• Los cambios permiten acelerar la inversión pública, eximiendo de la evaluación ex ante a proyectos de inversión de menor tamaño, especialmente aquellos presentados por las municipalidades. 
• El objetivo es dinamizar sectores clave y simplificar procedimientos administrativos para responder eficientemente a las necesidades de la población. 

Con el propósito de agilizar y simplificar los procesos de inversión pública en el país, los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Hacienda implementaron cambios significativos en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI), con la incorporación de un proceso de eximición especial que beneficiará a proyectos de inversión más pequeños como, por ejemplo, los presentados por los municipios. 

En 2024, ambos ministerios implementarán un piloto que eximirá de la evaluación ex ante a las iniciativas de inversión que postulen a ejecución con un costo total inferior a 5 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Estos proyectos no requerirán indicadores de rentabilidad social ni análisis técnico-económico para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS). En su lugar, deberán remitir el oficio de ingreso al Sistema Nacional de Inversiones junto con los antecedentes del proyecto, directamente a la Dirección de Presupuestos para solicitar la identificación presupuestaria, la que se resolverá en un máximo de 20 días hábiles. 

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “esta nueva forma de evaluación de proyectos de inversión pública fortalece la colaboración que tenemos como Gobierno con los municipios y gobiernos regionales, que, entre otras cosas, va a permitir que los proyectos menores a 5000 UTM se puedan desarrollar de manera mucho más ágil. Estos son proyectos que impactan directa y positivamente en las vidas de las personas, como proyectos de Agua Potable Rural, pavimentación, electrificación rural, mejoramiento de jardines infantiles, de postas, multicanchas, proyectos de accesibilidad. Esto también es parte del compromiso que tiene el Gobierno con e impulsar la inversión no sólo privada, sino también pública durante este 2024 para favorecer el crecimiento y el empleo”. 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel destacó que las medidas se enfocan en agilizar inversiones “que tienden a ser más intensivas en mano de obra y de alto impacto social" y estimó que “estas iniciativas, acompañadas de ciertos ajustes, equivalen más o menos al 18% de los proyectos de inversión del Sistema Nacional de Inversiones, por lo tanto son normas que tienen efectos importantes en la inversión”. En cuanto a los plazos, el titular de Hacienda que el “el Gobierno ha definido una meta muy ambiciosa para este año, como es que el 50% de la inversión pública esté ejecutada durante el primer semestre de este año. Para eso, un paso fundamental es que tengamos identificada el 90% de la inversión pública en febrero, a diferencia del año pasado, cuando estas identificaciones estuvieron listas en abril”.

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, precisó que "con estos cambios, estamos avanzando en agilizar la inversión pública, en un camino que iniciamos en marzo de 2022 y que hoy tiene su expresión más viva con la eximición de evaluación para los proyectos de menos de 5 mil UTM. Esta demanda, muy sentida por los municipios y los gobiernos regionales, es muestra de nuestro compromiso con el desarrollo local y el apoyo a las comunidades. Al reducir la burocracia, permitimos que los recursos se inviertan donde más se necesitan, de forma rápida y efectiva."

Mientras, el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, afirmó que “tenemos una valoración muy positiva de estas iniciativas que se toman en la perspectiva de poder agilizar y viabilizar el Sistema Nacional de Inversiones, porque en la práctica agilizar la inversión pública significa llegar con soluciones tempranas en nuestras comunidades, en nuestros territorios, para atender las deficiencias en materia de vivienda, salud, viabilidad, construcción de infraestructura crítica, etcétera”. 

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, sostuvo que “lo más importante es valorar y celebrar esta iniciativa del gobierno que crea un círculo virtuoso entre la necesidad de acelerar el crecimiento y la inversión, con la necesidad de invertir en los barrios, en las comunidades. Llegar tarde es como no llegar y muchas de nuestras comunidades esperan por años soluciones a problemas que podrían haber resuelto mucho antes si no es por la ‘tramitología’, permisos, burocracia. Esta iniciativa significa no dejar de priorizar la transparencia, la regularidad de los procedimientos, eficiencia y eficacia de los servicios públicos. El acelerar los procesos más bien tiene que ver con que las instituciones estamos al servicio de las personas, y no al revés”. 

Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada Herrera expresó que “con estos cambios, podremos impulsar iniciativas que impactan positivamente en la vida diaria de las personas: sedes vecinales, centros comunitarios, sistemas de Agua Potable Rural, electrificación rural, proyectos de accesibilidad universal, alcantarillado, agua potable para localidades pequeñas, pavimentación de caminos locales, entre otras. Estas mejoras se enfocarán principalmente en reducir requisitos para proyectos pequeños, estimular el desarrollo local y generar empleo, permitiendo dar una respuesta ágil a las necesidades de las personas y a las demandas de las autoridades municipales”.

Al tratarse de un piloto, al finalizar 2024, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social analizarán los resultados de la emixición para determinar la permanencia y ajustes de esta medida. 

Actualización de normas para agilizar los procesos de Inversión Pública en el país

La implementación de la eximición especial para proyectos menores de 5 mil UTM se enmarca dentro de la actualización de las “Normas, Instrucciones y Procedimientos” para el Proceso de Inversión Pública 2024, también conocidas como NIP, que realizaron los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia con el objetivo de buscar espacios de agilización y eficiencia en el Sistema Nacional de Inversiones.

Es así como un punto destacado de esta actualización es la incorporación de un capítulo dedicado a la proporcionalidad, marcando el inicio de un trabajo multisectorial para integrar este principio en los procedimientos del sistema. Se establece, como primera medida, la excepcionalidad de evaluación de las iniciativas cuyo monto sea menor a 5.000 UTM. 

En el ámbito de las emergencias, se establecen procedimientos abreviados que amplían su alcance a zonas afectadas por emergencias no sujetas al decreto supremo del Ministerio del Interior en caso de catástrofe. Este enfoque considera emergencias declaradas por resolución exenta de SENAPRED y eventos respaldados en actos administrativos que afecten a servicios públicos como establecimientos educacionales y hospitales. Además, se ordenan los procesos relativos a la reposición, reduciendo las iteraciones y brindando mayor eficiencia a estos procedimientos.

Agua Potable Rural 

Dentro de los cambios, también se incluye una medida que busca reconocer las particularidades de los proyectos de agua potable rural, aplicando proporcionalidad en las iniciativas tanto en la fase de ejecución como en la fase de diseño y preinversión. Para ello, a fines de diciembre de 2023 se publicó un instructivo que distingue entre tamaño y complejidad de la ejecución de los proyectos de APR y el 31 de enero se publicará el instructivo de la fase preinversional y de diseño. 

Actualización de Metodologías 

Durante el primer semestre de 2024, se desarrollará la metodología y el procedimiento para pilotear planes maestros multisectoriales que liderará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, optimizando los procesos para avanzar de manera simultánea en aquellas iniciativas donde sea posible, en lugar de seguir un enfoque exclusivamente secuencial. 

También, durante 2024 se fortalecerá la metodología general, convirtiéndola en troncal y complementándola con anexos metodológicos específicos por sector, facilitando la formulación de iniciativas, evitando la redundancia entre metodologías y robusteciendo el papel de cada una para lograr una mayor eficacia en el desarrollo y ejecución de proyectos. 

Estas acciones forman parte de una serie de mejoras impulsadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font desde marzo de 2022, con el fin de simplificar y dinamizar la inversión pública, promoviendo el desarrollo local y flexibilizando los procedimientos administrativos para brindar respuestas oportunas a las necesidades de la población.

El titular de Vivienda y Urbanismo informó que este año se sumarán 30 nuevas localidades al Programa para Pequeñas Localidades: 20 ingresarán a través del concurso regular, cuyas postulaciones comienzan este 19 de julio, y 10 por admisión especial, destinado a territorios afectados por catástrofes, principalmente. 

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que este 19 de julio se abrieron las postulaciones al concurso 2023 del Programa para Pequeñas Localidades. La convocatoria, que se extenderá hasta el 6 de septiembre, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida en territorios -de menos de 20 mil habitantes- donde la oferta urbana y habitacional, y del Estado, en general, presenta mayores rezagos.

El concurso contempla la selección de 20 nuevas localidades en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Aysén, y Magallanes. 

“Este programa nos permite llegar a localidades rezagadas desde el punto de vista de la inversión pública y contribuir a mejorar su calidad de vida, tal como lo hacemos hoy en más de 70 localidades del país de menos de 20 mil habitantes. Para alcanzar este objetivo, es fundamental la participación ciudadana, por ello, este programa promueve que el municipio y sus habitantes definan en conjunto un plan de desarrollo, es decir, una visión común, una hoja de ruta, para fortalecer la historia, identidad, turismo y cultura de sus territorios, a través de la ejecución de una serie de obras urbanas, sociales y comunitarias”, dijo el ministro Carlos Montes.

Además de la convocatoria regular, en el resto de las regiones el ministerio sumará otras 10 localidades vía concursos regionales o selección especial por catástrofes naturales o zonas rezagadas.

La inversión en las 30 localidades será de 49 mil 507 millones de pesos y en promedio cada una de ellas recibirá 1.597 millones de pesos, recursos que beneficiarán a 60.500 personas.

Los municipios son los encargados de postular a sus respectivas localidades, de acuerdo con los requisitos establecidos en la resolución del concurso, publicada en el Diario Oficial el martes 18 de julio.

El Programa para Pequeñas Localidades del Minvu, que a la fecha acumula cinco convocatorias, está presente en 73 localidades, las que se encuentran en distintas etapas de implementación: 32 (diagnóstico); 18 (plan de desarrollo); y 23 (obras), y suman hasta ahora 227 proyectos en cartera. En la región de O’Higgins se encuentra en Pailimo de Marchigüe, Placilla de Placilla y Apalta de Santa Cruz.

A nivel país, son más de 200 mil personas se han visto beneficiadas con la implementación del programa en estos territorios, incluyendo aquellos en los que ya concluyó su intervención: Curacautín y TilTil, que son parte del piloto con el que se inició el programa hace ocho años.

Su implementación, que va entre los cuatro y seis años, se inicia con una primera etapa de diagnóstico, que generalmente comienza con una encuesta de caracterización. Luego, se conforma una Mesa de Actores Locales que participa de cada una de las etapas del programa y se define un Plan de Desarrollo de la Localidad.

Posteriormente, los vecinos y vecinas priorizan los proyectos urbanos posibles de desarrollar; y también, los proyectos sociales que aportarán al desarrollo comunitario, principalmente, en iniciativas de desarrollo económico local. Los últimos años las comunidades han optado por equipamientos productivos, de mejoramiento de infraestructura sanitaria, calles y veredas, parques y espacios públicos pertinentes y equipamientos comunitarios

• Esta herramienta permitirá maximizar los recursos policiales y agilizará los procesos de recepción de denuncias por parte de la comunidad desde O´Higgins a las regiones del sur, a partir del 31 de enero del 2024. 

Hasta dependencias de Comisaría Virtual de Carabineros, llegaron el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto al General Director(s), Marcelo Araya y la gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana Morales, para dar inicio a la ampliación de la plataforma que permitirá realizar tres tipos de denuncias, ahora en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Antártica Chilena, abarcando de esta manera todo el territorio nacional. 

Desde el lanzamiento del módulo online, el cual se inició en la Región Metropolitana en noviembre del 2021 y se amplió a la zona norte el año 2023, se han tramitado más de 17 mil denuncias, las cuales han sido validas y enviadas al Ministerio Público, lo que ha permitido ampliar las capacidades policiales y gestionar de una mejor forma el ingreso de denuncias, para posteriormente derivar a las Fiscalías correspondientes para su tramitación. 

Esta ampliación, que entrará en vigencia este 31 de enero de 2024, permitirá realizar denuncias por hurto, daño a la propiedad y maltrato animal, maximizando los recursos de Carabineros al liberar a muchos de ellos de algunas funciones administrativas en la recepción de denuncias que antes se debían realizar de forma presencial en las unidades policiales. De esta forma, podrán enfocarse en otros servicios y contribuir a un despliegue en terreno atendiendo los requerimientos de la comunidad para garantizar mayor seguridad. 

En la oportunidad, el Subsecretario Vergara destacó que esta modalidad “Nos permite avanzar en fortalecer a las instituciones del Estado, robustecer la labor policial y apuntar al corazón de la eficiencia policial. Queremos nuestras policías en la calle, donde más se les necesita y cuando podemos poner innovación de por medio para optimizar la labor policial, acortar los tiempos y reducir la burocracia, es un carabinero más en la calle, que adquiere un valor tremendamente importante para todos y todas".

Por su parte el General Director (s), Marcelo Araya, destacó el trabajo desarrollado por la institución en torno a la transformación digital, siendo una de las policías pioneras en utilizar esta modalidad, la cual, gracias al éxito y buena acogida de la comunidad, buscará incorporar en un futuro próximo la opción de nuevas denuncias por delitos como Robo por Sorpresa, Robo Accesorio de Vehículos, Estafa, entre otros. 

“Sin duda, estos avances tecnológicos que nos permiten optimizar nuestra labor policial y reforzar nuestra presencia en aquellos lugares donde nos requiere la comunidad”, agregó Araya.

Por su parte, la gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales, dijo que “esto un avance muy importante porque vemos que acerca a la comunidad la labor policial, permite un mejor acceso a la justicia, por eso nos comprometidos con Carabineros y vamos a seguir trabajando en esa senda. Esperamos que más adelante se pueda ampliar el catálogo de delitos, por ejemplo, en casos de robo de accesorios de vehículos y estafa. Creemos que ese es el camino”.

El Senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, se refirió a los alcances que tendrá esta normativa que busca penalizar estos delitos que han registrado un alza significativa en el país. 

El Presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, informó que ya se aprobó en general el proyecto de ley que regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal.

Esto a propósito de la importante alza que ha tenido el decomiso de medicamentos por su comercialización al margen de la ley. “Hemos aprobado en la Comisión de Salud en general el proyecto que es una moción de los miembros de la comisión, en el cual hacemos combate a la venta ilegal, en las ferias libres y en la calle, de medicamentos; también a la falsificación que es la alteración, por ejemplo, de productos como el Omeprazol”.

Respecto de la falsificación, explicó que “las bandas delincuenciales hoy copian el envase, el blíster donde están los comprimidos y adulteran su contenido, por lo tanto, a la gente se le vende como si fuera el producto, lo compran creyendo y se llevan a la boca un producto falso -que no se sabe porque están todavía investigando- qué contienen, probablemente almidón, excipientes, pensando en lo más benigno”.

Resaltó que hay un aumento “desproporcionado” de un mil por ciento en la venta ilegal y un 400% en robos a camiones que transportan medicamentos. “Hay una industria instalada que usa de cadena de distribución a pequeños comerciantes, les entregan un carrito de supermercado o una maleta pequeña con la cual ofrecen en las ferias. Por lo tanto, ahí nosotros queremos colocar el énfasis, en la persecución penal respecto de esos casos”.

El proyecto, establece presidio mayor en grado medio a máximo y multas de 200 UTM, para quien fabrique, importe, reacondicione, venda, intercambie, permute, distribuya o expenda un producto farmacéutico falsificado.

En cuanto a la venta ilegal de medicamentos, sanciona con penas que van desde los cinco años y un día, a los 15 años de presidio y multas de 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a quienes los vendan en lugares no autorizados por la ley.

“Ha habido un vacío durante muchos años, las multas actualmente son irrisorias, por eso es que vamos con mucha fuerza, porque aquí hay bandas internacionales que están operando en Chile. Lo que era un paisaje clásico que una persona por tentación veía un precio barato de algún analgésico y se tentaba a comprar -puede ser comprensible- pero detrás de eso hoy día hay una industria muy bien elaborada que va justamente a ofrecer en el mercado”.

Manifestó que el Estado no tiene ojos para controlar las farmacias, tampoco las bodegas y almacenes farmacéuticos. “En ese plano es donde estamos marcando la diferencia con la legislación actual, porque es escandaloso el nivel de venta ilegal y de falsificación de medicamentos en Chile”.

En lo que respecta al delito de distribución ilegal de medicamentos, la moción establece penas que van desde los cinco años y un día, hasta los 15 años, con multas de 100 UTM al propietario de un establecimiento autorizado que provea al mercado ilegal. El proyecto prohíbe la distribución mayorista de medicamentos por parte de las farmacias, debiendo ejercer sólo la venta al detalle.

“Hay farmacias establecidas, no ilegales, que simulan ser una farmacia, pero en la práctica funcionan como bodega, porque ellos más que venderla al público, lo hacen a reducidores que son los que van a las poblaciones o sectores populares; esos tienen que estar mejor identificados”, precisó.

Respecto de cuáles son las sanciones vigentes  asociadas a estos delitos, el también médico, explicó: “La venta ilegal está en multas de bajo rango, porque esto no se conocía en Chile y estamos pasando a penas que van en prisión preventiva y multas bastante millonarias, es decir, estamos aumentando los rangos, claramente. En el caso de las farmacias, es el cierre y el decomiso ocurre en algunas circunstancias, pero bastaría cerrar y cerrar no soluciona el problema porque volverían a abrir, entonces aquí se requiere otra legislación que es la que estamos impulsando”.

Finalmente, el parlamentario, también manifestó su preocupación sobre dos productos que se están comercializando ilícitamente. “Uno es el Fentanilo, que es una droga analgésica que se usa en cuidados intensivos y postoperatorio y que es adictiva por ser un opiáceo y el Misoprostol que es un abortivo que se está vendiendo por internet y que tampoco tiene un control eficiente por parte de la autoridad”. 

• Se trata de dos propuestas asociadas al Pacto por el Crecimiento, el Desarrollo Social y la Sostenibilidad Fiscal y reforzadas en el Gabinete Pro-Crecimiento, que buscan hacer más eficiente la inversión pública y estimular el crecimiento del país.
• Ministro Marcel “ambos son el corazón de uno de los cinco temas que componen el capítulo de Pro-Crecimiento dentro de esa agenda”.

Santiago, 11 de enero de 2024.- El Presidente, Gabriel Boric, junto a los ministros del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, presentaron los primeros proyectos de ley fruto del espacio de trabajo y que están asociados al Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Sostenibilidad Fiscal. Se trata del Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental 2.0, que consta de dos proyectos cuyo fin es reformar la entrega de permisos sectoriales para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas, y así poder simplificar los procesos de autorización, reducir tiempos de espera y entregar certezas a los inversionistas. 

La primera propuesta que se enviará la próxima semana a tramitación legislativa busca agilizar y optimizar los permisos para los proyectos de inversión; mientras que el segundo que ingresó hoy al Congreso tiene como fin modernizar el sistema de evaluación ambiental actualizando la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para modernizar los instrumentos de gestión ambiental que hoy existen y que están vigentes desde hace 30 años. Incluye la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En conjunto tienen por objetivo hacer más eficiente la inversión y a su vez el crecimiento del país. 

El ministro Marcel  explicó que se trata de dos iniciativas claves para el Pacto por el Crecimiento: “ambos son el corazón de uno de los cinco temas que componen el capítulo de Pro Crecimiento dentro de esa agenda, como son las materias de agilización, permisos para inversiones, estímulos a la inversión privada y a la productividad, desarrollo de infraestructura, y la formalización de la economía, todos englobados dentro del capítulo de Estímulo al Crecimiento, que es uno de los seis ejes del Pacto Fiscal”.

Con estas nuevas regulaciones se estima que, por ejemplo, los hospitales de alta complejidad puedan reducir sus tiempos de tramitación sectoriales en un 32%. Y para los grandes proyectos de explotación minera, el tiempo podría disminuir en 45%. 

Respecto al proceso legislativo, el ministro Marcel afirmó que “esperamos que en este proceso exista el mismo sentido de urgencia con la cual ha trabajado el Ejecutivo. Sería un contrasentido que proyectos que buscan reducir en plazo de un año, dos años, hasta cuatro años, la tramitación de un proyecto de inversión, se demorarán años en aprobarse”.

El siguiente paso dentro de los compromisos del Pacto por el Crecimiento, el ministro Marcel adelantó que la semana del 22 enero se presentará el proyecto sobre Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. El secretario de Estado agregó que “probablemente durante la misma semana vamos a presentar el proyecto de marco permanente regulatorio para la colaboración de organizaciones privadas sin fines de lucro en las políticas públicas”. 

• La eliminación de este sobrecargo en las tarifas eléctricas de clientes regulados se aplicará tras un proceso de diálogo entre el Ministerio de Energía y las compañías integrantes de Empresas Eléctricas A.G. 

Como parte de los compromisos asumidos por el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública, a partir de la primera quincena de julio se dejará de cobrar la tarifa de invierno en las cuentas de electricidad de los clientes regulados (tarifa BT1 y TRAT1).

La implementación de esta medida se concretará tras un acuerdo alcanzado en una mesa de trabajo compuesta por el Ministerio de Energía y las compañías integrantes del gremio Empresas Eléctricas A.G., que suministran a cerca de un 96% de los clientes regulados. 

El ministro de Energía, Diego Pardow, valoró el compromiso alcanzado “que permitirá beneficiar a un número significativo de clientes residenciales durante los meses de invierno y que viene a dar cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por el Presidente Gabriel Boric en la cuenta pública del pasado 1 de junio”. 

La autoridad añadió que este anuncio está alineado con la meta de Chile de ser un país carbono neutral al año 2050. “La eliminación de la tarifa de invierno es una oportunidad para diseñar nuevas herramientas que fomenten la inversión en tecnologías de calefacción eficientes, asequibles y sostenibles”, explicó.

Pardow agregó que “nuestras políticas climáticas exigen que fomentemos la electrificación en reemplazo de la calefacción con energías provenientes de combustibles fósiles, lo que permitiría disminuir los niveles de contaminación atmosférica e intradomiciliaria, principalmente en las ciudades del sur de Chile”.