• Las Diputadas solicitaron al Ejecutivo patrocinar y dar urgencia al proyecto de ley.  

Los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes (NNA) son hechos aberrantes que generan gran conmoción en la opinión pública, más aún si quienes son investigados por este tipo de hechos, obtienen beneficios como la libertad provisional o bajo caución, por contar con recursos económicos suficientes para pagar cuantiosas sumas de fianza.

Uno de los casos que mayor impacto ha generado se relaciona con la investigación que lleva adelante la Fiscalía de San Fernando en contra de Eduardo Macaya, quien tras resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua, logró que se revocara la medida de prisión preventiva, previo pago de una fianza de 150 millones de pesos. 

En ese contexto, la Diputada Marcela Riquelme (Ind-CS), presentó un proyecto de ley que busca modificar diversos artículos del Código Penal con el objeto de que los imputados y condenados por delitos sexuales no puedan acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, protegiendo así la indemnidad sexual de NNA. 

Según explicó la parlamentaria la moción busca establecer una solución legislativa e impedir que en delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, “no se pueda reemplazar la prisión preventiva por una caución, no importa el monto” agregando que de esta forma se busca “generar  herramientas efectivas para  sancionar y evitar posibles revictimizaciones, además de establecer con la gravedad necesaria, la imposibilidad de que quien vulnere tenga beneficios, negándole de forma absoluta la posibilidad de acceder a la libertad provisoria, o al arresto domiciliario, o rendir caución para acceder a estos”. 

Por su parte, la Diputada Karol Cariola señaló que “este es un acto de toda justicia, más todavía con hechos públicos conocidos como el ‘caso Macaya’ y nos parece de una responsabilidad política de quienes hoy legislamos en el parlamento, por ello hacemos un llamado al Ejecutivo para que patrocine este proyecto de ley, que le demos urgencia porque esto no puede seguir ocurriendo, no queremos más abusadores sexuales libres, que por tener plata en el bolsillo puedan comprar la libertad a costa de la seguridad de las niñas y niños de nuestro país”. 

De acuerdo a lo planteado en la iniciativa legal, además de establecer la protección de la víctima, también se busca limitar las acciones de quienes por su capacidad económica puedan obtener un beneficio carcelario, sin importar la vulneración de derechos cometidos a las víctimas. “Muchas veces los jueces optan por dejar a las personas en libertad y aquí nos enfrentamos a otro fenómeno que tiene que ver con la percepción de que aquí hay justicia para pobres y para ricos”, resaltó la Diputada Riquelme.  

El proyecto de ley contó además con el apoyo transversal de diputadas y diputados, siendo suscrito por Karol Cariola, Mercedes Bulnes, Erika Olivera, Marisela Santibáñez, Camila Musante, Consuelo Veloso y Rubén Oyarzo. 

Vale destacar que -en este mismo tenor- el senador Karim Bianchi también presentó una moción que busca restringir la libertad provisional frente a delitos como violencia intrafamiliar, accidentes con resultado de muerte y delitos sexuales.

Ambos parlamentarios llamaron a las actuales autoridades a presentar distintas medidas que permitan sacar del “rezago” a la zona, de lo contrario presentarán una glosa especial en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024, que comienza el próximo mes.

Los diputados por los distritos 15 y 16, Natalia Romero y Eduardo Cornejo, respectivamente, llamaron al Gobierno a elaborar un “plan especial” para O’Higgins, luego que el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas posicionara a la región con la tasa de desempleo más alta del país.

Al respecto, los parlamentarios manifestaron su preocupación por la desocupación de un 10,4% que registró la zona, de acuerdo al trimestre móvil mayo-julio de este año, ubicándose -además- muy por encima del 8,8% de promedio nacional, dando cuenta del rezago en que se encuentra O’Higgins, lo que coincide también con que fue una de las regiones más golpeadas por las graves inundaciones.

Por lo mismo, y considerando que la zona registró un nuevo aumento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, los diputados Romero y Cornejo aseguraron que resulta “imprescindible” que se adopten medidas especiales para la región, advirtiendo que las graves consecuencias que generaron los últimos sistemas frontales “podrían provocar que el desempleo aumente aún más”.

“El último informe de desempleo en nuestro país sólo viene a constatar lo que hemos manifestado desde hace bastante tiempo: que existen regiones, como O’Higgins, que no han podido superar la actual crisis económica de la misma forma que lo han hecho otras zonas del país, y que por lo tanto requieren con urgencia de políticas y programas públicos que permitan fomentar la creación de nuevos trabajos para las personas, en especial en los grupos con mayores índices de desempleo y que no han podido reinsertarse laboralmente en el último tiempo”, señalaron ambos legisladores.

En esa línea, y en la eventualidad de que el Ejecutivo no acoja dicha petición, Romero y Cornejo anunciaron que en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 -que comienza el próximo mes- promoverán una glosa especial para O’Higgins, que incluyan medidas especiales como un nuevo IFE Laboral, subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), programas que fomenten la generación de empleo, capacitaciones y mayores incentivos, entre otras propuestas.

Sin embargo, advirtieron que si no se adopta una decisión a la brevedad posible, las consecuencias en las próximas mediciones “pueden llegar a ser muy fatales”, sobre todo considerando los empleos que podrían perderse en algunos sectores productivos, como el agrícola, debido a las inundaciones.

“Las autoridades no pueden esperar un minuto más para anunciar un verdadero plan de reactivación económica en el país, con un foco especial en las regiones con las mayores tasas de cesantía, como O’Higgins. No hay mejor política laboral y social que el pleno empleo, por lo que si el Gobierno sigue empecinado en ahuyentar la inversión y en no promoverla, la situación se irá profundizando en los próximos meses, afectando gravemente a los habitantes de la zona”, señalaron Romero y Cornejo, quienes por lo mismo buscarán reunirse con el ministro de Economía para formalizar dicha solicitud.

La iniciativa contempla modificar el Código del Trabajo, agregando un artículo único, que permita, entre otros, otorgar a los familiares del fallecido trabajador, un monto correspondiente a la mitad de la indemnización.

Los senadores, Alejandra Sepúlveda (IND) y Esteban Velásquez (FRVS), presentaron un proyecto de ley para modificar el Código del Trabajo, a fin de en caso de fallecimiento del trabajador, la familia pueda recibir de igual manera la indemnización por años de servicio, con un tope de 165 días de remuneración.

Al respecto, la parlamentaria señaló que “lamentablemente la legislación no contempla indemnizaciones en otros casos, como la muerte del trabajador contenida el artículo 159 N°3 del Código del Trabajo y que en la práctica deja en indefensión la familia del trabajador”.

“Con este proyecto buscamos resguardar a las familias del perjuicio que les ocasiona la pérdida de aquel familiar trabajador que fallece, por cualquier causal, partiendo de lo que existe actualmente, considerando que en caso de no existir fallecimiento y se terminara la relación laboral, dicho término daría normalmente lugar a la indemnización por años de servicio estipulado en el artículo 163 del Código del Trabajo”

Por su parte, el senador Velásquez argumentó que “si ya hemos contemplado otros tipos de indemnizaciones especiales en virtud de otras causales distintas a la de necesidad de la empresa, como es el caso de las trabajadoras de casa particular y recientemente en el caso de los trabajadores contratados por obra o faena, entendemos que es también necesario que en el imprevisto que supone la muerte de un trabajador, no solo para la familia sino también para su empleador, se considere de igual manera la entrega de una indemnización a la familia, con ciertos requisitos que no pongan en riesgo a la empresa para la cual trabajó”.

En este sentido, los autores del proyecto explicaron que “se propone limitar la indemnización a la mitad respecto del cálculo del mes por año trabajado o fracción de esté, como del tope máximo de días indemnizables, evitando así causar un perjuicio a las empresas, especialmente respecto de las pequeñas y medianas”.

Así, el proyecto plantea en su artículo único que “si se pusiere termino al contrato de trabajo conforme al artículo 159 N°3, el empleador deberá poner a disposición de los herederos del trabajador el respectivo finiquito de trabajo en que se liquide los derechos que corresponden al trabajador fallecido, como el tiempo proporcional efectivamente trabajado en el mes de fallecimiento y feriados pendientes. Además, el empleador deberá poner a disposición una suma equivalente a quince días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente a dicho empleador. Éste último monto tendrá un límite máximo de ciento sesenta y cinco días de remuneración”, concluye la iniciativa.

Los representantes de O’Higgins emplazaron a las autoridades a ejecutar los trabajos que sean necesarios para evitar que se produzcan catástrofes como la de mediados de junio.

A raíz de la llegada de un nuevo sistema frontal en la zona centro sur del país, que se pronostica para este jueves y con mayor intensidad durante el fin de semana, los diputados por la Región de O’Higgins, Natalia Romero y Eduardo Cornejo, llamaron a las actuales autoridades, entre ellas las del Ministerio de Obras Públicas, a adoptar todas las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que se produzcan situaciones como las ocurridas a mediados de junio, cuando los desbordes de ríos provocaron graves inundaciones en una serie de comunas, dejando a miles de damnificados.

Al respecto, los parlamentarios hicieron eco a los distintos pronósticos que se han entregado durante estos días, donde se advierte que incluso podrían caer hasta 100 milímetros de lluvia en un plazo de cinco días. Por lo mismo, y considerando las graves consecuencias que provocó el último sistema frontal en la zona, además de la lentitud con la que se ha llevado adelante el proceso de reconstrucción, Romero y Cornejo insistieron en su llamado al Gobierno a actuar de manera “preventiva”, asegurando que “no podemos permitir que se repitan imágenes de hace dos meses”.

“Todos los pronósticos meteorológicos anticipan un sistema frontal de gran envergadura, sobre todo durante el fin de semana, con condiciones que pueden llegar a ser muy similares a las de mediados de junio, cuando comunas como Coltauco sufrió la inundación de un 70% de su territorio. Por eso es fundamental que las actuales autoridades, como las del MOP y las que tengan un rol importante en la materia, puedan realizar todas las obras que sean necesarias, como el encauzamiento de los ríos, el despeje de escombros, la habilitación de barreras, entre otras, de tal manera de evitar que se repita el lamentable escenario que vivimos hace dos meses”, señalaron ambos parlamentarios.

En esa línea, los diputados Romero y Cornejo también solicitaron al Ejecutivo preocuparse por las ayudas comprometidas a los damnificados que dejó la anterior emergencia, donde casi tres mil viviendas quedaron con un daño mayor en la región y cerca de 300 terminaron completamente destruidas, además de los efectos negativos que tuvo en los pequeños y medianos agricultores de la zona, quienes sufrieron con la destrucción de bocatomas, compuertas y distinta infraestructura.

Justamente, los representantes de O’Higgins recordaron que debido a la anterior catástrofe, que dejó a más de ocho mil personas damnificadas en la zona, solicitaron al Ejecutivo aumentar al doble ($3 millones) el monto del bono enseres para quienes perdieron sus hogares, además de condonar el pago de contribuciones de bienes raíces de las propiedades que se vieron gravemente afectadas.

“El Gobierno tiene la obligación de prevenir que se produzcan nuevas emergencias en nuestra región, y para ello es fundamental que actúen de manera proactiva y no esperen la llegada del sistema frontal para recién reaccionar. De lo contrario, podríamos estar lamentando otra catástrofe que perfectamente debería evitarse”, reiteraron los diputados Natalia Romero y Eduardo Cornejo.

El representante de O’Higgins explicó que la iniciativa permitirá que los dueños de colectivos, taxis y furgones escolares puedan devolver los créditos que recibieron en hasta 36 cuotas.

El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), valoró el avance que tuvo un proyecto de ley que busca apoyar económicamente a todos los transportistas de pasajeros en el país, entre ellos los dueños de taxis, colectivos y furgones escolares, que debido a las restricciones de desplazamiento que hubo durante la emergencia sanitaria tuvieron que acceder a los préstamos solidarios que ofreció el Gobierno, lo que les permitió superar la crisis económica que vivía el país.

Al respecto, el parlamentario gremialista recordó que fueron en total cuatro los créditos que podían solicitar los transportistas, por $320.500 cada uno, estableciéndose un convenio de pago especial con la Tesorería General de la República. Sin embargo, el beneficio quedó sujeto a la obtención del permiso de circulación correspondiente a este año, de manera que si los propietarios no estaban al día al momento del vencimiento -31 de mayo-, se les negaba la renovación de dicho documento.

Justamente, Cornejo explicó que en abril de este año más de 31 mil transportistas -de un total de 36.323 que recibieron el beneficio- se encontraban con sus deudas impagas, de los cuales cerca de 12 mil ni siquiera habían suscrito los convenios de pago con la Tesorería, por lo que rápidamente se buscó una solución al conflicto que permitiera que los conductores pudieran seguir trabajando.

“En abril de este año le advertimos al Gobierno sobre el grave problema que se estaba generando en nuestro país, porque eran más de 30 mil transportistas, entre ellos dueños de taxis, colectivos, de pasajeros y escolares, que no iban a poder renovar su permiso de circulación porque no estaban al día con el pago de los préstamos solidarios. Y logramos avanzar muy rápido con una ley que les permitiera obtener ese permiso pese a estar morosos, pero aún faltaba otra iniciativa que pudiera flexibilizar el pago de los créditos”, detalló el representante del Distrito 16, quien precisó que los transportistas siempre manifestaron su disposición a ponerse al día con el pago del préstamo, pero como en un inicio fue pactado en UF, el monto subió considerablemente en los últimos dos años.

En esa línea, el parlamentario de la UDI explicó que esta tarde fue aprobado y despachado al Senado el proyecto que precisamente se necesitaba para avanzar en el pago de las deudas. En concreto, Cornejo informó que la Tesorería General de la República podrá pactar un nuevo convenio, por hasta 36 cuotas, para que los transportistas puedan ponerse al día con sus obligaciones, al que podrán acceder tanto los usuarios con convenios vigentes y al día, como también los que no han suscrito un acuerdo o que se encuentran morosos. Además, para evitar nuevos reajustes a futuro, el legislador sostuvo que al momento de pactar el nuevo contrato, la deuda pasará de cobrarse en UF a pesos.

“Se espera que este proyecto pueda beneficiar a más de 26 mil transportistas que lo pasaron muy mal durante la pandemia. Por eso esperamos que el Senado avance lo antes posible con esta iniciativa, porque estamos hablando de muchas familias de nuestro país que requieren, con absoluta urgencia, que les tiendan una mano en estos momentos de crisis económica”, manifestó Cornejo.

• La parlamentaria e integrante de la Comisión de Desarrollo Social hizo un llamado a trabajar en conjunto para mejorar las pensiones y mantener los números a la baja.

Este jueves se dieron a conocer los primeros resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen 2022, cuyos datos reflejaron un escenario positivo para el país, dado que se retomó la senda decreciente de la pobreza en Chile.

Según la encuesta, la pobreza por ingresos ha experimentado una disminución significativa en el país y se ubicó en un 6,5% de la población, lo que equivale a 1.292.521 personas. La cifra representa un descenso en comparación con mediciones previas donde la tasa de pobreza se ubicó en un 10,7% en 2020 y en un 8,5% en 2017. La pobreza extrema también registró una disminución a nivel nacional, ubicándose en 2% de la población, en contraste con el 4,3% registrado en 2020.

Sobre los datos dados a conocer la parlamentaria RN, Carla Morales,  comentó que “si bien la encuesta Casen demuestra una disminución de la pobreza, estas cifras debemos tomarlas con cautela, ya que están muy influidas por lo que fueron las ayudas sociales entregadas por el Estado en el contexto de la pandemia y puede que hoy no reflejen la realidad económica que están viviendo muchas familias.”

Por último, la congresista sostuvo que “seguimos teniendo una brecha  importante entre hombres y mujeres, quienes están más expuestas a situaciones de vulnerabilidad  y por lo tanto a caer en la pobreza extrema. También nos preocupa la situación que ocurre con los inmigrantes que han llegado al norte del país, quienes significan un porcentaje importante de personas que están en pobreza. Debemos seguir trabajando para hacer las políticas públicas necesarias para ir superando la pobreza en Chile.”