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PODER JUDICIAL

JUECES Y JUEZAS DE  FAMILIA DE LA JURISDICCIÓN RANCAGUA Y DE LA ZONA CENTRO SUR DEL PAÍS VALORAN POSIBILIDAD DE MONITOREO ELECTRÓNICO

JUECES Y JUEZAS DE FAMILIA DE LA JURISDICCIÓN RANCAGUA Y DE LA ZONA CENTRO 2

Ley 21.378: Agresores en casos de violencia intrafamiliar


 

Más de 130 representantes de juzgados de Familia de las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán y Temuco participaron en una charla dictada por profesionales de Gendarmería destinada a conocer detalles del funcionamiento operativo del sistema de monitoreo telemático en el marco de las medidas cautelares dictadas por violencia intrafamiliar, actividad de capacitación organizada por la mesa técnica que encabeza la ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich.

 

En el encuentro, que se desarrolló de manera telemática, la ministra Chevesich recordó que la entrada en vigencia de la Ley 21.378 permitirá generar un mecanismo tecnológico para supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento a las víctimas, al domicilio o lugar de trabajo o estudio, decretadas por los tribunales de Familia en causas en los que se han denunciado hechos constitutivos de violencia intrafamiliar.

 

JUECES Y JUEZAS DE FAMILIA DE LA JURISDICCIÓN RANCAGUA Y DE LA ZONA CENTRO 1

 

“Si bien esto constituye un avance en los mecanismos que existen para resguardar con mayor eficacia la vida y la integridad física y psíquica de la mujer de la mujer en riesgo, no resuelve el problema de fondo, toda vez que para prevenir y erradicar la conducta del agresor u ofensor se debe realizar un trabajo más profundo que requiere políticas públicas cohesionadas, visionarias e integradoras que permitan abordar la problemática de la violencia de género con un sentido de comprensión más amplio, ya que hay que hay romper estigmas, creencias y una historia central muy arraigada en el género por lo que es iluso pretender que se puede solucionar simplemente con leyes”, aseguró.

 


 

Charla

 

La capacitación fue dictada por Andrea Sifri Espoz, jefa de Departamento de Monitoreo Telemático de Gendarmería y Cristian Savelli Lara, jefe de la sección Administrativa y Técnica de esa repartición, quienes expusieron a jueces y juezas de Familia detalles prácticos del sistema de monitoreo, que considera la instalación de un tobillera electrónica al agresor y la entrega de un dispositivo de control de monitoreo telemático para la protección de la víctima.

 

Para la jueza Carolina Muñoz del Juzgado de Familia de Curicó la capacitación permitió visualizar en la práctica cómo será la operatividad del sistema de control y “se realizó énfasis en la información que el tribunal debe incorporar en las resoluciones para requerir el informe de factibilidad. En cuanto a la aplicación del brazalete telemático se percibe como positiva pues es un avance en la efectivización del derecho de las víctimas a la protección”.

 

En tanto, el juez del Juzgado de Familia de Rancagua, Carlos Sánchez, expresó que " pudimos conocer aspectos técnicos de la supervisión telemática, entre ellos, el concepto y qué comprende el informe de factibilidad técnica emitido por Gerdarmería, el flujo de control de monitoreo telemático y la existencia de zonas de inclusión y de exclusión, entre otros"

 

A su vez, la   jueza presidenta del 3° Juzgado de Familia de Santiago, Paz Pérez  destacó que la actividad “constituye una forma notable de lograr una adecuada implementación de la ley 21.378 sobre monitoreo telemático. Hay un enorme esfuerzo de coordinación lo cual es fundamental para que se cumpla con el objetivo”.

 


 

Protección a las víctimas

 

La jueza del Juzgado de Familia Angol - Mónica Toledo indica que “la implementación del  monitoreo telemático permite asegurar el cumplimiento  de una medida cautelar, dando mayor protección a la víctima de VIF. En la capacitación se abordaron aspectos prácticos, reglamentarios y de procedimiento en  la instalación del monitoreo,  siendo una instancia para aclarar dudas y escuchar las opiniones de colegas y de Gendarmería. Me pareció  una muy buena oportunidad para conocer de este método que no había sido incorporado antes en la jurisdicción  de Familia”. 

 


 

Desafíos y su aplicación

 

Para la jueza del Juzgado de Familia de  Chillán, Débora Riquelme “sin duda que se presentaran dificultades no previstas durante su implementación, pero eso es parte de lo esperado. En cuanto a capacitación, fue muy didáctica, completa y útil para ilustrar el trabajo realizado por Gendarmería en lo que a monitoreo telemático se refiere. Se agradecen instancias en que otras instituciones puedan aportar información útil para nuestro trabajo y así ayudarnos entre órganos públicos para siempre mejorar el servicio".

 

Finalmente la jueza María Soledad Parada Garay, del Juzgado de Familia de Peñaflor agrega que “su entrada en vigencia ha generado ciertamente, un tremendo desafío para quienes integramos el sistema de justicia, dada la necesidad de capacitarnos de inmediato y adecuadamente y por otra parte, al exigirnos nuevas formas de comunicación interinstitucional y la coordinada ejecución de la labor de los Juzgados de Familia y de los tribunales en materia penal, con Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público en el seguimiento de casos, para procurar finalmente el efectivo y eficiente control de las referidas medidas cautelares. Estimo importante integrar en los próximos encuentros también a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, para conocer las medidas que dichas instituciones están adoptando para implementar esta nueva normativa”.

PODER JUDICIAL NOMBRA A EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA CON EL NOMBRE DE  “CARLOS ARÁNGUIZ ZÚÑIGA”

PODER JUDICIAL NOMBRA A EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA CON EL NOMBRE DE CARLOS ARÁNGUIZ ZÚÑIGA


 

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, encabezó la ceremonia en la que se nombró como edificio “Carlos Aranguiz Zúñiga” al inmueble que alberga la Corte de Apelaciones de Rancagua, en homenaje al fallecido ministro.

 

En la actividad participaron ministros y ministras de la Corte Suprema; la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcela de Orúe; el pleno de ministros del tribunal de alzada, funcionarios y familiares del ministro Aránguiz.

La autoridad, fallecida en enero de este año, asumió como integrante de la Corte de Apelaciones de Rancagua el 24 de noviembre de 2000 y estuvo en esa ciudad hasta enero del 2014, cuando asumió en la Corte Suprema.

 

PODER JUDICIAL NOMBRA A EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA CON EL NOMBRE DE CARLOS ARÁNGUIZ ZÚÑIGA 2

 

En su discurso, el presidente Silva destacó “en esta ceremonia, y mediante estos actos solemnes, lo que intentamos y queremos es mantener viva la memoria, preservando el recuerdo de quien fue un importante miembro de este tribunal, de un padre, de un marido, de un amigo, de un colega, en fin, de una persona que dedicó su vida al derecho, que vibró por medio de las palabras, y que declaró su amor por la escritura, a través de la narración y la poesía. Sin perjuicio de sus contribuciones jurídicas en las labores propias del servicio judicial en su calidad de juez, fiscal y ministro, no se puede pasar por alto su gran labor realizada en el marco de la incorporación de lenguaje sencillo al quehacer judicial y a las resoluciones judiciales, como una forma concreta de acercar la justicia a la ciudadanía, liderando la Comisión de Lenguaje Claro”.

 

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La presidenta de Orúe aseguró que “don Carlos fue una persona relevante para esta corte y para todo el Poder Judicial. Dejó un importante legado y fue muy visionario. Desde muy temprano dio la importancia de no usar un lenguaje tan técnico que no fuera entendido por la comunidad y en ese sentido fue poco a poco insistiendo y de a poco fue calando hondo en todo el Poder Judicial y hoy estamos en una política de lenguaje y redacción de sentencias claras y comprensibles”.

 

En representación de la familia tomó la  palabra Ignacio Aránguiz, hijo del fallecido ministro.   “Ha sido muy emocionante este homenaje. Él fue un enamorado de esta ciudad y si bien trabajó en muchas regiones, acá fue donde vivió por mas años. Como familia es hermoso ver el cariño y el legado y recuerdo que nuestro padre dejó como juez y como persona”.

 

La ceremonia comenzó en el auditorio del tribunal de alzada y finalizó en la explanada principal, lugar en que se develó una placa con el nombre del ministro Carlos Aránguiz. 

TOP DE RANCAGUA CONDENA A PENAS EFECTIVAS A AUTORES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Patricio Escobar Oliva a la pena de 7 años de presidio efectivo en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y a Dimas Ortiz Perafam, José Augusto Angulo Sevillano, Guillermo Zuluaga Cardona, Eliseo Colorado Ruiz, Gustavo Castro Cuero, Gustavo Angulo Quintero, Juan Manuel Torres Cisternas y Sergio Godoy Valdivia a la pena de seis años de presidio efectivo como autores del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Hechos registrados en noviembre de 2019, en la comuna de Coquimbo.

 

En fallo unánime (causa rol 138-2021), el tribunal –integrado por los magistrados César Torres Mesías (presidente), Óscar Castro Allendes y Romina Munro Rivano (redactora)– aplicó, además, a los sentenciados las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

 

El tribunal condenó, además, a los nueve sentenciados, a pagar cada uno y de manera individual cuarenta (40) Unidades Tributarias Mensuales, suma que deberá ser depositada a nombre del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en la cuenta corriente de dicha institución.

 

El tribunal accedió al comiso de las especies incautadas: droga, una lancha Bismarck, aparatos de comunicación, una camioneta Ford, modelo F150 y el vehículo Kia Motors, modelo Cerato.

 

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, “que un sujeto apodado ‘El Bro’, individualizado como Juan Manuel Torres Cisternas, ejecutaba acciones para internar droga al país por vía marítima. Para tal propósito, se contactó también con Patricio Escobar Oliva y Sergio Godoy Valdivia, apodados ´El Pato´ y el ´Checho´, respectivamente, para que éstos realizaran las gestiones de logística necesarias para recibir la droga, y con tal objeto, procedieron a la compra de bidones, combustible, teléfonos satelitales, un navegador, radios portátiles, una camioneta Ford F-150, un motor y una lancha (que denominaron Bismark).”

 

La lancha Bismark zarpó desde la caleta de Guayacán de Coquimbo, el día 15 de noviembre de 2019, se desplazó 70 millas náuticas hacia alta mar, se mantuvo en esa posición por cuatro horas aproximadamente, en espera de hacer contacto con una embarcación, denominada Dulce María I, que venía desde Colombia con droga en su interior. Posteriormente, previa autorización judicial, se allanó el domicilio ubicado en Villa Torreones, pasaje la Proyectada N° 1027, comuna de Coquimbo, donde se encontró un papel con coordenadas marítimas muy precisas. Ellas permitieron a los funcionarios de la Armada encontrar la embarcación Dulce María I e incautar un total de 4.272 kilos y 796,9 gramos de marihuana tipo “crippy”.

 

“A su vez, se estableció que la nave, proveniente de Colombia, era tripulada por los ciudadanos colombianos: Dimas Ortiz Perafam, José Augusto Angulo Sevillano, Guillermo Zuluaga Cardona, Eliseo Colorado Ruiz, Gustavo Castro Puero, Gustavo Angulo Quintero, quienes trasladan el cargamento de droga para entregarlo en las costas chilenas. La naturaleza de las sustancia vegetal era tetradidrocannabinol”, concluye el fallo.

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SAN FERNANDO RECIBIÓ SELLO COVID-19

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SAN FERNANDO RECIBIÓ SELLO COVID 19

 


 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando recibió el Sello Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), que acredita que cumple la totalidad de las recomendaciones para un trabajo seguro frente a la pandemia.

 

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SAN FERNANDO RECIBIÓ SELLO COVID 19 a

 

En la actividad, que se realizó el pasado 19 de noviembre en dependencias del tribunal, el experto en prevención de la ACHS, Roberto Moraga, hizo entrega del distintivo a la jueza presidenta (s), Marisol López y al administrador, Sergio Jorquera.

 

“Dicho reconocimiento implica que se han implementado todas y cada una de las recomendaciones a nivel nacional e internacional que la ACHS ha dispuesto aconsejables para trabajar y disminuir al máximo los riesgos de contagio al interior del tribunal y garantizar así el mayor bienestar para todos quienes trabajamos en él y también para los usuarios que a diario deben concurrir a las dependencias”, señaló la magistrada Marisol López.

 

La jueza también reconoció el trabajo del administrador del tribunal, Sergio Jorquera, ya que “él estuvo a cargo del levantamiento de cada una de las medidas implementadas”.

 

El TOP de San Fernando es el primer tribunal de la región en obtener el Sello Covid-19.

JUEZ DE LETRAS TOMA JURAMENTO DE NUEVA CONSERVADORA Y NOTARIA DE PICHILEMU

JUEZ DE LETRAS TOMA JURAMENTO DE NUEVA CONSERVADORA Y NOTARIA DE PICHILEMU

 


 

El juez presidente del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pichilemu, Victor Sánchez Gutiérrez; tomó juramento a la abogada Isabel Chadwick Vergara en el cargo de conservadora, notaria y archivero judicial de la comuna.

 

“Me abocaré a desempeñar mis funciones con mucho apego  a las disposiciones legales, pero también con una gran entrega a la comunidad”, indicó Chadwick Vergara, quien anteriormente se desempeñaba como notaria en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

 

Los y las notarias son cargos designados por el Presidente de la República, previa propuesta en terna por la Corte de Apelaciones respectiva.

TOP DE SAN FERNANDO CONDENA A 7 AÑOS DE PRESIDIO A AUTOR DE HOMICIDIO

Juzgado de Garantia y TOP San FernandoJPG

 


 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a José Gerardo Pavez Mora a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en febrero del año pasado, en la comuna.

 

En fallo unánime (causa rol 57-2021), el tribunal –integrado por los magistrados Carlos Pérez Díaz (presidente), Marcela Yáñez Cabello y Marisol López Machuca (redactora)– aplicó, además, a Pavez Mora las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas de la causa.

 

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, “que el día 08 de febrero de 2020, alrededor de las 13.30 horas, al interior del domicilio ubicado en Sierras de Bellavista s/n, de la comuna de San Fernando, el que corresponde al domicilio de parientes de la víctima Jorge Matías Álamos Marín, se apersonó en dicho lugar el acusado José Gerardo Pavez Mora, quien, luego de compartir con un grupo de personas en el patio del inmueble, sin mediar provocación y provisto de un arma cortopunzante, propinó al ofendido Álamos Marín una puñalada penetrante que lo hirió en la zona abdominal, ocasionando que éste falleciera”.

RANCAGUA: COMISIÓN DE  ÓRDENES DE BÚSQUEDA Y RECOGIMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REALIZÓ SEGUNDA SESIÓN DEL AÑO

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Con la presencia de la presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcela de Orúe,  se realizó la segunda reunión del año –de manera virtual- de la comisión jurisdiccional de órdenes de búsqueda y recogimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). 

Dentro de los acuerdos que se lograron en la reunión están: Añadir a la planilla de registro y seguimiento de NNA con órdenes de búsqueda el antecedente relativo a la fecha de la primera orden, además de la especificación de la unidad policial o comisaría a cargo de diligenciar la respectiva orden. Todo esto, con el propósito de favorecer el análisis de la situación de los NNA en las sesiones de la comisión.  

Asimismo, la Seremía de Desarrollo Social y Familia comprometió el envío de la nómina de NNA con órdenes a búsqueda al programa Noche Digna, a fin de favorecer su ubicación.

“Esta comisión es muy relevante ya que es una situación muy compleja para una familia que un niño o menor de edad no se encuentre al cuidado de un adulto y por aquello que el Poder Judicial ha desplegado bastante acciones tendientes a superar y evitar esta situación y en casos en que se den,  activar redes que permitan la ubicación lo más pronto posible”, señaló la presidenta de la Corte de Apelaciones, Marcela de Orúe.

Esta comisión, que sesiona desde 2019, tiene por objetivo efectuar la revisión periódica de los NNA que se encuentran con órdenes de búsqueda y que han sido decretadas por los Juzgados con competencia en familia de la región, impulsando acciones que beneficien la ubicación de los NNA, el resguardo de sus derechos y el cumplimiento de sus medidas de protección. 

Conforman la comisión, además de la Corte de Apelaciones, representantes de juzgados de Familia de la jurisdicción, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Sename, Fiscalía, Defensoría de los Derechos de la Niñez, Carabineros, PDI y el Programa Mi Abogado.