Guardaparques, profesionales y funcionarios de la Corporación Nacional Forestal acusan graves irregularidades en la gestión institucional y anuncian paralización total en todo el país. Más de 1.600 funcionarios sindicalizados exigen revertir cambios estructurales.

A partir del lunes 3 de junio a las 07:00 horas, trabajadores y trabajadoras de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) iniciarán un paro nacional indefinido, según comunicado enviado por ellos, que contempla el cierre de oficinas, suspensión de actividades en parques y áreas protegidas, y el cese completo de funciones administrativas y operativas.

La paralización fue acordada por las principales organizaciones sindicales de la institución, las que representan a más de 1.600 funcionarios a nivel nacional. En el documento expresan su profunda preocupación por lo que califican como una serie de irregularidades que afectan directamente el correcto funcionamiento de la CONAF, así como también la dignidad y derechos laborales de quienes forman parte de ella.

Acusan deterioro institucional y decisiones arbitrarias

Entre los principales motivos del paro, se denuncian incongruencias en la gestión presupuestaria, la creación de una nueva estructura organizacional con gerencias y cargos externos sin respaldo financiero ni consulta sindical, así como la eliminación abrupta de áreas clave como Fiscalización y Evaluación Ambiental, en plena entrada en vigencia de la ley que las respalda.

El comunicado también expone una crisis en la gestión del personal, denunciando contrataciones sin concursos públicos y el ingreso de personas sin experiencia comprobada en materias sensibles como el combate de incendios forestales. En este punto, se destaca la preocupación por la designación de un gerente sin formación universitaria específica ni trayectoria técnica, lo que, a juicio de los trabajadores, pone en riesgo la capacidad operativa de la institución.

Asimismo, acusan maltrato hacia funcionarios de larga trayectoria, manipulación en los traslados internos y un uso político de la estructura institucional, señalando que decisiones como la eliminación de unidades técnicas y el traslado selectivo de cargos parecen responder más a intereses particulares que a criterios profesionales.

Medidas del paro

Durante el paro nacional, no habrá atención a público en ninguna oficina regional, provincial ni central, tampoco en terreno. Se cerrarán completamente las áreas silvestres protegidas sin venta de tickets ni ingreso de turistas, instituciones o escolares.

Además, se suspenderán todas las actividades oficiales, incluidas salidas en terreno, uso de vehículos institucionales, reuniones, charlas, llamadas o coordinación con otros organismos.

Como símbolo de protesta, los trabajadores vestirán de negro y adornarán las oficinas con globos y banderas negras, en señal de luto por lo que consideran una pérdida de la institucionalidad y profesionalismo de la CONAF.

Exigen renuncias y restitución de funciones eliminadas

Entre las principales demandas, se solicita:

• La renuncia de las autoridades responsables de los cambios arbitrarios y del clima laboral que se ha instalado.

• La reversión inmediata de la nueva estructura organizacional.

• La restitución de las funciones y departamentos eliminados, especialmente la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental.

• La realización de concursos públicos y técnicos para cargos estratégicos, particularmente en áreas como prevención y combate de incendios.

Finalmente, los sindicatos hacen un llamado a la ciudadanía a comprender la profundidad de esta crisis institucional, y recalcan que la movilización busca resguardar no solo sus derechos como trabajadores, sino también el rol estratégico que cumple CONAF en la conservación ambiental, el control de incendios y la protección del patrimonio natural del país.

 Redacción RancaguaTV

• El reciente rechazo de la "Bolsa Pyme" en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados ha generado un fuerte descontento entre las agrupaciones de Agua Potable Rural (APR) y las pequeñas y medianas empresas (Pymes). El seremi de Energía, Claudio Martínez llama a reconsiderar la medida, destacando la importancia vital de los sistemas de agua potable rural y las Pymes para la vida diaria y la economía de la región de O’Higgins.

La propuesta de la "Bolsa Pyme" buscaba permitir a estos sectores acceder a hasta 500 GWh anuales de energía a un precio preferencial hasta el año 2034. Este esquema, desarrollado en colaboración con parlamentarios de diversas bancadas, habría beneficiado a más de 43.000 Pymes a nivel nacional y fortalecido la sostenibilidad económica de las casi 2000 Servicios Sanitarios Rurales que operan en el país, incluyendo más de 200 en la Región de O’Higgins, esenciales para el suministro de agua en comunidades rurales.

El seremi de Energía, Claudio Martínez, hizo un llamado urgente a los parlamentarios para que reconsideren la inclusión de esta bolsa en las siguientes etapas de tramitación. "La propuesta representa un respiro significativo para los sistemas de Agua Potable Rural (APRs), pilares fundamentales en el desarrollo de numerosas localidades y comunas. Además, brinda un respaldo crucial para los pequeños empresarios, quienes han sido afectados por el incremento de las tarifas eléctricas."

Por otro lado José Rivera de Agresap asociación que agrupa un gran número de servicios de Agua Potable Rural de la región indicó que : “estamos muy decepcionados de un grupo de parlamentarios que rechazaron este beneficio para  las comunidades rurales que la mayor parte económicamente están mal, sabemos que hay una temporada como la de ahora que pueden tener un poquito más de recursos pero ya entrando en abril hasta octubre son bastante escasos, así que de nuestra parte y de nuestros socios de Agresap , de la Asociación Gremial de la Región de O'Higgins, les mandamos un saludo y esperemos que recapaciten y en la próxima logremos obtener este beneficio que no es para un sector, sino que son para las familias humildes que están en las zonas rurales nuestras”

En tanto la presidenta de la Cámara de de turismo de Rapel  Solange Peñaloza   recalcó: Rechazamos la decisión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados de desestimar la creación de la "bolsa pyme". Esta iniciativa habría sido crucial para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el sector turístico local. El rechazo implica un aumento de costos operativos, limita la diversificación y crecimiento del sector, y afecta el empleo local. La Cámara hace un llamado urgente a reconsiderar la decisión para garantizar la sostenibilidad económica de las pymes y fortalecer el turismo en Lago Rapel.

Finalmente, el Seremi surayó que el gobierno insistirá con la Bolsa Pyme para que SSR y pequeñas empresas accedan a un descuento en torno al 30% en las cuentas de electricidad. 

Por Redacción RancaguaTV

Ya no se puede seguir hablando de "casos aislados" o de "errores administrativos". Lo que reveló la Contraloría General de la República no es un problema puntual: es una verdadera industria de licencias médicas falsas, en la que médicos y pacientes operan como socios silenciosos de un fraude masivo al Estado.

¿Quién es el verdadero corrupto? ¿El trabajador que solicita una licencia sin estar enfermo o el médico que la firma sin dudar? La respuesta es obvia para cualquiera que no esté tratando de proteger intereses gremiales: el médico es el punto de partida del delito.

El informe es escandaloso: más de 21 mil personas en instituciones públicas viajaron dentro o fuera del país mientras estaban, supuestamente, en reposo médico. ¿Cómo se explica eso? Fácil: alguien les firmó esa licencia. Y ese "alguien" no es un algoritmo, no es una enfermera, no es un software de Fonasa. Es un profesional de la salud, con nombre, apellido y número de colegiatura.

Aquí no estamos frente a un "vacío legal". Estamos frente a un acto deliberado de corrupción médica. Y no es marginal. Es estructural. Médicos que lucran con la venta de licencias, clínicas que las ofrecen casi como parte de un “pack de servicios” y trabajadores que saben exactamente a qué consulta ir cuando necesitan “descansar con goce de sueldo”.

Porque no olvidemos este punto: en el sector público, la licencia médica no implica pérdida de ingresos. Eso, combinado con la nula fiscalización y el silencio cómplice de instituciones enteras, ha convertido esta práctica en un negocio redondo, a costa del fisco y del respeto a la salud pública.

Y sin embargo, cuando se denuncia este escándalo, muchos desvían la atención: que el sistema está sobrecargado, que hay presión laboral, que los funcionarios están estresados. Todo eso puede ser cierto. Pero nada de eso justifica que un médico falsifique un diagnóstico y ponga su firma al servicio del abuso.

Así como el alcoholismo no existiría sin quien lo vende, el fraude con licencias médicas no existiría sin el profesional que la extiende con pleno conocimiento de causa. Aquí no hay ingenuidad. Hay complicidad. Médicos que han convertido su consulta en una imprenta de permisos pagados.

La doctora Karina Doña, de la Universidad Autónoma de Chile, apunta bien al identificar la podredumbre ética que hay detrás de este fenómeno. Pero se queda corta. Porque esto no solo pone en riesgo la integridad de la administración pública: pone en duda la integridad de una profesión entera, cuyo prestigio se basa, precisamente, en la confianza.

Es tiempo de decirlo sin anestesia: los médicos que otorgan licencias falsas no son víctimas del sistema, son parte del sistema corrupto. Son actores claves en esta estafa encubierta, y su rol debe ser investigado, sancionado y, por sobre todo, expuesto. No con más informes tibios, sino con nombres, sanciones y expulsiones del ejercicio profesional.

Porque mientras miles de ciudadanos hacen malabares para pagar sus cuentas, otros pasean por el Caribe con reposo médico. Y siempre, hay un médico que hizo posible esa burla.

La parlamentaria por O’Higgins explicó que la iniciativa faculta a las policías a solicitar la ubicación de un dispositivo móvil y a recibir los datos en un plazo máximo de cinco horas.

A raíz de la trágica desaparición de un joven en el Cerro Cordillera, en la comuna de Las Condes, quien fue visto por última vez el jueves de la semana pasada y cuya carpa y pertenencias fueron encontradas este lunes, la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia, Natalia Romero, llamó al Congreso y al Gobierno a acelerar la tramitación de un proyecto de ley que presentó a mediados de 2022 y que faculta a las policías a acceder a la georreferenciación del celular de quienes están extraviados, sin la necesidad de contar con una autorización judicial.

Al respecto, la parlamentaria recordó que ingresó dicha iniciativa a raíz del caso de Mauricio Rojas, un joven de Graneros cuyo cuerpo fue encontrado junto a su celular a los dos meses de haber desaparecido. En dicha ocasión, las compañías demoraron casi 20 días en entregar la geolocalización.

En ese sentido, si bien la actual Ley 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea un sistema interconectado en el país, faculta al Ministerio Público a solicitar la última localización de celular de una persona que esté extraviada, requiere contar con la autorización de un juez de garantía, lo que muchas veces termina retrasando la diligencia por parte de la Fiscalía.

Por lo mismo, lo que propuso la diputada Romero en su proyecto es que dicha información pueda ser solicitada directamente por las policías, sin la necesidad de solicitar una autorización judicial, obligando a las compañías telefónicas a entregar la georreferenciación en un máximo de cinco horas.

“Todos sabemos que las primeras horas en cualquier investigación son cruciales, más aún cuando se trata de la desaparición de una persona o una presunta desgracia. Sin embargo, la actual legislación que tenemos no está a la altura de los avances tecnológicos, porque desde hace mucho tiempo que la información que contienen los dispositivos móviles debería ser utilizada para estos efectos. Por eso es que presentamos este proyecto de ley hace más de dos años, porque considerando que la gran mayoría de los celulares va registrando y guardando la ubicación, no existe ninguna razón para que esa información tan valiosa no sea utilizada de forma rápida y oportuna”, comentó la legisladora.

En cuanto a los detalles de la propuesta, la representante de O’Higgins explicó que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones podrán requerir a las empresas telefónicas los datos relacionados con la georreferenciación de un dispositivo móvil, en un plazo máximo de 24 horas desde que se reciba una denuncia por presunta desgracia. Luego de aquello, las compañías tendrán la obligación de entregar la información a las policías en no más de cinco horas desde que ingresaron la solicitud.

“No podemos seguir desaprovechando información tan valiosa como es la georreferenciación de las personas que están desaparecidas. Aquí se requiere acelerar todos los procesos investigativos y eliminar los espacios de burocracia, sobre todo durante las primeras horas”, reiteró la parlamentaria.

En una declaración pública emitida este lunes, los 16 Gobiernos Regionales del país, representados por la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (AGORECHI), manifestaron su profunda molestia ante el ordinario enviado por el Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Martorell, el cual instruye a los Servicios de Salud a gestionar acuerdos con los gobiernos regionales para obtener recursos que permitan financiar gastos operacionales de salud.

Según la declaración, esta solicitud fue enviada sin haber sido previamente discutida ni consensuada con los Gobiernos Regionales, contraviniendo los principios de descentralización y autonomía que rigen a estas instituciones. “No estamos de acuerdo ni con la forma ni con el fondo de este documento”, señala el comunicado, que además denuncia la ausencia total de diálogo previo por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales con AGORECHI.

El presidente de la Asociación, Pablo Silva Amaya, gobernador de la Región de O’Higgins, enfatizó que los recursos administrados por los GOREs deben responder a las necesidades particulares de cada territorio, y no a decisiones unilaterales del nivel central. “No aceptaremos que desde una subsecretaría o ministerios del nivel central dispongan de nuestros fondos para financiar sus obligaciones, sin antes dialogar, planificar y establecer acuerdos con nuestras autoridades regionales”, expresó.

Los Gobiernos Regionales recordaron además que ya están haciendo importantes esfuerzos en materia de salud pública, destinando recursos para disminuir listas de espera quirúrgica y oncológica, financiar exámenes, controles, adquisición de equipamiento clínico, y la construcción de infraestructura como CESFAM. En ese contexto, calificaron como “inaceptable” que ahora se pretenda ampliar aún más el uso de fondos regionales para cubrir bienes y servicios que son competencia del Ministerio de Salud.

Con esta declaración, AGORECHI busca marcar un precedente respecto a la autonomía regional y la necesidad de que toda medida que involucre recursos o competencias de los GOREs sea debidamente discutida con sus representantes.

A pesar de las advertencias de los vecinos y de la parlamentaria, aún no se comienza a construir en los terrenos colindantes con Villa Cordillera en Rancagua. 

La diputada Natalia Romero emitió fuertes críticas al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Omar Gutiérrez, y al delegado presidencial, Fabio López, tras el hallazgo de un cuerpo en uno de los terrenos abandonados en la Villa Cordillera, ubicada en el sector oriente de Rancagua. La parlamentaria aseguró que la situación es consecuencia directa de la negligencia de las autoridades al no cumplir con las promesas de cierre y recuperación de los sitios eriazos, que durante años han sido un foco de delincuencia y peligro para los vecinos.

La legisladora, quien a principios de este año ya se había reunido con dirigentes de la Villa Cordillera para insistir en el cierre de los más de 20 hectáreas de terrenos baldíos que rodean la villa, denunció el incumplimiento del compromiso asumido por el director del Serviu regional. Esto, porque las autoridades prometieron iniciar los trabajos durante ese mismo mes, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna intervención, y la tragedia ocurrida recientemente expone las graves consecuencias de esta falta de acción.

"Este es el resultado de la indolencia y el abandono absoluto por parte del Serviu y del delegado presidencial. Han dejado a los vecinos de la Villa Cordillera en la completa desprotección, permitiendo que estos terrenos se transformen en un refugio para la delincuencia y, lamentablemente, ahora en escenario de una tragedia con la muerte de una persona en situación de calle", expresó la diputada Romero.

La parlamentaria recordó que los vecinos llevan más de una década pidiendo una solución, ya que estos sitios eriazos no sólo aumentan la inseguridad, sino que también representan un peligro constante de incendios durante los meses más secos. "No sólo hemos tenido que soportar el aumento de la basura, la toma ilegal de terrenos y la inseguridad, sino que ahora tenemos que lamentar la pérdida de una vida en un lugar que hace mucho tiempo debió haber sido intervenido," subrayó.

“Los vecinos están cansados de promesas vacías. Aquí la negligencia recae en el director del Serviu y en el delegado presidencial. Si siguen ignorando la gravedad de la situación, tomaremos las acciones legales que sean necesarias para que de una vez por todas se haga justicia a los vecinos de la Villa Cordillera," advirtió la congresista. 

Finalmente, la diputada Romero hizo un llamado urgente al gobierno regional a intervenir de inmediato los terrenos antes de que ocurra una tragedia aún mayor. "Es hora de que el Serviu y las autoridades competentes dejen de mirar para otro lado y asuman su responsabilidad. No podemos permitir que la vida de las personas siga corriendo peligro por su inacción," concluyó.