El embargo de cuentas por $781 millones abre una disputa que va mucho más allá de una aerolínea y 42 multas. Migraciones dice que actuó conforme a la ley.

JetSMART sostiene que las sanciones siguen siendo discutidas ante los tribunales.

Y en medio queda una pregunta incómoda: ¿cuándo una sanción administrativa deja de ser una acusación y se transforma definitivamente en una deuda?

Estado decidió pasar de la sanción al embargo, mientras la empresa sancionada sostiene que todavía existe una discusión judicial pendiente.

La pregunta no es menor, el miércoles 26 de agosto, el Servicio Nacional de Migraciones concretó el embargo de cuentas corrientes de JetSMART, luego de acumular 42 multas cursadas entre 2023 y 2025 por un total de $781.422.879, equivalentes a 10.820 UTM. Según Migraciones, las infracciones corresponden principalmente al traslado hacia Chile de extranjeros que no contaban con la documentación exigida para ingresar al país y, en otros casos, a la falta de entrega de nóminas de pasajeros.

Hasta ahí, podría parecer simplemente otro caso de una empresa que no pagó y terminó enfrentando las consecuencias.

Pero aparece el segundo capítulo.

JetSMART salió a responder y sostuvo que las multas están siendo controvertidas ante los tribunales. La compañía además rechazó que se trate de situaciones de “transporte ilegal de personas” y afirmó que parte de la controversia se relaciona con información requerida por la autoridad migratoria. También precisó que el embargo es una medida acotada a aproximadamente $780 millones y que no corresponde a un embargo general de sus cuentas ni afecta materialmente sus operaciones.

Y aquí comienza lo verdaderamente interesante.

Porque cuando una institución pública comunica que “la justicia nos ha dado la razón”, mientras la contraparte sostiene que existen procesos todavía pendientes, ya no estamos solamente frente a una disputa entre una aerolínea y Migraciones.

Estamos frente a una pregunta sobre cómo funciona el poder administrativo cuando se enfrenta al poder judicial.

Una pregunta que Chile debería hacerse con bastante menos comodidad.

¿CUÁNDO UNA MULTA ES DEFINITIVA?

Migraciones sostiene que los procedimientos sancionatorios concluyeron, que JetSMART tuvo la posibilidad de presentar sus descargos y que estos no lograron desvirtuar los hechos.

JetSMART, en cambio, afirma que las sanciones se encuentran judicializadas y que una de ellas incluso fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, decisión que posteriormente fue recurrida por Migraciones ante la Corte Suprema.

No hace falta tomar partido para advertir la tensión.

Dos instituciones pueden estar hablando del mismo expediente y, sin embargo, contar dos historias completamente distintas sobre su estado jurídico.

Y ahí aparece el ciudadano.

Porque para una persona común, una multa es una multa. Un embargo es un embargo. Una resolución judicial es una resolución judicial.

Pero cuando el lenguaje institucional comienza a llenarse de procedimientos, excepciones, recursos, medidas cautelares y causas pendientes, ¿quién tiene realmente la capacidad de entender en qué momento una decisión administrativa se transforma en una obligación jurídicamente incuestionable?

EL CASO JETSMART NO TERMINA EN JETSMART

Hay otro dato que merece atención.

El director de Migraciones señaló que existen 25 aerolíneas con multas, que en conjunto alcanzarían 1.404 infracciones, y que el organismo se encuentra litigando esos casos.

Entonces JetSMART deja de ser solamente el nombre de una empresa que aparece hoy en las noticias.

Puede ser el primer caso visible de una política de fiscalización mucho más amplia.

Y eso cambia la dimensión del asunto.

Porque si el Estado está endureciendo su posición frente a las aerolíneas que incumplen la normativa migratoria, la pregunta siguiente es bastante sencilla:

¿Estamos viendo simplemente el cobro de multas pendientes o el comienzo de una nueva etapa en la forma en que el Estado está ejerciendo su poder fiscalizador?

La respuesta todavía no está completamente escrita.

Y quizá precisamente por eso vale la pena mirar el caso, no para defender a JetSMART, no para defender a Migraciones.

Sino para observar algo bastante más importante: qué ocurre cuando el poder administrativo decide cobrar, la empresa decide defenderse y los tribunales todavía tienen algo que decir.

Porque en una democracia, la fuerza del Estado no debería medirse solamente por su capacidad de embargar.

También debería medirse por su capacidad de demostrar, explicar y someter sus decisiones al escrutinio de la justicia.

Ahí, quizás, está la verdadera noticia.