La justicia en Rancagua y en la Región de O’Higgins atraviesa una crisis profunda. No se trata solo de una percepción, sino de una experiencia vivida por quienes, día a día, se enfrentan a un sistema que parece hecho para unos pocos. En esta zona, donde la desigualdad se respira con fuerza, la justicia dejó hace tiempo de ser sinónimo de equidad. Y para muchos, se ha convertido en un privilegio al que no todos pueden acceder.
Por Exequiel Aleu Monasterio para www.rancaguatv.cl
No es necesario estudiar teoría política para darse cuenta de que en Rancagua hay una sensación creciente de injusticia, de favoritismo, y de que el dinero –una vez más– termina inclinando la balanza. Y esa sensación no surge de la nada: es real, palpable, y tiene consecuencias.
En Rancagua, muchas personas sienten que la justicia depende del bolsillo. Si no tienes para pagar un abogado, si no puedes soportar años de espera o si simplemente no tienes los contactos, es probable que quedes fuera del juego. Hay quienes pueden ser sobreseídos por un tecnicismo, mientras otros esperan meses en prisión preventiva por delitos menores. La justicia no es pareja, y eso se nota.
Más aún, cuando uno observa ciertos casos de alto perfil, donde empresarios, figuras públicas o personas con poder salen airosas mientras ciudadanos comunes enfrentan todo el rigor de la ley por situaciones mucho menos graves, queda claro que la igualdad ante la ley, en esta región, es más bien una ilusión.
Yo mismo fui alumno de la carrera de Derecho de una universidad emplazada en Carretera del Cobre, en Machalí por dos años. Ingresé con la ilusión de aprender sobre justicia, derechos humanos, equidad, y el deber del Estado de proteger al más débil. Aprendí mucha teoría, pero no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que la carrera estaba enfocada en otra cosa: formar profesionales que supieran cobrar.
Ciertos profesores, empoderados pero corrompidos desde lo más profundo de su ser, se adueñaron éticamente de la carrera de Derecho, moldeándola según sus propios intereses. Amparados en un discurso aparentemente idealista, olvidaron que los alumnos también piensan, observan y construyen criterios. Hablaban de igualdad, libertad y fraternidad, pero en la práctica lo único que enseñaban era cómo desenvolverse en el mundo jurídico para asegurar rentabilidad.
Al mismo tiempo, actuaban con sesgo personal, dejando que sus preferencias influyeran en sus evaluaciones, truncando los objetivos de algunos y corrompiendo el futuro profesional de quienes decidían quedarse.
Lo que vi me decepcionó profundamente. Fue eso lo que me hizo dejar la carrera. Comprendí que no se estaba formando a juristas comprometidos con la justicia, sino a simples prestadores de servicios legales. Y eso, en una región tan golpeada por la desigualdad, es un error gravísimo.
Aquí es donde se debe hacer una reflexión seria: ¿quiénes están formando a los futuros abogados? ¿Qué tipo de profesional del derecho queremos en Rancagua? Si desde la formación universitaria no se inculca el valor de la justicia como bien social, entonces todo el sistema sigue reproduciendo las mismas falencias de siempre.
No es casual que tanta gente en O’Higgins se sienta frustrada. Casos donde el poder económico o político logran evitar sanciones, mientras que la gente común enfrenta penas durísimas por delitos menores, son parte del día a día. Esto genera rabia, impotencia, y sobre todo, una enorme desconfianza en el sistema.
La justicia, cuando no es percibida como justa, pierde toda legitimidad. Y en Rancagua eso ya está ocurriendo. Basta con hablar con la gente en la calle para ver que ya no creen en los jueces, ni en los fiscales, ni en que denunciar valga la pena. Porque muchas veces, simplemente, no pasa nada.
Mientras Rancagua concentra la mayoría de los recursos judiciales de la región, otras comunas quedan rezagadas. Muchas personas deben viajar horas, hacer filas interminables, o esperar meses para recibir una respuesta judicial. Esta centralización también es una forma de injusticia: si el acceso no es equitativo, entonces no estamos hablando de justicia real, sino de una estructura que excluye sistemáticamente a los más vulnerables.
Rancagua necesita justicia de verdad, no solo como palabra bonita en un discurso, sino como práctica concreta en la vida de las personas. Y para eso, es urgente cuestionar desde la base: cómo se está formando a los abogados en nuestra región. Si en las aulas universitarias solo se enseña a facturar, si los docentes están más preocupados del mercado que del derecho, entonces no hay nada que esperar de un futuro mejor. Estamos condenados a repetir los mismos errores.
Es hora de exigir una reforma profunda, que parta por lo más básico: formar profesionales del derecho que crean en la justicia, la defiendan, y estén dispuestos a servir, no solo a cobrar.
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