad del Estado reaccionar", afirmó. 

Castro destacó la gravedad de la situación, señalando que, incluso sin contar el reciente episodio en el que miles de personas vivieron días sin suministro eléctrico, los promedios anuales de interrupción ya alcanzan cifras preocupantes. 

Explicó que, en algunas regiones, como O'Higgins y Maule, esos promedios son superados con creces. También planteó la debilidad estructural de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), calificándola como "raquítica", y recalcando la necesidad de reformar el marco regulatorio.

"El regulador, la SEC, es un organismo muy raquítico, no por culpa de quienes están en el gobierno hoy, sino porque las condiciones, las facultades y los recursos han sido débiles históricamente. Se echa de menos más Estado para ir al rescate de los usuarios", indicó el senador, destacando la importancia de que se vuelva a jugar un papel más activo en el sector, similar a los tiempos en que Chilectra y Endesa eran propiedad estatal.

Castro también enfatizó la necesidad de reformar la distribución eléctrica, separando las inversiones en infraestructura de la comercialización de energía. "Hay que separar la propiedad del cableado de las inversiones respecto a la comercialización de la energía. Son mundos separables, y podríamos entrar a conversar sobre esto de una manera diferente a como hoy operan las distribuidoras", sostuvo el senador.

El legislador fue especialmente crítico con la empresa CGE, la distribuidora más grande de Chile, señalando que su conducta ha sido "arrogante" y que ha evitado asumir su responsabilidad por las deficiencias en el servicio. "La conducta de CGE ha sido arrogante, y creo que merece una crítica más firme y sanciones más duras, no solo en el caso de Enel, sino en todas las regiones afectadas", manifestó.

 “Yo quisiera la misma vara, la misma fuerza, la misma convicción para que no sea Enel el niño símbolo exclusivamente, que está muy bien para la región Metropolitana, porque incumplió, pero yo les pido que para el sur de Chile tengan la misma fuerza, los mismos criterios para poder hacer exigible y no tener estos arrebatos que uno ve en la prensa de algunos ejecutivos de la empresa CGE (…) Ellos se eximen de toda culpa, le echan la culpa a las condiciones del contrato, a las malas inversiones. Casi es como relatar un partido de fútbol desde una tribuna y resulta que ellos están en la cancha”, enfatizó. 

Finalmente, el senador Castro subrayó la importancia de que el Estado y las autoridades garanticen compensaciones adecuadas a los usuarios afectados por las prolongadas interrupciones del suministro. "Esperamos que, cuando la gente reciba su boleta el próximo mes, las compensaciones sean justas y reflejen las horas de interrupción sufridas. La regulación debe resarcir los daños a los usuarios", concluyó.

En su segunda semana de movilizaciones y buscando un real cambio en Conaf, los sindicatos de SITREM y SINAPROF, se reunieron con el presidente de Anef a las afueras del ex Congreso Nacional con el objetivo de entregarle una carta al senador Rafael Prohens, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.

Entre los temas que se presentan están, la salida del Director Ejecutivo Cristian Little debido a que ha fomentado un pésimo ambiente laboral, falta de diálogo con algunas organizaciones sindicales, creación del miedo o temor entre los funcionarios, despidos injustificados, falta a la verdad en la participación de los trabajadores de la institución en el proyecto de ley que crea el nuevo servicio forestal (SERNAFOR); aplicación inmediata del sistema de promoción de grados; Terminar y eliminar a las personas que han sido contratadas a dedo y sin ningún tipo de concurso y con altos sueldos y detener de inmediato los despidos injustificados de personal con años de experiencia.  

“Nosotros entregamos una carta al presidente de la Comisión de Agricultura, haciéndole ver los puntos en los que nos encontramos en paro junto a Sinaprof. Hubo una muy buena recepción por parte de los senadores que iban pasando por el punto de prensa y eso es muy positivo”, señaló Osvaldo Herrera, directivo de SITREM.

Por su parte, Ricardo Heinsohn, presidente de SINAPROF señaló que,   “Este es un paro de todos los trabajadores de Conaf, esto debe ser fuerte. Hace muchos años que no teníamos un movimiento de esta magnitud y la idea es que podamos seguir así”. 

Finalmente, para el presidente de ANEF, José Pérez Debelli, “Todo el  diseño sindical tenemos que hacerlo en conjunto y ahí creo que es importante ordenar la agenda para que este debate parlamentario tenga el sello de nuestras organizaciones sindicales. Por esto estamos acá para acompañar y ver como se va a desarrollar esta nueva institucionalidad, necesitamos un buen servicio forestal”, cerró el líder de la multigremial. 

Mientras se espera la respuesta de la misiva al presidente de la Cámara de la Comisión de Agricultura, los sindicatos continúan en paralización indefinida. 

El parlamentario por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, también se refirió a la posibilidad de retirar la concesión a algunas compañías de distribución, señalando que aún falta una evaluación que tiene que llevar a cabo el Ministerio de Energía, ya que debe hacerse con argumentos sobre la mesa.

Fue en el seno de la Comisión de Energía y Minería del Senado donde se presentó un informe por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles respecto de la situación que aún enfrentan más de 150 mil clientes del país, de los cuales más de 9 mil hogares pertenecen a la región de O’Higgins, quienes por varios días han tenido que vivir sin suministro eléctrico.

Dentro de los planteamientos realizados por los parlamentarios, el presidente de la instancia y senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, manifestó que, entre otras cosas, las compañías eléctricas podrían hacer un gesto directo con los clientes.  “Nosotros lo que le hemos pedido a las grandes empresas distribuidoras que son monopólicas en Chile, es que para mitigar el daño producido y pensando que en la cuenta de luz que le llega a la gente, el 20% de ese pago va a la empresa distribuidora -todo lo demás va a la generadora o transmisora- se omitan por el resto de este año de cobrar su porcentaje de la boleta de energía eléctrica todos los meses”.

Manifestó que con ello las empresas no van a quebrar, sin embargo, otra de las propuestas del senador, está orientada a que lo recaudado por el Estado por concepto de multas, se destine a robustecer  el subsidio eléctrico. “Esa es una ley que viene muy pronto, la semana que viene va a ingresar por la Cámara de Diputados y necesitamos un subsidio grueso, que abarque más allá incluso del 40% más vulnerable por los 3 años que vienen de alza de tarifas eléctricas. Lo más curioso de esto, vienen las alzas por razones que ya todo el mundo conoce, pero no pueden venir asociadas a las interrupciones sistemáticas y graves como han ocurrido con las distribuidoras durante estos días”.

Respecto del retiro de la concesión, opción que no fue descartada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, el senador Castro dijo que esto es planteable. “Desde luego falta aquí una evaluación que tiene que hacer el Ministerio de Energía, debe haber argumentos sobre la mesa, pero esto es planteable y razonablemente. La humillación que ha tenido hoy día el pueblo de Chile con empresas que no le han cumplido, teniendo el monopolio de la distribución, es francamente inaceptable. Yo sé que todas estas cosas generan movimientos sísmicos, de pronto porque se dice cómo se va a terminar de la noche a la mañana, qué va a pasar, la gente se va a quedar sin nada. Esto está todo reglamentado en la Ley General de Servicios Eléctricos, o sea, hay normas que permiten establecer razones plausibles, hay respaldos que eso tiene que evacuarse para saber el mérito que tengan”.

Insistió que “no es una idea alarmista ni apresurada, es una idea posible de plantear y si el Presidente la ha propuesto, es porque esta crisis ha sido de tal magnitud que hasta el día de hoy hay más de 100 mil clientes sin energía eléctrica en el sexto día de evolución”. 

La petición se basa en el aumento del 105% en homicidios y femicidios en la región, así como también la reciente escalada de delitos graves que afectan a la zona.

La Región de O'Higgins ha sido escenario de un alarmante incremento en los índices de delincuencia y crimen organizado, situación que ha llevado a la diputada Natalia Romero junto a su par Eduardo Cornejo, a solicitar que la Comisión de Seguridad de la Cámara sesione en la región para abordar los graves problemas de seguridad que afectan a la zona.

Durante su intervención, parlamentaria expresó su preocupación por los datos revelados en el estudio “Índice Radiografía a la Delincuencia en Chile” del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC), que mostró un aumento del 105% en los homicidios y femicidios en la región desde 2014 hasta el segundo semestre de 2023.

“Estos datos son alarmantes y reflejan la grave situación de inseguridad que vive la Región de O'Higgins, particularmente en comunas como Rancagua, Graneros y Mostazal, que han sido fuertemente afectadas por la migración del crimen organizado desde la Región Metropolitana”, señaló la diputada.

El robo a la sucursal de la empresa Brinks en Rancagua y la quema de diez vehículos en distintos puntos de la ciudad son solo algunos de los incidentes recientes que han generado una profunda preocupación en la comunidad. Estos hechos han evidenciado la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y persecución del crimen organizado en la región.

Romero enfatizó la importancia de que la Comisión de Seguridad sesione en O'Higgins, no solo para escuchar a las autoridades locales y representantes policiales, sino también para atender las inquietudes de los vecinos y asociaciones de usuarios, quienes han manifestado su desesperación ante la situación delictual que atraviesa la región.

"La presencia de la Comisión de Seguridad en nuestra región es esencial para poder abordar esta crisis de manera efectiva, escuchando a todos los actores involucrados y desarrollando estrategias que garanticen la seguridad de nuestros ciudadanos", afirmó la diputada Romero.

La solicitud de la congresista fue acogida, por lo que la sesión se realizará el 26 de septiembre, fecha en que todos los miembros de la comisión se desplazarán hasta la región.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Alta y representante por la región de O’Higgins expresó que la situación es “escandalosa” y las empresas no han tenido la capacidad de mitigar los efectos que dejó el temporal.

El Senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, expresó su profunda preocupación y descontento ante la reciente y prolongada interrupción de energía eléctrica que ha afectado a cientos de miles de personas en todo el país.

Calificando la situación de "inaceptable desde todo punto de vista", el senador Castro hizo un llamado urgente a las principales empresas distribuidoras de electricidad, como Enel, CGE y Saesa, para que tomen medidas inmediatas en beneficio de los clientes afectados.

"Esta escandalosa situación vivida con la interrupción de cortes de energía eléctrica por días y días para cientos de miles de personas es inaceptable de todo punto de vista. Aquí hay una confianza empeñada en empresas monopólicas, hay pagos permanentes, hay tarifas que van subiendo y estas empresas no le han respondido a la ciudadanía", afirmó el senador Castro.

En su declaración, el senador por la región de O’Higgins, subrayó que la única forma de resarcir el daño producido a los ciudadanos es que estas empresas dejen de cobrar su parte de la cuenta de luz eléctrica en lo que resta del 2024.

"Es decir, que las empresas distribuidoras grandes, como Enel, CGE, Saesa, se omitan de cobrar su fracción, que es el 20% del total de la cuenta, como un modo de poder reparar en parte el daño causado a esos cientos de miles de personas que han sufrido este drama no solo imprevisto, sino que programados hubieran tenido las condiciones y capacidades para mitigar los efectos de ese temporal", agregó.

El emplazamiento del senador Castro es claro y directo: "Esto se lo planteamos derechamente como un emplazamiento a las empresas de distribución eléctrica más grandes. Espero que esto tenga un sentido claro y correcto, porque no se les puede obligar, pero sí se les puede pedir públicamente un gesto hacia los perjudicados y dañados que son los ciudadanos."

El senador Castro espera que esta solicitud sea tomada en cuenta por las empresas mencionadas y que se actúe en consecuencia para aliviar el impacto negativo que estas interrupciones han tenido en la vida diaria de los chilenos. La Comisión de Energía y Minería del Senado continuará monitoreando la situación y trabajando para asegurar que las necesidades de los clientes sean atendidas y respetadas.