El representante de O’Higgins recordó que hace dos años presentó una primera iniciativa para que el Presidente y sus ministros también tengan que realizarse dicho examen, lo que ahora busca extender al resto de las autoridades, tal como ya se hace con los legisladores.

El diputado por O’Higgins, Eduardo Cornejo, anunció que este viernes presentará un proyecto de ley para que todos los gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales en ejercicio tengan la obligación de someterse a un test de drogas al menos una vez al año, como una manera de evitar que cualquier autoridad del país mantenga algún grado de relación con el mundo del narcotráfico.

Al respecto, el parlamentario de la UDI recordó que durante el 2022, junto a su bancada, fueron impulsores de una normativa que obligó a todos los diputados y diputadas a someterse a dicho examen. Pero además, ese mismo año presentaron un proyecto de ley para que el Presidente de la República y sus ministros de Estado también se vieran en la obligación de hacerse un test de drogas.

Por lo mismo, a raíz de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el país y los distintos casos donde han quedado en evidencia los intentos del narcotráfico por introducirse en la administración del Estado, Cornejo decidió ingresar dicha iniciativa, asegurando que resulta “indispensable” que el resto de las autoridades, sobre todo las que son electas por la ciudadanía, se realicen el examen.

“En medio de la grave crisis delictual que estamos viviendo en Chile, nuestra obligación es evitar -a toda costa- que el narcotráfico y el crimen organizado logren introducirse en el Estado, tal como lo hemos visto en otros países de Latinoamérica. Ya hemos conocido de algunos casos durante el último tiempo en nuestro país, de manera que a nadie le debería sorprender que lo sigan intentando. Por eso es que nos parece tan importante descartar, con antecedentes reales, que las autoridades no tienen ningún grado de vínculo con el narcotráfico, y una primera forma de hacerlo es estableciendo la obligación de que se sometan a un examen obligatorio de drogas”, manifestó el diputado Cornejo.

En ese sentido, el representante del Distrito 16 solicitará que los gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales deban realizarse el examen dentro de los primeros dos meses desde que son electos, para luego practicarse el test de drogas al menos una vez al año, durante todo el tiempo que duren sus períodos. Así, en el caso de que algunos de ellos no se realicen la muestre o den positivo, el parlamentario de la UDI propondrá en su proyecto que tendrán la obligación de dejar su cargo.

Producto de lo anterior, el diputado por O’Higgins no sólo llamó al resto de los parlamentarios a tramitar dicha iniciativa a la brevedad posible, sino que también pidió avanzar en la discusión del proyecto que también obliga al Presidente de la República y a sus ministros someterse al examen.

“Nosotros tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo en nuestro país, y si los legisladores ya tenemos la obligación de realizarnos todos los años un test de drogas, no existe ninguna razón para que el Presidente, sus ministros y las otras autoridades estén excluidos”, indicó el diputado Cornejo.

El Gobierno dio a conocer que existen 23.132 pacientes con dicha enfermedad en Chile, luego que durante la tramitación de la Ley de Presupuestos del año 2023 el Congreso aprobara una indicación de la parlamentaria, donde justamente se ordenaba llevar a cabo un registro.

La diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia de la Cámara Baja, Natalia Romero, valoró que finalmente el Ministerio de Salud decidiera realizar un catastro nacional para conocer -con exactitud- la cantidad de personas que hoy padecen de Diabetes Tipo 1 en el país.

Al respecto, la parlamentaria recordó que fue durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2023, que se discutió entre noviembre y octubre del año 2022, que el Congreso Nacional aprobó una indicación de su autoría, donde además de disponer de recursos para la realización de dicho catastro, se mandató al Gobierno a preparar una estrategia que permitiera revisar la canasta de tratamiento para todos los pacientes, especialmente los niños, niñas y adolescentes que padecen la enfermedad.

Fue en ese contexto que, durante los últimos días, el Minsal dio a conocer los primeros resultados del catastro que realizaron a lo largo del país, donde hasta el 6 de diciembre de 2023 se registraron 23.132 personas con Diabetes Tipo 1 en Chile, de las cuales un 47% son mujeres y un 53% hombres.

“Estamos muy satisfechos de que finalmente la indicación que presentamos y defendimos durante el año 2022 haya llegado a buen puerto, porque hoy es posible conocer, con bastante precisión, cuál es el universo de personas que padecen de Diabetes Tipo 1 a lo largo de nuestro país. Sabemos que esta es una enfermedad oculta, que lamentablemente ha cobrado la vida de muchos niños, niñas y adolescentes de todo Chile, por diversas razones, entre ellas por no tener un catastro nacional. Por eso es muy importante que el Ministerio de Salud haya realizado esta primera nómina, porque le permitirá al Estado empezar a elaborar políticas públicas adecuadas, con datos reales e información fidedigna en beneficio de quienes padecen esta patología”, destacó la representante del Distrito 15.

En ese sentido, la diputada Romero también precisó que, de las 23.132 personas con Diabetes Tipo 1 en el país, 1.225 pertenecen a O’Higgins, siendo una de las cinco regiones con más casos en todo el país, donde la mayoría de los pacientes pertenecen a Fonasa y un número muy reducido a Isapre.

Pero además, la parlamentaria también recordó que la misma indicación aprobada en la Ley de Presupuestos del año 2023 disponía de recursos, en la canasta GES, para que se adquirieran y entregaran sensores para medir automáticamente la glicemia, especialmente en los niños y jóvenes.

“La elaboración del catastro nacional es un primer paso, porque nos permitirá elaborar políticas públicas mucho más precisas y efectivas para todos los pacientes. Pero no es suficiente y vamos a seguir presionando e insistiendo hasta que el Gobierno cumpla todos los compromisos que se aprobaron en el Congreso Nacional. Las personas que padecen esta enfermedad requieren del apoyo del Estado, y no descansaremos hasta que reciban toda la ayuda que sea necesaria”, reiteró Romero.

El representante por la región de O’Higgins en la Cámara Alta y miembro de la Comisión de Salud, criticó que el proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, tenga una disponibilidad financiera de 30 millones de pesos.

Hace menos de una semana que Camila Gómez, madre de Tomas Ross, atravesó la región de O’Higgins caminando, procesión que inició con la finalidad de llegar a La Moneda a hablar con el Presidente Gabriel Boric, pero también de reunir 3 mil 500 millones de pesos para costear el tratamiento de su hijo con Distrofia Muscular de Duchenne. Para el senador y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro, este evento no pasó desapercibido.

Ha sido en varias oportunidades en las que el parlamentario ha insistido al Gobierno sobre la importancia y necesidad de la incorporación de nuevas patologías con tratamientos de alto costo en la ley Ricarte Soto, por ello, ante la decisión del ejecutivo de incorporar indicaciones al proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, el parlamentario por la región de O’Higgins fue muy crítico, específicamente, por el informe financiero que lo acompaña.

“No sacamos nada con establecer un nuevo marco normativo que tenga un consejo asesor y técnico, que tenga un registro, como lo propone este proyecto, si no tiene financiamiento. A mí me parece una vergüenza que este proyecto, leyendo el informe financiero, tenga 30 millones de pesos. Sólo para los informáticos, para el registro”, expuso el también médico en la discusión de la comisión tras la exposición del Ministerio de Salud.

Manifestó que le parece “inconcebible”, que teniendo la ley Ricarte Soto paralizada hace 3 años y enfermedades que hoy en día son de “alto impacto y poco frecuentes” con marchas en desarrollo, se hace esencial que se destrabe el nudo financiero de esta normativa. “Esa ley, que es la que nació para este efecto, está trabada y paralizada porque no pueden ingresar nuevas enfermedades; yo valoro que se presente este proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, que es una moción que viene a complementar, pero carece de financiamiento”.

“Las enfermedades del GES ahí están, pero las que son Ricarte Soto, ¿dónde están? ¿cuál es la respuesta que le damos a la ciudadanía?, entonces a mí me irrita, lo digo con sinceridad y con dolor, que no tengamos la capacidad de poder recitar esto, porque lo que yo esperaría, sinceramente, es una enmienda para esta ley Ricarte Soto, con un nudo financiero destrabado, con un nuevo guarismo, que permita colocar de una vez por todas las enfermedades priorizadas, que son conocidas por todos, la Atrofia Muscular Espinal, la Distrofia Muscular de Duchenne y otras, eso está estudiado”, apuntó el senador.

El representante de O’Higgins explicó que el permiso laboral evitará que los empleadores puedan sancionar o, incluso, desvincular a quienes se ausenten ante una eventual urgencia.

El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), anunció que este martes se aprobó en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Baja la creación de un permiso laboral para que todos los dirigentes de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) -también conocidos como APR- puedan asistir a las eventuales emergencias que se produzcan en la operación del servicio, sin correr el riesgo de que en sus trabajos puedan ser sancionados o, incluso, desvinculados.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que dicho proyecto surgió como una manera de apoyar a los cerca de 10 mil dirigentes de SSR que, según distintas estimaciones, existen en Chile, quienes generalmente son los que se hacen cargo de toda la operación y administración del sistema.

Por lo mismo, lo que propone la iniciativa -que ahora deberá ser votada en la Sala de la Cámara de Diputados- es facultar a los dirigentes a que puedan acudir a las emergencias que se produzcan en la operación y/o gestión del sistema. El tiempo que ellos destinen para enfrentar dichas situaciones, explicó Cornejo, se considerará como “trabajado” para todos los efectos legales, sin que los empleadores puedan calificar la salida como “intempestiva” o “injustificada”, ni aplicar sanciones.

“Es fundamental que los dirigentes de los SSR se sientan protegidos y con la tranquilidad de que no serán sancionados en sus trabajos si es que, por ocasión de alguna emergencia, tienen que salir de manera urgente. Tal como ocurre con otras labores, como por ejemplo los bomberos, el rol que cumplen los dirigentes de los Servicios Sanitarios Rurales es trascendental, porque muchas veces son ellos quienes saben cómo restablecer la operación o solucionar distintos problemas”, manifestó el representante de O’Higgins, quien agregó que bastará que los trabajadores acrediten su calidad de dirigente ante su empleador para que pueda acceder al permiso, una vez que se convierta en ley.

En esa línea, Cornejo también aseguró que el proyecto apunta a “reconocer” la importante labor y el compromiso que aquellas personan tienen con sus propias comunidades, asegurando que “muchas veces nos olvidamos, pero los dirigentes tienen que estar las 24 horas y los siete días de la semana pendientes de que el servicio funcione como corresponde, sin ni siquiera poder descansar”.

Por lo mismo, el integrante de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja llamó al resto de los legisladores a tramitar y aprobar lo antes posible dicha iniciativa, reiterando que “son casi 10 mil los dirigentes que vamos a estar apoyando de manera muy significativa”.

“Actualmente, podría ocurrir el caso de que un empleador le niegue el permiso a un dirigente que requiera ir a solucionar alguna emergencia que se esté produciendo en la operación. Por eso es que este proyecto cobra especial importancia, porque una vez que se convierta en ley, ellos podrán ausentarse temporalmente de su trabajo, sin el temor a sufrir represalias”, sostuvo el legislador UDI.

El parlamentario UDI acusó que la campaña impulsada por el Ejecutivo -donde hacen una férrea defensa al fondo común- infringiría distintas normas sobre el uso de recursos públicos.

Al respecto, el representante del Distrito 16 hizo referencia a la campaña “Mejores Pensiones para Chile”, impulsada por la Subsecretaría de Previsión Social y que al menos desde mediados de mayo circula en distintas redes sociales -como Youtube e Instagram- además de la televisión, donde si bien al final del video aclaran que se trata de un “proyecto de ley sujeto a discusión y aprobación en el Congreso Nacional”, en todo su desarrollo -que se extiende por más de un minuto- el Ejecutivo sólo hace mención al “seguro social” que buscan implementar, pese a que ya fue rechazado en la Cámara.

Por lo mismo, el diputado Cornejo no sólo cuestionó que en el video se incluyeran, por ejemplo, frases como “cada uno suma hoy” y que “es algo que nos va a proteger a todos y que te va a servir a ti también cuando seas viejo”, sino que principalmente criticó al Gobierno por destinar cerca de $430 millones a dicha campaña, utilizando recursos públicos que le pertenecen a todos los chilenos.

“Las actuales autoridades han traspasado un límite, al destinar recursos que son de todos los chilenos para hacer proselitismo político e impulsar su propia visión ideológica sobre un proyecto tan relevante para nuestro país, como es la reforma de pensiones. Pero además, lo han hecho transgrediendo una serie de normativas que son bastante claras, y que dicen relación con el buen uso de los recursos públicos y la administración financiera. Por eso junto a un grupo de diputados de Chile Vamos decidimos recurrir esta mañana a la Contraloría General de la República, porque nos parece absolutamente grave que el Gobierno esté malgastando estos recursos para tratar de convencer a los chilenos que el mejor camino para subir las pensiones sería un sistema de reparto, cuando todos sabemos que no es así porque ha fracasado en el resto del mundo”, sostuvo Cornejo.

En esa línea, el parlamentario por O’Higgins recordó las innumerables encuestas que se han realizado sobre esta materia, donde -en promedio- nueve de cada diez chilenos prefieren que sus ahorros vayan a su cuenta individual y no a un fondo común, como lo está promoviendo el Gobierno.

Producto de lo anterior, Cornejo solicitó que la Contraloría pueda abrir una investigación y, de ser necesario, adoptar todas las medidas que correspondan por el gasto de alrededor de $430 millones.

“Lamentablemente, la estrategia que adoptó el Gobierno no sólo termina confundiendo y tratando de engañar a la ciudadanía, sino que además no contribuye en nada a lograr un acuerdo en algo tan importante, como es subir las pensiones de los adultos mayores”, reiteró el parlamentario de la UDI.

• Las Diputadas solicitaron al Ejecutivo patrocinar y dar urgencia al proyecto de ley.  

Los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes (NNA) son hechos aberrantes que generan gran conmoción en la opinión pública, más aún si quienes son investigados por este tipo de hechos, obtienen beneficios como la libertad provisional o bajo caución, por contar con recursos económicos suficientes para pagar cuantiosas sumas de fianza.

Uno de los casos que mayor impacto ha generado se relaciona con la investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Fernando en contra de Eduardo Macaya, quien tras resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua, logró que se revocara la medida de prisión preventiva, previo pago de una fianza de 150 millones de pesos. 

En ese contexto, la Diputada Marcela Riquelme (Ind-CS), presentó un proyecto de ley que busca modificar diversos artículos del Código Penal con el objeto de que los imputados y condenados por delitos sexuales no puedan acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, protegiendo así la indemnidad sexual de NNA. 

Según explicó la parlamentaria la moción busca establecer una solución legislativa e impedir que en delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, “no se pueda reemplazar la prisión preventiva por una caución, no importa el monto” agregando que de esta forma se busca “generar  herramientas efectivas para  sancionar y evitar posibles revictimizaciones, además de establecer con la gravedad necesaria, la imposibilidad de que quien vulnere tenga beneficios, negándole de forma absoluta la posibilidad de acceder a la libertad provisoria, o al arresto domiciliario, o rendir caución para acceder a estos”. 

Por su parte, la Diputada Karol Cariola señaló que “este es un acto de toda justicia, más todavía con hechos públicos conocidos como el ‘caso Macaya’ y nos parece de una responsabilidad política de quienes hoy legislamos en el parlamento, por ello hacemos un llamado al Ejecutivo para que patrocine este proyecto de ley, que le demos urgencia porque esto no puede seguir ocurriendo, no queremos más abusadores sexuales libres, que por tener plata en el bolsillo puedan comprar la libertad a costa de la seguridad de las niñas y niños de nuestro país”. 

De acuerdo a lo planteado en la iniciativa legal, además de establecer la protección de la víctima, también se busca limitar las acciones de quienes por su capacidad económica puedan obtener un beneficio carcelario, sin importar la vulneración de derechos cometidos a las víctimas. “Muchas veces los jueces optan por dejar a las personas en libertad y aquí nos enfrentamos a otro fenómeno que tiene que ver con la percepción de que aquí hay justicia para pobres y para ricos”, resaltó la Diputada Riquelme.  

El proyecto de ley contó además con el apoyo transversal de diputadas y diputados, siendo suscrito por Karol Cariola, Mercedes Bulnes, Erika Olivera, Marisela Santibáñez, Camila Musante, Consuelo Veloso y Rubén Oyarzo. 

Vale destacar que -en este mismo tenor- el senador Karim Bianchi también presentó una moción que busca restringir la libertad provisional frente a delitos como violencia intrafamiliar, accidentes con resultado de muerte y delitos sexuales.