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PODER JUDICIAL

TOP DE SAN FERNANDO CONDENA A 7 AÑOS DE PRESIDIO A AUTOR DE HOMICIDIO

Juzgado de Garantia y TOP San FernandoJPG

 


 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a José Gerardo Pavez Mora a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en febrero del año pasado, en la comuna.

 

En fallo unánime (causa rol 57-2021), el tribunal –integrado por los magistrados Carlos Pérez Díaz (presidente), Marcela Yáñez Cabello y Marisol López Machuca (redactora)– aplicó, además, a Pavez Mora las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas de la causa.

 

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, “que el día 08 de febrero de 2020, alrededor de las 13.30 horas, al interior del domicilio ubicado en Sierras de Bellavista s/n, de la comuna de San Fernando, el que corresponde al domicilio de parientes de la víctima Jorge Matías Álamos Marín, se apersonó en dicho lugar el acusado José Gerardo Pavez Mora, quien, luego de compartir con un grupo de personas en el patio del inmueble, sin mediar provocación y provisto de un arma cortopunzante, propinó al ofendido Álamos Marín una puñalada penetrante que lo hirió en la zona abdominal, ocasionando que éste falleciera”.

TOP DE RANCAGUA CONDENA A PENAS EFECTIVAS A AUTORES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS

Top Rancagua 7

 


 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Patricio Escobar Oliva a la pena de 7 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y a Dimas Ortiz Perafam, José Augusto Angulo Sevillano, Guillermo Zuluaga Cardona, Eliseo Colorado Ruiz, Gustavo Castro Cuero, Gustavo Angulo Quintero, Juan Manuel Torres Cisternas y Sergio Godoy Valdivia a la pena de seis años de presidio efectivo como autores del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Hechos registrados en noviembre de 2019, en la comuna de Coquimbo.

 

En fallo unánime (causa rol 138-2021), el tribunal –integrado por los magistrados César Torres Mesías (presidente), Óscar Castro Allendes y Romina Munro Rivano (redactora)– aplicó, además, a los sentenciados las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

 

El tribunal condenó, además, a los nueve sentenciados, a pagar cada uno y de manera individual cuarenta (40) Unidades Tributarias Mensuales, suma que deberá ser depositada a nombre del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en la cuenta corriente de dicha institución.

 

El tribunal accedió al comiso de las especies incautadas: droga, una lancha Bismarck, aparatos de comunicación, una camioneta Ford, modelo F150 y el vehículo Kia Motors, modelo Cerato.

 

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, “que un sujeto apodado ‘El Bro’, individualizado como Juan Manuel Torres Cisternas, ejecutaba acciones para internar droga al país por vía marítima. Para tal propósito, se contactó también con Patricio Escobar Oliva y Sergio Godoy Valdivia, apodados ´El Pato´ y el ´Checho´, respectivamente, para que éstos realizaran las gestiones de logística necesarias para recibir la droga, y con tal objeto, procedieron a la compra de bidones, combustible, teléfonos satelitales, un navegador, radios portátiles, una camioneta Ford F-150, un motor y una lancha (que denominaron Bismark).”

 

La lancha Bismark zarpó desde la caleta de Guayacán de Coquimbo, el día 15 de noviembre de 2019, se desplazó 70 millas náuticas hacia alta mar, se mantuvo en esa posición por cuatro horas aproximadamente, en espera de hacer contacto con una embarcación, denominada Dulce María I, que venía desde Colombia con droga en su interior. Posteriormente, previa autorización judicial, se allanó el domicilio ubicado en Villa Torreones, pasaje la Proyectada N° 1027, comuna de Coquimbo, donde se encontró un papel con coordenadas marítimas muy precisas. Ellas permitieron a los funcionarios de la Armada encontrar la embarcación Dulce María I e incautar un total de 4.272 kilos y 796,9 gramos de marihuana tipo “crippy”.

 

“A su vez, se estableció que la nave, proveniente de Colombia, era tripulada por los ciudadanos colombianos: Dimas Ortiz Perafam, José Augusto Angulo Sevillano, Guillermo Zuluaga Cardona, Eliseo Colorado Ruiz, Gustavo Castro Puero, Gustavo Angulo Quintero, quienes trasladan el cargamento de droga para entregarlo en las costas chilenas. La naturaleza de las sustancia vegetal era tetradidrocannabinol”, concluye el fallo.

NUEVOS ABOGADOS PRESTARON JURAMENTO DESDE LA CORTE DE RANCAGUA 

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Desde la Corte de Apelaciones de Rancagua y de manera virtual, cinco licenciados en Derecho con residencia en la Región de O’Higgins (cuatro de la capital regional y uno de San Fernando) juraron como nuevos abogados. 

 

Tomando todos los resguardos debido a la pandemia, la Corte de Rancagua se conectó vía videoconferencia con la Corte Suprema para desarrollar, de esta manera, la solemne ceremonia.

Los nuevos abogados son: Miriam Duarte, de la Universidad La República; Ana María Poblete y Alejandra Salazar de la Universidad de Aconcagua; Matías González, de la Universidad Central y Pablo Valenzuela, de la Universidad Andrés Bello.

“Es muy importante que los juramento se puedan realizar en regiones producto la pandemia que afecta al país y tan bien es relevante que se vayan sumando nuevos colegas que ojalá tengan la mejor formación para que sean una contribución al desarrollo de defensa de todos los ciudadanos”, señaló la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcela de Orúe.

JUEZ DE LETRAS TOMA JURAMENTO DE NUEVA CONSERVADORA Y NOTARIA DE PICHILEMU

JUEZ DE LETRAS TOMA JURAMENTO DE NUEVA CONSERVADORA Y NOTARIA DE PICHILEMU

 


 

El juez presidente del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pichilemu, Victor Sánchez Gutiérrez; tomó juramento a la abogada Isabel Chadwick Vergara en el cargo de conservadora, notaria y archivero judicial de la comuna.

 

“Me abocaré a desempeñar mis funciones con mucho apego  a las disposiciones legales, pero también con una gran entrega a la comunidad”, indicó Chadwick Vergara, quien anteriormente se desempeñaba como notaria en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

 

Los y las notarias son cargos designados por el Presidente de la República, previa propuesta en terna por la Corte de Apelaciones respectiva.

JUEZ DEL TOP DE RANCAGUA DICTA CHARLA A ALUMNOS DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS

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El juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua, Joaquín Nilo, dictó una charla sobre el sistema penal en el país a los alumnos de primer año de la carrera de derecho de la Universidad de O’Higgins (UOH).

 

“Fue muy grato de estar con la sabia nueva, con los alumnos de primer año y poder traspasar la experiencia tanto profesional como académica y alentar a las nuevas generaciones para que puedan tener una nueva forma de ver el derecho y que sean actores vivenciales de los cambios futuros”, señaló el magistrado. 

 

Agregó que “en lo puntual conversamos acerca del funcionamiento y las diferencias  de los juzgados de garantía y de los TOP y en general del sistema penal en Chile”.

 

En la charla, que se desarrolló de manera virtual, estuvieron presentes más de 90 alumnos de primer año de Derecho, quienes le realizaron diferentes consultas jurídicas y del ámbito penal al invitado. 

 

El jefe de la carrera (s), Marcelo Acuña, en  nombre de la universidad, valoró la presencia del representante del Poder Judicial: “Fue muy grato tener la presencia virtual de un juez muy destacado y quien también es docente de tercer año de nuestra carrera de derecho”.

RANCAGUA: COMISIÓN DE  ÓRDENES DE BÚSQUEDA Y RECOGIMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REALIZÓ SEGUNDA SESIÓN DEL AÑO

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Con la presencia de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcela de Orúe,  se realizó la segunda reunión del año –de manera virtual- de la comisión jurisdiccional de órdenes de búsqueda y recogimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). 

Dentro de los acuerdos que se lograron en la reunión están: Añadir a la planilla de registro y seguimiento de NNA con órdenes de búsqueda el antecedente relativo a la fecha de la primera orden, además de la especificación de la unidad policial o comisaría a cargo de diligenciar la respectiva orden. Todo esto, con el propósito de favorecer el análisis de la situación de los NNA en las sesiones de la comisión.  

Asimismo, la Seremía de Desarrollo Social y Familia comprometió el envío de la nómina de NNA con órdenes a búsqueda al programa Noche Digna, a fin de favorecer su ubicación.

“Esta comisión es muy relevante ya que es una situación muy compleja para una familia que un niño o menor de edad no se encuentre al cuidado de un adulto y por aquello que el Poder Judicial ha desplegado bastante acciones tendientes a superar y evitar esta situación y en casos en que se den,  activar redes que permitan la ubicación lo más pronto posible”, señaló la presidenta de la Corte de Apelaciones, Marcela de Orúe.

Esta comisión, que sesiona desde 2019, tiene por objetivo efectuar la revisión periódica de los NNA que se encuentran con órdenes de búsqueda y que han sido decretadas por los Juzgados con competencia en familia de la región, impulsando acciones que beneficien la ubicación de los NNA, el resguardo de sus derechos y el cumplimiento de sus medidas de protección. 

Conforman la comisión, además de la Corte de Apelaciones, representantes de juzgados de Familia de la jurisdicción, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Sename, Fiscalía, Defensoría de los Derechos de la Niñez, Carabineros, PDI y el Programa Mi Abogado. 

TOP DE RANCAGUA ABSUELVE A ACUSADO POR TRÁFICO DE DROGAS Y TENENCIA DE ARMA Y MUNICIONES POR PRESENTACIÓN DE PRUEBA ILÍCITA

Top Rancagua 7

 


 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua decretó la absolución de René Arturo Retamal Burgos de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público, que lo sindicaba como autor de los delitos de tráfico de sustancia estupefacientes, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. Ilícitos que habría perpetrado en enero del año pasado, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

En fallo unánime (causa rol 421-2020), el tribunal –integrado por los magistrados Paola González López (presidenta), César Torres Mesías y Fernando Feliú Correa (redactor)– estableció que en la especie las pruebas allegadas al proceso son ilícitas, al haberse obtenido a partir de una actuación intrusiva en un domicilio particular que no contó con autorización judicial.

En la resolución absolutoria, el tribunal consigna que la prueba de cargo nace de la declaración de un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien, siguiendo una instrucción del Ministerio Público, decidió sin autorización de ninguna especie, vigilar un domicilio privado, ubicado al interior de un loteo de parcelas privado, mediante la utilización de un sistema de grabación de alta fidelidad, que le permitió observar detalladamente lo que ocurría a casi 500 metros de distancia.

Para el tribunal “(…) el hecho de que el testigo, haya adoptado el procedimiento de vigilancia desde un lugar en altura de carácter público, no es suficiente para tener por configurada una justificación para que desde dicho lugar, procediera mediante la utilización de elementos tecnológicos, a observar y grabar el desarrollo de la vida privada del acusado”. 

En este sentido, la resolución recuerda que, recientemente, se ha pronunciado el Tribunal Oral en lo Penal de Santa Cruz y la Corte de Apelaciones de Rancagua, “en orden a entender que la acción de obtener imágenes de un lugar privado debe ser autorizado por un juez de Garantía, lo que en la especie no se verificó”.

“Que, en ese sentido, observando lo dispuesto en el artículo 205, y en especial en el artículo 226 se advierte que el Ministerio Público, debió contar con la autorización judicial, para materializar este acto investigativo, y al no hacerlo vulneró la ley, y junto con ello, atacó las garantías fundamentales del imputado, e incluso de su familia, ya que se advierte en la grabación a niños que habitaban el lugar”, añade la resolución.

“(…) de esta forma, el resto de la prueba rendida en juicio de nada sirve, ya que tiene como origen una diligencia que ha de ser considerada ilícita, por haber sido obtenida con inobservancia de derechos fundamentales, y toda el resto de ella se sigue de la misma, no pudiendo encontrarse una fuente independiente de información que permita arribar a una decisión más allá de toda duda razonable en contra del encartado”, concluye. 

Pese a la sentencia absolutoria, el tribunal ordenó que se dé “aplicación a lo dispuesto en el inciso final del artículo 470 del Código Procesal Penal, teniendo por suficiente las alegaciones que al efecto realizó el Ministerio Público para obtener el comiso de las drogas, y junto con ello del arma y las municiones incautadas, observando para aquello también lo dispuesto en el artículo art. 15 ley 17.798, es decir, remitiendo éstas últimas, a los Arsenales de Guerra o bien, al Depósito Central de Armas de Carabineros de Chile según corresponda”.